Peinado, desatado: cuando un juez compara a Begoña Gómez con narcos para sostener una causa política 

La retirada del pasaporte a la esposa del presidente se apoya en una arquitectura judicial tan desproporcionada que ya parece más un manifiesto que un auto.

UN AUTO QUE BUSCA CORRUPCIÓN CON LUPA Y ENCUENTRA LITERATURA JUDICIAL

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez a juicio y lo ha hecho con un auto de más de 80 folios que no solo acusa, sino que construye clima. La acusa de haber aprovechado su matrimonio con el presidente del Gobierno para progresar profesionalmente. La envía al banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La tesis central es que los tres habrían urdido un plan para mejorar la carrera de Gómez mediante dos másteres, una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, su trabajo en el África Center del IE y supuestos favores en contrataciones públicas para Barrabés.

Hasta ahí, el relato judicial. Luego viene la parte grotesca.

Porque para sostener esa acusación, Peinado se agarra a referencias que pertenecen a otra escala penal, política y moral. Cita condenas de Jaume Matas, el caso Invercaria, una pieza separada de los ERE de Andalucía e incluso un procedimiento contra una organización dedicada presuntamente a introducir en España grandes cantidades de cocaína camuflada como café tostado. Sí. Para justificar medidas contra Begoña Gómez, el juez recuerda un caso de narcotráfico que él mismo instruyó.

El problema no es solo jurídico. Es de proporción democrática. Cuando una instrucción necesita mirar hacia un expresident balear condenado por amañar una obra pública de casi 780 millones de euros, hacia ayudas irregulares por 8,5 millones, hacia préstamos públicos de 100.000 euros sin control, o hacia narcos con cocaína escondida en café, quizá el problema no está en la investigada. Quizá está en el empeño.

Peinado cita el caso Son Espases, una de las últimas condenas firmes contra Jaume Matas: 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación por el intento de amaño de la adjudicación del hospital de Son Espases en Balears a OHL. Hablamos de un político con una decena de condenas vinculadas a corrupción. Hablamos del caso Nóos, del Palma Arena, de sobornos, de encargos ilegales, de un historial que dejó un rastro de cemento, facturas y degradación institucional. Y Peinado lo usa para apuntalar el supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez.

La comparación no es inocente. Cuando se invoca a Matas, se invoca una imagen de saqueo. Cuando se habla de Son Espases, se evoca una maquinaria de poder que manipuló adjudicaciones millonarias. Pero Gómez no era cargo público, no adjudicaba contratos, no tenía presupuesto público bajo su firma y, según los datos que el propio relato periodístico recuerda, ganó unos 4.000 euros al año durante su colaboración con la Complutense. Esa cifra debería estar en el centro. No como excusa, sino como medida de realidad.

También se omite u orilla que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó que hubiera delito en su fichaje por el IE. Se deja en segundo plano que ese mismo tribunal levantó la imputación del rector de la Complutense. Y se presenta como sospechoso lo de las cartas de apoyo firmadas por Gómez para una empresa de Barrabés, aunque esas cartas fueron suscritas en idéntico formato por distintas empresas e instituciones, incluida alguna dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Pero claro, eso enfría el relato. Y aquí parece que el relato necesita temperatura.

LA DESPROPORCIÓN COMO MÉTODO

El auto se conoció el sábado y la noticia fue actualizada el 23 de junio a las 05:30 h. Peinado no solo abre juicio oral. También impone cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer periódicamente en el juzgado cada 15 días. A Begoña Gómez se le aplica una lógica de sospecha máxima, como si estuviéramos ante una fugitiva en potencia y no ante una persona sometida a una investigación hiperexpuesta, escoltada, localizada y convertida desde hace meses en pieza central de una guerra política.

