El atestado de la Policía Nacional intenta convertir la agresión grabada a la profesora en un accidente administrativo. 

La víctima acabó con dos puntos de sutura, contusiones en tórax y mandíbula, y una versión oficial que insulta a la inteligencia.

CUANDO EL ATESTADO QUIERE TAPAR LO QUE VIERON LAS CÁMARAS

Hay veces en que el problema no es solo la violencia. Es la literatura posterior. Esa prosa burocrática que aparece después del golpe, cuando alguien intenta convertir una agresión por la espalda en una maniobra limpia, proporcional y casi inevitable. Pasó en València, durante la huelga educativa del 31 de mayo, y ahora vuelve a pasar sobre el papel. El atestado de la Policía Nacional sostiene que el antidisturbios que empujó por la espalda a una profesora “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. Mínima fuerza. Dos palabras pensadas para dormir expedientes. Dos palabras que chocan contra los vídeos, contra la barbilla abierta de la víctima, contra los dos puntos de sutura, contra las contusiones en el tórax y la mandíbula, y contra algo bastante incómodo para ciertas versiones oficiales: la realidad.

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, el informe fue elaborado en la madrugada del 1 de junio, apenas unas horas después de los hechos. A las 00.16, cuando las imágenes ya circulaban por redes sociales y medios de comunicación, la maquinaria del relato policial ya estaba funcionando. Y qué relato. Dice el atestado que la mujer sufrió una “caída accidental” causada por una “pérdida de equilibrio” cuando el agente intentó “apartarla” de la vía. La frase tiene mérito. Borra el empujón. Borra la espalda. Borra la carrera. Borra el cuerpo que cae. Borra la responsabilidad. Todo queda reducido a una especie de fenómeno físico inevitable, como si la profesora hubiera tropezado con la gravedad y no con un antidisturbios.

La versión policial no describe una agresión. La desinfecta. La pasa por el lenguaje del poder hasta dejarla irreconocible. Habla de “inercia de la carrera”, de “resultado no buscado ni pretendido”, de actuación “accidental y ajena a la finalidad perseguida”. El problema es que hay vídeos. Numerosos vídeos. Y los vídeos, por mucho que molesten, tienen la mala costumbre de no redactar atestados para justificarse.

Los hechos ocurrieron en la avenida de Pío XII de València. La concentración frente a la Conselleria de Educación estaba autorizada. Después, según la Policía, un grupo de personas se dirigió “en manifestación” hacia la avenida con la intención de cortar la circulación, en una acción no autorizada. El atestado habla de ruptura del cordón policial, de sentada, de peligro grave para manifestantes, agentes y conductores. Todo el repertorio habitual. El decorado perfecto para presentar la intervención como una necesidad, no como un abuso.

La profesora, según esa versión, estaba “en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida”. Pero los vídeos muestran otra cosa. Se la ve de espaldas a la carretera, caminando por la calzada, a varios metros de la acera. La Policía asegura también que desobedeció indicaciones “en reiteradas ocasiones”. Otra afirmación que, según lo conocido hasta ahora, no aparece reflejada en las imágenes difundidas. Y ahí empieza la grieta. Porque cuando un atestado necesita discutir con lo que todo el mundo ha visto, quizá el problema no lo tiene la ciudadanía. Quizá lo tiene el atestado.

LA LEY MORDAZA, EL CUERPO HERIDO Y LA IMPUNIDAD DE UNIFORME

La escena es vieja, demasiado vieja. Una protesta social. Una reivindicación educativa. Profesoras y profesores, familias, trabajadoras y trabajadores defendiendo servicios públicos frente al deterioro, los recortes y la arrogancia institucional. Y enfrente, una respuesta que trata la protesta como una anomalía a corregir. No como un derecho. No como democracia en movimiento. Como un estorbo.

La huelga educativa valenciana no pedía privilegios. Señalaba un modelo que maltrata la escuela pública mientras protege los intereses de siempre. Y cuando la calle molesta, aparece el músculo. No el diálogo. No la escucha. El músculo. Luego, si hay sangre, se redacta. Si hay vídeos, se matiza. Si hay indignación, se abre una investigación interna. Y si hay víctimas, se les convierte en parte del problema.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, calificó la situación de “inaceptable” y anunció una investigación interna. El agente fue apartado del dispositivo esa misma tarde. Bien. Pero no basta. Porque aquí no se juzga solo un empujón concreto, aunque ese empujón importe. Se juzga una cultura institucional que demasiadas veces protege antes al uniforme que a la persona herida. Se juzga esa tendencia obscena a escribir informes como escudos. Se juzga la facilidad con la que la violencia estatal se presenta como gestión del orden.

Tras la agresión, la actuación policial se saldó también con cuatro actas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, conocida como ley mordaza. Cuatro actas. Cuatro posibles multas económicas. La pedagogía del castigo. Primero te empujan, después te explican que fue por tu seguridad, y al final alguien puede acabar pagando por estar allí. Es una coreografía muy reconocible. La democracia formal presume de derechos, pero cuando esos derechos bajan a la calle se les pone casco, porra y sanción administrativa delante.

El caso ya está en los tribunales. La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, investiga la agresión desde hace semanas después de que la profesora presentara una querella contra el agente. CCOO PV también ha presentado otra querella por tres delitos: lesiones con agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público, delito contra la integridad moral de la profesora agredida por trato degradante que menoscaba su dignidad, y delito de falta de auxilio inmediato a la víctima. El sindicato ha solicitado, además, la suspensión cautelar de funciones del antidisturbios mientras dure el procedimiento.

Es importante no perderse en el barro técnico. La pregunta es sencilla. Si una persona sin uniforme empuja por la espalda a una mujer, la tira al suelo y la deja con la barbilla abierta, nadie hablaría de “mínima fuerza reglamentaria”. Nadie adornaría la caída con la “inercia de la carrera”. Nadie llamaría accidente a lo que tiene forma de abuso. Pero cuando quien empuja lleva uniforme, el lenguaje cambia. De pronto todo se vuelve más lento, más administrativo, más gris. Y en ese gris se ha escondido demasiada impunidad.

La profesora no cayó por accidente. Cayó porque un agente la empujó por la espalda durante una protesta educativa. Eso es lo que muestran las imágenes. Eso es lo que no debería quedar enterrado bajo un atestado escrito cuatro horas después. Y eso es lo que tendrá que mirar la justicia sin apartar la vista.

Porque una democracia no se mide solo por sus leyes, ni por sus discursos, ni por sus ruedas de prensa. Se mide cuando una trabajadora de la educación acaba en el suelo y el Estado decide si protege la verdad o protege al golpe.