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El deterioro no es una percepción: es una realidad medible en demoras, seguros privados y abandono institucional
La sanidad pública andaluza atraviesa una crisis estructural que ya no admite maquillajes ni discursos complacientes. No es una sensación ciudadana, es un conjunto de datos incontestables que dibujan un sistema debilitado, tensionado y progresivamente desplazado por intereses privados. Mientras el Gobierno de la Junta insiste en hablar de mejoras y esfuerzo presupuestario, la experiencia cotidiana de pacientes y profesionales revela otra cosa: colas, demoras, saturación y desigualdad creciente.
En este contexto, la batalla política ha convertido la salud en campo de disputa electoral. La propia ministra María Jesús Montero ha planteado las elecciones andaluzas como un referéndum sobre la sanidad pública, mientras el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla intenta desactivar ese marco negando el deterioro. Pero los datos no votan, aunque sí hablan.
UN SISTEMA CADA VEZ MÁS LENTO, MÁS DESIGUAL Y MÁS PRIVATIZADO
El primer síntoma del colapso es el tiempo. **La demora media para conseguir cita con el médico de cabecera alcanza los 11 días**, la peor cifra del Estado. No se trata de una anomalía puntual, sino de una tendencia consolidada que convierte la atención primaria en una carrera de obstáculos. La consecuencia directa es que solo el 14,44% de la población logra ser atendida en 24 o 48 horas, frente al 51,92% que lo conseguía en 2018. En apenas siete años, el sistema ha retrocedido décadas.
La situación se agrava cuando se analiza la atención hospitalaria. **Más de 1.059.525 personas esperan una consulta o una intervención quirúrgica**, con demoras medias de 127 días. Solo en listas quirúrgicas hay 55.399 personas más que en 2018, y otras 156.922 personas adicionales aguardan una cita especializada. Este volumen no es un fallo técnico, es el resultado de decisiones políticas sostenidas.
Mientras tanto, la respuesta institucional ha sido insuficiente y, en muchos casos, orientada hacia la externalización. Como se denuncia en el análisis crítico sobre los procesos de privatización sanitaria, el deterioro de lo público no es casual, sino funcional: debilitar el sistema común abre espacio de negocio para aseguradoras y clínicas privadas.
Los números lo confirman. En los últimos diez años, 668.742 personas han contratado un seguro privado en Andalucía. Hoy, 1.899.382 ciudadanos y ciudadanas pagan por una cobertura sanitaria paralela, frente a los 1.230.640 de 2013. En términos relativos, el salto es igual de contundente: del 14% al 22% de la población. No es libertad de elección, es expulsión encubierta del sistema público.
La consecuencia es una sanidad dual, donde quien puede pagar accede antes y quien no queda atrapado en listas de espera interminables. Este modelo rompe el principio básico de equidad y convierte la salud en un privilegio condicionado por la renta.
GESTIÓN POLÍTICA, RECORTES Y UNA DEUDA SANITARIA DE 19.000 MILLONES
El deterioro no empezó ayer, pero tampoco se ha frenado. Desde 2010, tras la crisis financiera global, la sanidad andaluza ha acumulado una deuda estructural que las mareas sanitarias sitúan en más de 19.000 millones de euros. Ese agujero no es abstracto: se traduce en plantillas insuficientes, infraestructuras tensionadas y servicios recortados.
Aunque el gasto por habitante ha aumentado hasta los 1.764 euros en 2025, sigue por debajo de la media estatal de 1.769 euros. La inversión crece, pero no compensa años de recortes ni el impacto de la inflación. Invertir más no siempre significa invertir mejor, y menos aún reparar lo que se ha deteriorado durante más de una década.
La falta de personal es otro indicador clave. Andalucía cuenta con 0,76 médicos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional de 0,79. Esta diferencia, aparentemente pequeña, se traduce en miles de consultas saturadas y jornadas laborales al límite para las y los profesionales sanitarios.
En paralelo, la gestión política ha estado marcada por decisiones erráticas y crisis evitables. El caso de los cribados de cáncer de mama, que dejó sin atención a 2.317 mujeres, evidenció las grietas del sistema y obligó a cambios en la cúpula sanitaria. **No fue un accidente, fue una alerta ignorada durante demasiado tiempo**.
El intento del Gobierno andaluz de rebajar la tensión mediante acuerdos sindicales no ha cambiado el diagnóstico de fondo. Las organizaciones profesionales reconocen mejoras en la interlocución, pero advierten que el sistema sigue lejos de los estándares necesarios. Mientras tanto, desde la oposición se denuncia incluso el bloqueo del debate político, como recoge la acusación de veto al debate sobre la sanidad pública en el Parlamento andaluz.
El resultado de todo este proceso es una percepción social demoledora. Solo el 38,8% de la ciudadanía considera que el sistema funciona adecuadamente, frente al 51,6% de la media estatal. La sanidad andaluza no solo está saturada, también está perdiendo la confianza de quienes dependen de ella.
Y cuando un sistema público pierde confianza, lo siguiente que pierde es su razón de ser.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
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Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.