Tel Aviv avanza sobre Líbano: la guerra permanente como proyecto político 

La expansión territorial se disfraza de seguridad mientras se repite el patrón de Gaza: destruir, desplazar y reconfigurar el mapa a golpe de bomba

El sur del Líbano vuelve a convertirse en laboratorio de guerra. El anuncio del 24 de marzo por parte del Gobierno israelí no deja lugar a dudas: la ocupación militar de la franja comprendida entre la frontera y el río Litani ya no es una hipótesis, sino una estrategia en marcha. Se trata de aproximadamente el 10% del territorio libanés, una extensión clave que Israel pretende controlar mediante una combinación de bombardeos masivos, desplazamiento forzado de población civil y destrucción sistemática de infraestructuras.

Localidades como Kafr Kila llevan años desangrándose demográficamente. Ahora, la ofensiva acelera ese vaciamiento. En las últimas semanas, los ataques han golpeado carreteras, hospitales, redes hídricas y viviendas. No se trata de daños colaterales. Es un patrón. Es el mismo que ya se aplicó en Gaza. Primero se destruye lo esencial para la vida, luego se obliga a la población a huir.

El contexto histórico desmonta cualquier relato de excepcionalidad. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, el sur del Líbano ha sido invadido al menos en 1979, 1982 y 2006, con una ocupación prolongada entre 1985 y 2000. En ese periodo, alianzas con milicias locales desembocaron en masacres como la de Sabra y Shatila, donde fueron asesinadas 3.500 personas civiles. No es un episodio aislado. Es una continuidad.

UNA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN BAJO EL PARAGUAS DE LA “SEGURIDAD”

El discurso oficial insiste en la “defensa propia”. Pero los hechos señalan otra dirección. El objetivo militar no se limita a neutralizar a Hezbolá. Se trata de redibujar la frontera. De hecho, voces expertas advierten de que el plan actual apunta a desplazarla hacia el interior del Líbano, en línea con la vieja aspiración del llamado “Gran Israel”.

Este concepto, de raíz religiosa y política, propone la expansión territorial sobre países vecinos. Puede parecer marginal, pero algunas declaraciones de dirigentes israelíes lo han situado en el centro del debate. No es necesario asumirlo como dogma para observar sus efectos prácticos: ocupación progresiva, fragmentación del territorio vecino y debilitamiento estructural del Estado libanés.

El precedente reciente es claro. Tras el alto el fuego firmado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá, la misión de la ONU en Líbano registró 11.400 violaciones en un año. Según sus propios informes, la inmensa mayoría procedían del lado israelí. La tregua nunca fue real. Fue una pausa operativa.

La escalada definitiva llegó tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. A partir de ahí, el conflicto se intensificó. Hezbolá respondió el 1 de marzo con ataques al norte de Israel. La reacción fue desproporcionada. Israel amplió los bombardeos a todo el territorio libanés, incluyendo zonas sin presencia del grupo armado.

El resultado es una guerra que ya no distingue entre objetivos militares y población civil.

DESTRUIR PARA DESPLAZAR: EL MODELO GAZA SE EXPORTA

Los datos son contundentes. Más de 1.100 personas han muerto en Líbano según su Ministerio de Salud. Del lado israelí, se ha registrado la muerte de un civil. La asimetría no es solo militar, es también moral. Y, sobre todo, estratégica.

Israel ha atacado incluso municipios de mayoría cristiana, como Aitou, rompiendo la narrativa de una ofensiva selectiva contra Hezbolá. Paralelamente, ha destruido los 15 puentes que cruzan el río Litani desde el 22 de marzo, aislando completamente el sur del país. La orden posterior fue clara: evacuar. Cualquier movimiento al sur del río, advirtió el ejército israelí, pondría en peligro la vida.

Esto no es una advertencia. Es un mecanismo de expulsión.

Las consecuencias humanitarias son inmediatas. Cerca de un millón de personas han sido desplazadas, de las cuales 340.000 son menores, según ACNUR. En un país de apenas 10.400 kilómetros cuadrados y 5,3 millones de habitantes, el impacto es devastador. Las ciudades del norte, especialmente Beirut, están saturadas. Hay familias durmiendo en coches, en calles, en refugios improvisados.

A esto se suma la destrucción de recursos básicos. Bombardear infraestructuras hídricas no debilita a una milicia. Condena a la población. Destruir hospitales no es una estrategia militar. Es un ataque directo a la supervivencia. La contaminación de tierras agrícolas agrava aún más la situación. Sin agua, sin alimentos y sin refugio, el desplazamiento se convierte en la única opción.

Vaciar un territorio no es un efecto colateral. Es el objetivo.

La comparación con Gaza ya no es retórica. Es operativa. Allí, la destrucción masiva permitió el control de más de la mitad del territorio. Aquí, el proceso sigue el mismo guion. Primero el bombardeo indiscriminado, luego la orden de evacuación, después la ocupación.

Todo ello ocurre en un contexto de impunidad internacional. Las resoluciones de la ONU llevan décadas siendo ignoradas. El derecho internacional humanitario se convierte en papel mojado cuando no hay consecuencias. Y esa ausencia de límites es, precisamente, lo que permite que la guerra se convierta en política de Estado.

Mientras tanto, el discurso oficial sigue apelando a la seguridad. Pero la seguridad de unos se construye sobre la expulsión de otros. Y cuando esa lógica se normaliza, la guerra deja de ser un medio para convertirse en un fin.

Porque cuando un Estado bombardea hospitales, destruye infraestructuras civiles y desplaza a un millón de personas, ya no está defendiendo sus fronteras: está redefiniéndolas a base de violencia.