La parte más delirante llega cuando el juez sostiene que la escolta policial no garantiza que no vaya a fugarse, sino que incluso podría facilitar su desaparición. Es difícil escribirlo sin que parezca una caricatura. El Ministerio del Interior ha llevado esa afirmación al Consejo General del Poder Judicial, y la Comisión Permanente ha remitido el auto al Promotor de la Acción Disciplinaria por si Peinado hubiera incurrido en una infracción. No es un detalle menor. Cuando un juez sugiere que la policía puede servir de apoyo para una fuga sin aportar una base sólida, no está describiendo un riesgo: está fabricando una sombra.

La sombra sirve. Sirve para vestir de excepcionalidad una causa que ya nació en un terreno político contaminado. Sirve para convertir una investigación discutida en una escena de gravedad penal máxima. Sirve para que la esposa del presidente del Gobierno aparezca junto a palabras como Matas, ERE, Invercaria, narcotráfico, cocaína, fuga y regímenes absolutistas. Todo en el mismo paquete. Todo mezclado. Todo suficientemente turbio como para que la opinión pública no distinga hechos, insinuaciones y analogías interesadas.

Peinado llega a escribir que no existe un antecedente comparable al caso de Gómez y que las conductas que provienen de “palacios presidenciales” parecen propias de “regímenes absolutistas” ya olvidados. La frase es reveladora. No por lo que prueba, sino por lo que delata. Un auto judicial no debería sonar a columna de opinión con toga. No debería necesitar metáforas de palacio para sostener una acusación. No debería convertir una instrucción en un escenario de combate político.

La justicia no puede funcionar como una fábrica de titulares para la derecha mediática. Las y los jueces tienen un poder enorme precisamente porque pueden afectar la vida, la libertad y la reputación de las personas. Por eso se les exige algo más que voluntad persecutoria. Se les exige rigor. Se les exige proporción. Se les exige no confundir su intuición con una prueba ni su visión del mundo con el Código Penal.

En la malversación, el salto argumental también chirría. Gómez no es cargo público y no manejaba fondos públicos. Peinado, aun así, explora la vía de la inducción o la cooperación. Para eso cita Invercaria, donde el Supremo confirmó en 2022 una condena de 3 años y medio de cárcel por un préstamo irregular de 100.000 euros, y también una pieza de los ERE que confirmó 1 año y medio de cárcel para un exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra por ayudas irregulares de casi 8,5 millones de euros. Otra vez, la misma maniobra: traer grandes casos de corrupción para envolver un caso que no tiene la misma estructura, ni las mismas cifras, ni la misma posición institucional.

Y luego está el narco-café. A finales de 2024, Peinado envió a prisión sin fianza a varias personas acusadas de integrar una organización dedicada a introducir cocaína camuflada como café tostado. La Audiencia Provincial de Madrid avaló entonces la medida para evitar que siguieran traficando y por la apariencia de buen derecho. Ahora el juez usa ese antecedente para justificar cautelares contra Begoña Gómez, afirmando que puede ser condenada a más de 2 años de cárcel y que eso incrementaría su riesgo de fuga.

La comparación es brutal. Y no precisamente contra Gómez. Es brutal contra la imagen de una justicia serena. Poner en el mismo razonamiento cautelar a una mujer investigada por supuesta influencia vinculada a su actividad profesional y a una organización acusada de traficar con grandes cantidades de cocaína no es firmeza judicial. Es desmesura.

Hay una derecha que no necesita ganar todos los procesos. Le basta con ensuciar el trayecto. Le basta con que la acusación dure lo suficiente, que el ruido ocupe portadas, que las tertulias mastiquen el apellido Gómez durante meses y que el caso se convierta en una herramienta de desgaste contra el Gobierno. La justicia, cuando entra en ese juego, deja de parecer justicia y empieza a parecer munición.

Peinado está desatado. Y lo grave no es solo que un juez se desate. Lo grave es que el sistema permita que una causa pueda estirarse hasta parecer diseñada para alimentar una maquinaria política, mediática y judicial que ya no busca verdad, sino rendimiento.

Cuando la toga necesita compararte con narcos para sostener su relato, el problema ya no es la investigada: el problema es la toga.