Vox, ladrillo y ventas fantasma en Eivissa: la patria empieza en el garaje 

Una concejala de Vox en Sant Josep ha sido denunciada por una presunta trama inmobiliaria de 237.000 euros en locales, trasteros y parkings que, según las personas afectadas, nunca llegaron a sus manos.

LA MORAL DE LA ULTRADERECHA CABE EN UN BAJO COMERCIAL

La historia tiene todos los ingredientes de la España que predica orden mientras chapotea en el barro. Una concejala de Vox, Araceli Colomar Costilla, regidora en Sant Josep de sa Talaia desde el verano de 2023, administradora de fincas, agente de la propiedad inmobiliaria y rostro local de un partido que vende mano dura contra la “okupación”, aparece ahora denunciada por una presunta trama de ventas fantasma de locales, trasteros y plazas de garaje en el Edificio Galaxia de Eivissa.

Según ha publicado elDiario.es, cuatro personas afectadas aseguran haber desembolsado alrededor de 237.000 euros por activos que nunca recibieron. No hablamos de un malentendido menor, ni de una gestión torpe con un recibo perdido. Hablamos de denuncias y querellas por presunta administración desleal y estafa, con correos electrónicos, audios de WhatsApp e ingresos bancarios aportados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la isla en abril y noviembre de 2024.

Conviene repetirlo despacio. La misma ultraderecha que promete “oficinas antiokupación” tenía, según las denuncias, a una de sus responsables locales intermediando en operaciones donde varias personas pusieron dinero para adquirir inmuebles y acabaron sin llaves, sin escrituras y sin una respuesta clara. La propiedad privada es sagrada, salvo cuando el negocio lo gestionan quienes dan lecciones de propiedad privada.

Los hechos denunciados se sitúan en 2022, antes de las elecciones municipales. Colomar ya estaba metida en política local. Era coordinadora de Vox en Sant Josep y se perfilaba como candidata. Después encabezó la lista de la formación ultra, obtuvo representación y Vox se convirtió en pieza clave para sostener el gobierno del PP, sin mayoría absoluta, en un municipio especialmente sensible para los intereses turísticos e inmobiliarios: Sant Josep comprende el sur de Eivissa y cuenta con 84 kilómetros de litoral, el más extenso de Illes Balears.

El escenario tampoco es inocente. El Edificio Galaxia, construido en 1982, cinco años antes de que Eivissa aprobara sus primeras normas urbanísticas, está situado en segunda línea de ses Figueretes. Turismo, clase trabajadora, viviendas humildes, hoteles revalorizados, migrantes pagando alquileres imposibles. Y, como telón de fondo, una isla convertida en laboratorio de la especulación. Donde cada metro cuadrado parece una mina. Donde el derecho a vivir se subasta al mejor postor.

Colomar gestionó las cuentas de la comunidad entre diciembre de 2021 y febrero de 2024. Según los afectados y afectadas, al llegar se encontró con impagos de varios propietarios y propietarias. La solución que habría planteado en enero de 2022 era aparentemente sencilla: buscar compradores para el patrimonio de los morosos, vender locales, trasteros o parkings y sanear las deudas de la comunidad. También habría incorporado a Noemí Boned Núñez, presentada como abogada experta en mediaciones.

La promesa sonaba redonda. Demasiado redonda. Y en Eivissa, cuando algo inmobiliario suena demasiado barato, alguien debería encender todas las alarmas.

DINERO URGENTE, LLAVES QUE NO LLEGAN Y JUSTICIA ATASCADA

Uno de los afectados, A.V., ya era propietario de un bajo en el Galaxia. Según la denuncia, el 13 de junio de 2022 firmó escrituras de un nuevo local con Colomar como enlace. Después llegaron más operaciones. El 20 de junio ingresó 8.011 euros en la cuenta de la comunidad. Tres días más tarde, 13.749 euros. A finales de año, en vísperas de la Lotería de Navidad, otros 8.151 euros. El 29 de noviembre, 16.143 euros por una plaza de garaje. En total, 46.054 euros para comprar, según su versión, tres locales más y un parking.

Otro afectado, A.Al., que ni siquiera era comunero del edificio, transfirió entre el 11 y el 18 de noviembre de 2022 algo más de 30.000 euros para adquirir dos locales. La lógica era la de siempre: entrar pronto, aprovechar el precio, no dejar pasar la oportunidad. La palabra oportunidad, en el capitalismo inmobiliario, suele ser el perfume elegante de una trampa.

