Una comparación odiosa: Aldama sale premiado mientras Peñas pagó más por destapar la Gürtel 

La justicia vuelve a demostrar que, cuando el corrupto sabe negociar su caída, el castigo puede convertirse en trámite administrativo.

LA CONFESIÓN COMO SALVOCONDUCTO

La sentencia del Supremo sobre la trama de las mascarillas deja una imagen difícil de tragar: Víctor de Aldama, empresario, comisionista y pieza central del entramado que rodeó al exministro José Luis Ábalos durante la pandemia, ha sido condenado a 4 años y medio de prisión, pero no tendrá que pisar la cárcel. Basta con que no vuelva a delinquir durante 5 años y realice 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Así, según el propio Supremo, “repara el mal causado”.

La frase merece quedarse clavada en la pared. Un año de servicios a la comunidad para reparar una trama levantada sobre la emergencia sanitaria, el miedo colectivo y el negocio con material básico en plena pandemia. No hablamos de un error contable, ni de una imprudencia menor. Hablamos de comisiones, contratos públicos, pagos mensuales de 10.000 euros, enchufes, favores y un amaño de 13 millones de euros en la compra de mascarillas. Hablamos de una maquinaria que operó cuando las enfermeras y enfermeros se jugaban la vida, cuando las trabajadoras y trabajadores esenciales se dejaban la piel, cuando la ciudadanía vivía encerrada y asustada.

Ábalos ha recibido 24 años y 3 meses de cárcel. Koldo García, su asesor “omnipresente”, 19 años y 8 meses. Aldama, en cambio, se lleva una condena formal de 4 años y medio y una salida bastante cómoda. La Fiscalía Anticorrupción, con Alejandro Luzón al frente, había pedido inicialmente bastante más, pero terminó rebajando expectativas. La Sala de lo Penal recogió el guante. Le impuso pena por organización criminal y cohecho, aplicó una atenuante muy cualificada de confesión, rebajó algunos delitos hasta en 2 grados, suspendió la ejecución de la condena y le evitó incluso la multa de 3,7 millones de euros que pedía la Fiscalía.

El razonamiento jurídico puede explicarse. La indignación política, también. El Supremo sostiene que Aldama no se limitó a reconocer los hechos, sino que prestó una cooperación “plena y continua”, ofreció información “veraz y relevante” y favoreció otras investigaciones. Perfecto. La colaboración con la justicia debe valorarse. Pero hay una línea incómoda que alguien debería mirar sin apartar los ojos: cuando la confesión se convierte en moneda de cambio para que el jefe de una trama no entre en prisión, el mensaje social es devastador.

Porque aquí no solo se juzga una conducta penal. También se proyecta una pedagogía pública. Y la pedagogía es bastante clara: si robas poco, si eres pobre, si no tienes información útil, si no formas parte de una estructura de poder, el sistema te aplasta. Si eres un intermediario bien conectado, conoces los nombres adecuados y sabes dosificar tu confesión, la cárcel puede convertirse en una amenaza decorativa.

PEÑAS, GÜRTEL Y EL DOBLE RASERO DEL ARREPENTIMIENTO ÚTIL

La comparación con José Luis Peñas es odiosa. Y precisamente por eso resulta necesaria. Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, fue quien entregó en agosto de 2008 las grabaciones que permitieron abrir la investigación de la trama Gürtel. No llegó cuando el caso ya estaba armado. No apareció cuando la Guardia Civil ya tenía informes avanzados. No se subió al tren cuando la investigación ya había echado a andar. Sus cintas fueron el punto de partida. Sin esas grabaciones, la justicia probablemente no habría conocido la profundidad con la que la red de Francisco Correa había colonizado la contratación pública allí donde gobernaba el PP.

De aquel material salieron 12 piezas separadas y casi 100 condenados entre políticos, empresariado y operadores de la corrupción. La Gürtel no fue una anécdota. Fue una radiografía del saqueo organizado. Fue también la sentencia que condenó al PP por lucrarse de la corrupción y que terminó provocando un cambio de Gobierno. Peñas, que reconoció haber cobrado dinero y haber viajado a costa de la trama, no era un santo. Nadie lo está presentando como mártir limpio. Pero su colaboración permitió abrir una de las investigaciones más importantes de la democracia reciente.

¿Resultado? 4 años y 9 meses de prisión. Tres meses más que Aldama.

La diferencia no está solo en la cifra. Está en el contexto. Aldama declaró cuando ya llevaba mes y medio en prisión provisional y cuando ya existían diligencias, informes de la UCO y una investigación en marcha sobre el entramado del entonces llamado caso Delorme. Su confesión fue relevante, sí. Ayudó a condenar a Ábalos, también. Pero no fue la chispa inicial de un caso inexistente. Peñas, en cambio, entregó las pruebas cuando todavía no había caso. Cuando la Gürtel aún no era Gürtel. Cuando lo más fácil era callar y seguir mirando hacia otro lado, como hacen tantos y tantas que después dan lecciones de regeneración democrática en tertulias y congresos.

El Supremo citó en la sentencia de Aldama abundante jurisprudencia sobre el valor de la confesión, incluida la sentencia 507/2020, dictada el 14 de octubre de 2020, precisamente sobre la trama Gürtel. Una ironía bastante sucia: mientras Ábalos, Koldo y Aldama convertían el Ministerio de Transportes en una zona de negocio durante la pandemia, la justicia estaba fijando doctrina sobre el valor de colaborar en una macrocausa de corrupción. Y ahora esa doctrina sirve para justificar que Aldama no entre en prisión.

Peñas pidió una rebaja mayor ante el Supremo y no la obtuvo. Años después, la propia Sala reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que finalmente le fue concedido en octubre de 2024, un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel. El contraste es brutal. A uno se le reconoció tarde el papel decisivo. Al otro se le premia pronto y con generosidad quirúrgica.

No se trata de defender que Peñas debió quedar impune. Tampoco de negar la utilidad de la confesión de Aldama. Se trata de mirar el conjunto. La justicia parece más severa con quien destapa una red desde abajo que con quien negocia desde dentro de una red cuando ya está acorralado. Y eso, en un país acostumbrado a ver cómo las grandes tramas de corrupción terminan en rebajas, indultos parciales, dilaciones y puertas giratorias morales, alimenta una sensación muy peligrosa: que la ley no mide solo delitos, sino posiciones de poder.

Aldama aún tiene causas abiertas por fraude masivo en hidrocarburos y por las diligencias originales del caso Koldo en la Audiencia Nacional. La historia no ha terminado. Pero el mensaje de esta sentencia ya está circulando. Durante la pandemia hubo quien hacía colas para sobrevivir, quien cuidaba sin protección suficiente, quien enterraba a familiares sin despedida, y quien olió dinero público en mitad del desastre. A estos últimos, el sistema les sigue hablando en voz baja.

Para quienes saquean desde arriba, la justicia no siempre es una celda; a veces es una negociación con horario de oficina.