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La primera ola de calor del verano ha dejado una evidencia incómoda: trabajar como si el clima no hubiera cambiado es poner cuerpos al servicio del beneficio empresarial.
EL CALOR YA ES UN RIESGO LABORAL, NO UNA MOLESTIA DE VERANO
Este domingo 22 de junio comenzó la primera ola de calor del verano. No en agosto. No en pleno calendario vacacional. En junio. Y con ella se ha vuelto a abrir una pregunta que ya no admite mucho maquillaje: ¿tiene sentido que las jornadas intensivas en sectores como la construcción empiecen en julio cuando el calor extremo ya está golpeando antes?
La respuesta es bastante sencilla. No. Lo que ocurre es que este país tiene una habilidad enfermiza para adaptar la vida de las personas trabajadoras al calendario empresarial, pero una resistencia feroz a adaptar la economía a la realidad física del planeta. El calor llega antes, llega más fuerte y llega con más frecuencia. Las empresas lo saben. Las administraciones lo saben. Los sindicatos lo llevan denunciando años. Pero una parte del mercado laboral sigue funcionando como si el cambio climático fuera una tertulia, no una amenaza concreta para quienes suben a un andamio, limpian calles, reparten paquetes, trabajan en naves industriales, cuidan patios escolares o cargan materiales bajo un sol que ya no perdona.
El cambio climático no es una previsión. Es una condición laboral.
Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, lo resumió hace unas semanas con una frase que debería estar en la puerta de cada empresa: “El cambio climático no es un problema que va a venir, ya lo tenemos aquí”. El año pasado fue el verano más caluroso de la serie histórica y este se prevé en la misma línea, agravado por la incidencia de un fenómeno de El Niño. Y mientras tanto, algunos convenios siguen tratando el calor como si fuese un visitante puntual, una incomodidad de temporada, una excusa para dar agua fresca y mirar hacia otro lado.
En la construcción se ha avanzado. Hay provincias donde la jornada de verano permite entrar antes y esquivar las horas más duras. Antes eran medidas muy localizadas en zonas como Sevilla. Ahora se han extendido algo más. Bien. Pero insuficiente. Porque no es generalizado, porque muchas actividades expuestas siguen sin medidas pactadas y porque en demasiados lugares la jornada intensiva continúa viéndose como un privilegio, no como una herramienta de prevención.
También pasa en oficinas. Allí muchas empresas venden la jornada reducida como gesto amable, como premio de verano, como concesión moderna para conciliar. Qué generosidad. Pero cuando hablamos de trabajos al aire libre, de fábricas, de naves, de colegios, de limpieza viaria, de logística o de agricultura, ya no estamos ante una medida simpática. Estamos ante salud laboral. Estamos ante seguridad. Estamos ante vida.
Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT, lo dice claro: no basta con hablar de jornada intensiva. Falta anticipación y planificación generalizada frente a las altas temperaturas. Y ahí está una de las claves. El problema no empieza cuando AEMET activa una alerta naranja o roja. El problema empieza antes, cuando las empresas no evalúan el riesgo, no reorganizan turnos, no aumentan descansos, no adaptan tareas, no revisan la ropa de trabajo, no garantizan hidratación suficiente y no prevén qué hacer si el calor convierte una jornada en una ruleta.
Mª José García Tomás, responsable de la Unidad de Agentes Físicos del INSST, recomienda estar alerta a los pronósticos meteorológicos desde principios de mayo. Desde mayo. Aunque parezca temprano. Porque los cambios bruscos de temperatura, frecuentes al inicio del verano, son especialmente peligrosos cuando el cuerpo aún no se ha adaptado. Es decir, justo cuando más se suele improvisar.
La prevención que llega tarde no es prevención. Es gestión del daño.