Los precios estaban muy por debajo del mercado ibicenco. El metro cuadrado de segunda mano rondaba los 2.000 euros en 2005, subió hasta los 2.700 euros en 2020 y el informe más reciente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Islas Baleares sitúa el metro cuadrado de locales comerciales de Vila en 4.600 euros. El municipio más caro del archipiélago para abrir un negocio físico. Ahí está la clave. La isla no es solo un territorio, es una caja registradora con playas.

Las hojas del calendario pasaban. Las llaves no llegaban. El dinero tampoco volvía. El 4 de abril de 2024, A.V. y A.Al. presentaron denuncia y pidieron al juzgado que tomara declaración a Colomar. Para entonces, la militante de Vox ya era concejala electa y había dejado de gestionar el Galaxia hacía apenas unos meses.

El caso no acaba ahí. En noviembre de 2024, otros dos vecinos censados en el edificio, A.At. y M.R., presentaron querella contra la administradora de fincas y la abogada especialista en mediación. Reclaman 161.459 euros, pagados entre ambos casi a partes iguales. Según la querella, las transferencias se hicieron entre el 27 de junio y el 5 de octubre de 2022, siempre a favor de la comunidad. Creían estar comprando cuatro locales comerciales, tres parkings y dos trasteros. Un año después, nada. Ni inmuebles, ni devolución efectiva.

El detalle del grupo de WhatsApp resulta casi obsceno: “Sorpresa Regalo”. Ahí, según la querella, se hablaba de cancelar compraventas, recuperar dinero y aclarar “algunas cosas”. La concejala habría prometido una devolución a plazos. En noviembre, envió un certificado bancario para demostrar que los 161.459 euros seguían en poder de la comunidad. Pero las personas querellantes detectaron algo inquietante: la cuenta reflejada no era la misma en la que habían ingresado el dinero.

El 28 de noviembre, según el relato judicial, Boned les comunicó que ningún deudor había querido iniciar acuerdos de pago ni responder a la mediación. Antes, siempre según la querella, se les habría animado a transferir el dinero con urgencia porque las negociaciones iban “viento en popa”. Viento en popa. Qué expresión tan útil cuando el barco ya se está hundiendo.

En diciembre de 2023, Colomar presentó el balance económico de 2022. Los pagos de M.R. y A.At. no figuraban entre los ingresos de la comunidad. Las y los querellantes preguntaron bajo qué concepto aparecía su dinero. La respuesta, según los audios incorporados a la querella, fue una defensa envuelta en cansancio, trabajo acumulado y conciencia tranquila. La conciencia tranquila es muy barata cuando el dinero pendiente lo han puesto otros.

Colomar niega los hechos. A elDiario.es le aseguró que el caso se archivará por “falta de prueba documental”, que existen poderes notariales y acuerdos de mediación, que nadie se quedó con el dinero y que las cantidades permanecen depositadas en la cuenta de la comunidad. Reconoce haber cobrado honorarios en algunas operaciones: 1.000 euros más IVA como gestora inmobiliaria, no como administradora de fincas. También sostiene que algunos acuerdos están sin escriturar, que en otros casos no hubo acuerdo, que se ha hecho una auditoría y que “el dinero está ahí”. Cuando se le pregunta si alguno de los denunciantes ha adquirido su plaza de parking, responde: “No”, pero añade que “todos tienen su certificado”.

Un certificado. No una plaza. No unas llaves. No una escritura. Un certificado.

Mientras tanto, la investigación sigue en fase de instrucción. Desde el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears indican que las diligencias abiertas tras la denuncia de abril de 2024 continúan sin cerrarse. Los juzgados ibicencos pueden tardar entre dos y tres años en celebrar una vista previa desde el inicio de las pesquisas. La justicia, otra vez, funcionando como una puerta giratoria para la desesperación de quienes no tienen un despacho lleno de contactos.

Vox no ha querido comentar el caso. El silencio también habla. Habla mucho. Porque esta es la misma organización que convierte cualquier ocupación menor en una cruzada televisiva, pero que ahora se atrinchera cuando una de sus concejalas aparece vinculada a una presunta trama donde cuatro personas dicen haber perdido 237.000 euros entre locales, trasteros y parkings que jamás tocaron.

La patria era esto: bandera en el balcón, negocio en el sótano y la gente esperando unas llaves que nunca llegan.