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El Consejo General del Poder Judicial ha mostrado este viernes su «absoluto y rotundo» rechazo a las afirmaciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Tras la imputación de Alberto Rodríguez y la pérdida de su escaño después de la decisión de Meritxell Batet, Ione Belarra difundía a través de su cuenta personal de Twitter: «Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación».
EL CGPJ muestra su «más absoluto y rotundo rechazo» a las palabras de Belarra, «si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados».
La Comisión Permanente del CGPJ, que se ha reunido con carácter extraordinario, recalca que «en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno» a lo que «se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido».
Esa afirmación, añade el comunicado, «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del poder ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».
En ese sentido, hace hincapié en que «como es público, notorio y reconocido», el Tribunal Supremo y el resto de los tribunales «han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados».
Por último, el CGPJ «vuelve a hacer un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles» y les recuerda que «la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial».
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