Albert Rivera y las pensiones: la bala que esquivamos 

Un exdirigente que destila el cinismo del privilegio económico

La afirmación de Albert Rivera comparando las pensiones públicas con una “estafa piramidal” no es solo un desliz verbal. Es la prueba de un discurso calculado que busca minar uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar. Rivera, quien durante su carrera política trató de venderse como un defensor de las clases medias, ahora deja al descubierto lo que muchos sospechaban: su desprecio absoluto por los derechos sociales colectivos.

El vídeo viral, en el que Rivera se expresa con la soltura propia de quien ya no teme rendir cuentas a la ciudadanía, nos recuerda cuánto poder llegó a acumular y qué agenda habría ejecutado de haber llegado al Gobierno. Sentado junto al multimillonario José Elías, el exlíder de Ciudadanos retrata perfectamente la desconexión de ciertas élites con la realidad de millones de personas trabajadoras que dependen de su pensión para vivir con dignidad tras años de esfuerzo.

Que dice el pedazo de mierda de Albert Rivera que las pensiones son una estafa,para estafa la que fue él al mundo de la política.pic.twitter.com/0KyE5xLw1s

— 𝕯𝖎𝖊𝖌𝖔 (@diego235) January 4, 2025

Fue Podemos quien, con su firmeza y capacidad de movilización, logró frenar a Ciudadanos y evitar que su programa neoliberal se colara en La Moncloa. En un momento clave, su rechazo frontal al acuerdo Sánchez-Rivera reflejó lo que miles gritaban en las calles: “Con Rivera, no”.

La Constitución no es un menú a la carta

Es irónico escuchar a quienes se autodenominan “constitucionalistas” poner en duda uno de los derechos más básicos que la Constitución Española consagra en su artículo 50: garantizar pensiones adecuadas mediante un sistema público que se ajuste a los criterios de sostenibilidad. Rivera, que en el pasado se envolvía en la bandera constitucional como si fuera una segunda piel, ahora se permite dinamitar este precepto desde una cómoda posición privada. La coherencia brilla por su ausencia cuando se trata de recortar derechos sociales, pero nunca cuando se trata de proteger los beneficios del poder económico.

Calificar el sistema de pensiones como una “estafa piramidal” no solo es un insulto a las y los pensionistas actuales, sino un ataque directo al contrato social intergeneracional. Insinuar que la única solución pasa por recortar o desmantelar el sistema es la clásica receta neoliberal: crear la sensación de colapso inminente para justificar privatizaciones y ahorros a costa de los más vulnerables.

La realidad detrás de los discursos catastrofistas

Los datos desmienten esta narrativa apocalíptica. Según informes oficiales de la Seguridad Social, el sistema de pensiones ha tenido ajustes y reformas para garantizar su sostenibilidad, pero en ningún caso puede hablarse de un esquema fraudulento. De hecho, en países donde se han impuesto modelos de capitalización privada, como Chile, se ha demostrado que el resultado ha sido una pobreza extrema para las y los jubilados, mientras que las aseguradoras se han enriquecido.

Es importante recordar que Rivera y Ciudadanos defendieron, en su día, propuestas que debilitaban el sistema público de protección. Las medidas orientadas a fomentar planes privados de pensiones estaban diseñadas para beneficiar al sector financiero, a costa de la incertidumbre y la precarización de quienes no pueden permitirse ahorrar en fondos privados.

Una advertencia: lo que pudo ser y lo que sigue siendo

Rivera estuvo peligrosamente cerca de ocupar una posición clave en el Ejecutivo español. La decisión de muchos votantes progresistas de rechazar un pacto entre Pedro Sánchez y Rivera fue un momento decisivo para evitar la implantación de políticas antisociales. El canto de “Con Rivera no” en Ferraz no fue solo una consigna, sino un acto de lucidez colectiva frente a un proyecto político que, como hoy se confirma, nunca defendió los intereses de las mayorías sociales.

Cada palabra de Rivera es un recordatorio de qué intereses representa. Sus declaraciones no son opiniones aisladas, sino parte de un pensamiento que aún pervive en la derecha política y económica, que sueña con desmantelar los servicios públicos para convertir derechos universales en lujos reservados a quienes puedan pagarlos.