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La ofensiva iniciada el 2 de marzo deja más de 1.200 muertos, destruye infraestructuras civiles y consolida una estrategia de guerra contra la población
Lo que está ocurriendo en Líbano no es un accidente ni una escalada puntual. Es la aplicación consciente de un modelo. Desde el 2 de marzo, la ofensiva del Gobierno de Benjamin Netanyahu ha provocado más de 1.200 personas asesinadas, entre ellas 124 niños y niñas, y ha forzado el desplazamiento de más de 1,3 millones de personas, aproximadamente el 20% de la población libanesa. No es una crisis humanitaria sobrevenida, es una estrategia deliberada.
La lógica es reconocible. Bombardeos sistemáticos contra viviendas, desplazamientos forzosos, destrucción de infraestructuras básicas y bloqueo del acceso a ayuda humanitaria. El mismo manual que ya se aplicó en Gaza desde octubre de 2023. El propio Ejecutivo israelí lo ha admitido sin rodeos. La guerra no se libra solo contra milicias, sino contra la vida cotidiana de millones de personas.
El paralelismo no es retórico. La expansión militar israelí en el sur del Líbano describe una estrategia de ocupación territorial sostenida, donde la destrucción precede al control. No se trata de neutralizar amenazas, sino de redibujar el mapa a golpe de desplazamiento masivo.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa. Y nadie los para. La impunidad no es un fallo del sistema internacional, es su funcionamiento real cuando los intereses geopolíticos están en juego.
LA GUERRA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL Y LOS SERVICIOS BÁSICOS
Las cifras son demoledoras. En apenas tres semanas, más de 370.000 niños y niñas han sido desplazados. Al menos 435 escuelas públicas han sido reconvertidas en refugios, dejando a 115.000 estudiantes sin acceso a la educación. La infancia vuelve a ser la principal víctima de una guerra que se presenta como inevitable.
Pero el patrón va más allá del desplazamiento. Es una ofensiva directa contra las condiciones de vida. La destrucción de puentes, carreteras y redes de agua no es un daño colateral. Es una táctica. La ruptura de la movilidad impide huir, dificulta la llegada de ayuda y convierte el territorio en una trampa.
El anuncio de Netanyahu de ampliar la llamada “zona de seguridad” en el sur del país y la decisión de extender el control militar hasta nuevas áreas del Líbano, implica en la práctica el vaciamiento de regiones enteras. Una franja convertida en territorio inhabitable donde la población civil es expulsada de forma permanente.
La guerra también se libra contra quienes sostienen la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, los ataques contra personal sanitario son constantes. La denuncia de la muerte de sanitarios y la destrucción de almacenes médicos en el sur del Líbano confirma un patrón que ya se vio en Gaza: hospitales evacuados, centros de salud cerrados y equipos médicos convertidos en objetivo.
Al menos 51 trabajadores sanitarios han sido asesinados y más de 120 han resultado heridos. Cinco hospitales han tenido que ser evacuados y más de 54 centros de atención primaria han cerrado. En este contexto, hablar de asistencia médica es casi una ficción. Las y los profesionales sanitarios trabajan bajo la amenaza constante de bombardeos, en condiciones límite y sin garantías de seguridad.
La destrucción alcanza también al acceso al agua. Más de 45 redes hídricas ya fueron dañadas en la ofensiva de 2024, afectando a casi 500.000 personas. Ahora, los ataques se repiten sobre embalses, tuberías y estaciones de bombeo. La consecuencia es previsible: enfermedades, hambre y colapso de los medios de subsistencia.
Todo responde a una lógica clara: hacer inhabitable el territorio para forzar el desplazamiento permanente. No es una estrategia militar en sentido clásico, es una forma de ingeniería demográfica sostenida por la violencia.
Incluso las órdenes de evacuación revelan el carácter discriminatorio de la operación. La prohibición del regreso de determinadas comunidades, especialmente en función de su identidad religiosa, vulnera de forma directa el derecho internacional. No se trata de seguridad, sino de exclusión sistemática.
Mientras tanto, la retórica oficial sigue apelando a la defensa. Pero los hechos desmontan ese discurso. La repetición del modelo de Gaza en Líbano no es una deriva, es una continuidad. Una arquitectura de guerra donde la población civil no es un daño colateral, sino el objetivo central.
Cuando bombardear hospitales, destruir redes de agua y expulsar a millones se convierte en estrategia, lo que falla no es la legalidad internacional, es la voluntad de aplicarla.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
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Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
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