Irán, la revuelta secuestrada entre la represión interna y la injerencia externa 

Cuando un pueblo sale a la calle, el poder local dispara y el poder global maniobra.

Irán vive desde finales de diciembre de 2025 una oleada de protestas que han vuelto a colocar al país en el centro de una disputa que no es solo interna. El Estado iraní reprime y las potencias extranjeras instrumentalizan. En medio, la ciudadanía que protesta queda atrapada en una pinza que convierte su dignidad en moneda de cambio. El apagón de internet impuesto durante más de una semana ha reducido la información fiable a fragmentos, pero lo que ha logrado salir es suficiente para dibujar un escenario devastador: más de 2.500 personas asesinadas hasta el 8 de enero de 2026, morgues saturadas, funerales vigilados y consignas que ya no piden reformas, sino que señalan al poder.

La chispa fue económica. La caída abrupta del valor de la moneda, la inflación desbocada y la pérdida de poder adquisitivo encendieron la protesta en el gran bazar de Teherán. El Gobierno reaccionó con parches: subsidios sobre bienes básicos y promesas de alivio. No funcionó. Las manifestaciones se extendieron a ciudades pequeñas, y el 8 de enero llegó una nueva ola que fue respondida con violencia a gran escala. Las primeras imágenes mostraban multitudes en Teherán y Mashhad; después llegaron los vídeos de familias identificando cuerpos y de entierros convertidos en actos políticos.

Las autoridades admiten también más de 100 muertes entre fuerzas de seguridad y repiten el relato de siempre: “disturbios” promovidos por “grupos armados” con apoyo exterior. Ese discurso gana terreno cuando autoridades israelíes reconocen agentes operando sobre el terreno y cuando figuras del exilio, como Reza Pahlavi, normalizan la matanza con frases que convierten la protesta en “guerra” y aceptan “bajas inevitables”. La represión necesita coartadas; la injerencia se las ofrece.

LA REPRESIÓN QUE DISPARA Y LA ECONOMÍA QUE AHOGA

No es una guerra. Son protestas populares de una sociedad asfixiada por un colapso económico inducido y por un sistema político que reprime la libertad de expresión y la participación. La economía no cayó del cielo. Las sanciones de Estados Unidos, intensificadas desde la política de “máxima presión” de 2017, y el “snapback” europeo activado en otoño de 2025 han bloqueado el acceso a reservas extranjeras, hundido la moneda y golpeado con especial dureza a clases trabajadoras y medias. Mientras una minoría protegía su riqueza en tierra, vivienda y bienes durables, el resto veía evaporarse su salario.

En este contexto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) aparece como actor central. Convertido en poder económico desde la reconstrucción tras la guerra Irán-Irak (1980-1988), se expandió con privatizaciones a partir de los años 2000, comprando activos estatales a precios favorables. Las sanciones, lejos de debilitarlo, reforzaron su control: las empresas conectadas al poder resistieron; la economía productiva y privada se hundió. La desigualdad creció y la ostentación de las élites —los “Aghazadeh”, hijos e hijas del poder— se volvió un símbolo de la fractura social.

Las protestas lo señalaron con precisión. El saqueo simbólico de supermercados vinculados al IRGC no fue azar. La economía es política, y la redistribución exige acceso real al poder. Reprimir no estabiliza; consolidar privilegios tampoco.

LA INJERENCIA QUE MANIPULA Y CONVIERTE LA PROTESTA EN REHÉN

Mientras el Gobierno dispara, Washington amenaza. Donald Trump lleva dos semanas, desde principios de enero de 2026, explorando “opciones” para golpear Irán con el pretexto de “proteger a los manifestantes”. El mismo líder que militariza la protesta en su país y justifica muertes a manos de fuerzas federales no actúa por derechos humanos. Actúa por poder. Actúa por negocio.

El precedente es reciente: la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en junio de 2025 dejó más de 1.000 personas muertas y decenas de miles sin hogar. No liberó a nadie. Empeoró todo. Aun así, la diáspora conservadora y parte del Congreso estadounidense vuelven a pedir “hacer algo”. La intervención no emancipa; secuestra. Convierte una revuelta social en palanca geopolítica.

La figura de Reza Pahlavi ilustra el riesgo. Su cercanía a Trump y su alineamiento con Israel atraen a una fracción que busca un atajo. Pero su monarquismo y el legado de represión étnica del pasado generan rechazo, especialmente entre minorías que representan casi la mitad de la población. Organizaciones sindicales, colectivos feministas y entidades civiles han apoyado las demandas económicas y políticas alertando del caos que traería la injerencia. Seis organizaciones de mujeres del Kurdistán han vinculado la revuelta a “Mujer, Vida, Libertad” y han defendido que la libertad solo puede surgir de la voluntad colectiva, no de restauraciones ni bombardeos.

El 8 de enero de 2026, cuando Pahlavi llamó a salir a la calle, la movilización ya estaba convocada. Su gesto permitió al poder presentar la protesta como dirigida desde el exterior y desatar más violencia. Ni las deserciones prometidas ocurrieron ni la calle se dejó domesticar. La instrumentalización dejó muertos.

Irán está en un callejón sin salida: sin levantamiento de sanciones no hay recuperación, y negociar ha significado ataques. El miedo a Afganistán e Irak pesa incluso entre quienes votaron opciones duras en la última elección. La estabilidad invocada para justificar la represión es una ilusión. La represión fabrica el colapso que dice evitar.

La solidaridad que sirve no es la que bombardea ni la que negocia a espaldas del pueblo. Es la que desarma la pinza, denuncia la represión, exige el fin de las sanciones y reconoce que la emancipación no se exporta. Regime change empieza en casa.