LAS EMPRESAS NO PUEDEN LLAMAR PRODUCTIVIDAD A ARRIESGAR VIDAS
La ley no es ambigua. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a todas las empresas a proteger a sus trabajadores y trabajadoras frente al calor, con las medidas necesarias según el riesgo existente y las particularidades de cada persona. Desde 2023, además, todas las empresas con trabajos al aire libre deben tener diseñadas medidas preventivas específicas ante temperaturas extremas, especialmente con alertas rojas y naranjas de AEMET u otras autoridades.
Yolanda Díaz lo recordó este lunes: las empresas pueden y deben adaptar las jornadas para evitar golpes de calor. “Pueden y deben”. No “sería recomendable”. No “si les viene bien”. No “si no afecta a la producción”. Pueden y deben.
Porque el calor mata. Y también enferma, empeora patologías, reduce reflejos, aumenta accidentes, agota, deshidrata y convierte tareas habituales en trampas. Según estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, cada año cerca de 19.000 personas trabajadoras mueren por causas relacionadas con el calor y más de 22 millones sufren lesiones derivadas de la exposición a altas temperaturas. No son cifras decorativas. Son una acusación.
Frente a eso, las medidas urgentes son conocidas: evitar las horas centrales del día, aumentar pausas, garantizar agua, reducir esfuerzos físicos, adaptar tareas, revisar equipos y ropa, climatizar interiores, aislar naves, reorganizar turnos y paralizar actividades cuando no sea seguro trabajar. La ley contempla esa paralización. Aunque a algunos les suene a sacrilegio. Para cierta patronal, detener una obra por riesgo térmico parece más grave que mandar a una persona trabajadora al hospital.
El problema no es que falten soluciones. El problema es que sobran excusas.
La Inspección de Trabajo envió la semana pasada más de 110.000 avisos a empresas para recordarles su obligación de proteger a las plantillas. La cifra es enorme. También revela algo bastante feo: hay que avisar masivamente de lo básico. Hay que recordar a miles de empresas que sus empleados y empleadas no son maquinaria resistente al fuego. Que las personas no son piezas intercambiables. Que producir bajo una ola de calor sin medidas no es eficiencia. Es explotación con termómetro.
Y hay otro frente que no puede quedar fuera: los colegios. Las denuncias por altas temperaturas en aulas se multiplican cada final de curso. Docentes, alumnado y personal de los centros soportan edificios mal preparados, patios abrasadores y aulas convertidas en hornos. Aquí la salud laboral se cruza con la salud pública. Afecta a niñas, niños, jóvenes y personas vulnerables. Lo mínimo sería asumir que el calendario escolar, las infraestructuras y los protocolos ya no pueden diseñarse como si viviéramos en otro clima.
La negociación colectiva tiene mucho que decir. Los convenios sectoriales llegan a nueve de cada diez personas trabajadoras, según recuerda el Ministerio de Trabajo, y pueden incorporar medidas concretas para cada actividad. No todo se resuelve igual en una oficina, una obra, una fábrica, un colegio, un almacén o una explotación agraria. Precisamente por eso hace falta negociar. Sector por sector. Empresa por empresa. Con obligación, no con voluntarismo.
Pero conviene decirlo sin rodeos: si la adaptación climática depende solo de la buena voluntad empresarial, llegará tarde, mal y para quienes ya tenían más protección. La desigualdad climática también se mide en horarios. Hay quien pasa la ola de calor con aire acondicionado y teletrabajo. Hay quien la pasa sobre un andamio. Hay quien decide desde un despacho y hay quien pone el cuerpo bajo el sol.
Por eso la pregunta no es solo si la jornada intensiva debe empezar en julio. La pregunta real es quién paga el coste del cambio climático. Si lo pagan quienes menos han contaminado, quienes menos margen tienen, quienes no pueden elegir parar, estamos ante la misma historia de siempre: beneficios privados arriba, daños colectivos abajo.
El verano ya no empieza cuando lo diga el convenio. Empieza cuando el calor convierte el trabajo en una amenaza. Y quien no lo entienda no está gestionando una empresa: está administrando cuerpos hasta que se rompan.
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