El laboratorio ideológico de Aznar protege a los barones del PP y convierte la prevención de incendios en munición política, mientras las comunidades gobernadas por la derecha suman récords de abandono forestal.
FAES SE VISTE DE GENERAL Y SE OLVIDA DEL BOSQUE
La fundación FAES, brazo ideológico de José María Aznar, ha vuelto a marcar el guion al Partido Popular. Esta vez contra el pacto de Estado climático propuesto por Pedro Sánchez. Lo califica de “emboscada”, en un tono militarista que retrata mejor a un cuartel que a una organización política. La sincronía con Génova es total. Los argumentarios parecen calcados: victimismo, ataques a Sánchez y ninguna autocrítica.
El editorial publicado el 1 de septiembre bajo el título “El triángulo del fuego” niega cualquier responsabilidad de los gobiernos autonómicos del PP. Castilla y León, Galicia, Andalucía o Madrid han sufrido incendios devastadores, pero la consigna es clara: todo es culpa del Gobierno central y de sus “aberrantes socios”. Lo que no se menciona es que en 2022 y 2023, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, Castilla y León encabezó el ránking estatal de superficie arrasada, con más de 60.000 hectáreas, mientras Mañueco permanecía de vacaciones. Tampoco se habla de los recortes en brigadas forestales aprobados por Ayuso en 2021 ni de los contratos exprés de Moreno Bonilla que privatizaron servicios de extinción.
El discurso es viejo: la culpa nunca es de quien gobierna en lo territorial. Ni de Alfonso Rueda, que redujo un 15% el presupuesto gallego para prevención en 2024, ni de Bonilla, que maquilló la estadística borrando hectáreas de la contabilidad oficial. FAES prefiere apuntar contra el “relato” del Gobierno, acusando a Sánchez de manipular la emoción colectiva y fabricar chivos expiatorios. Como si la devastación de El Bierzo o Las Médulas fuese un invento mediático.
CULPAS COMPARTIDAS, RESPONSABILIDADES BORRADAS
FAES advierte del “peligro” de culpar a las comunidades del PP y acusa al Ejecutivo de “jugar con fuego” con el Estado autonómico del 78. En su retórica, responsabilizar a quienes recortan cuadrillas y abandonan el monte es un atentado contra la Constitución. El absurdo es tal que convertir la rendición de cuentas en antipolítica ya forma parte del catecismo aznarista.
Se acusa a Sánchez de usar la “cogobernanza” como pantalla propagandística, como antes en la pandemia. El método, según FAES, es “chupar cámara y endosar culpas”. Sin embargo, los datos oficiales contradicen esa narrativa: España destina solo un 20% del gasto en incendios a prevención, frente al 40% recomendado por la ONU. Y en las comunidades del PP ese porcentaje es aún menor.
Lo más grotesco es el cierre del editorial, que reparte responsabilidades en un cóctel de cinismo: el Gobierno, sus socios, y también Vox. Todos culpables, excepto los barones del PP. El incendio político, dicen, no lo apagarán quienes soplan sobre el rescoldo. Lo que no mencionan es que fueron precisamente esos barones y baronesas quienes apagaron teléfonos, escondieron agendas y se desentendieron de la catástrofe mientras ardían miles de hectáreas.
En esa versión de la realidad, Mañueco, Ayuso, Rueda o Moreno Bonilla aparecen como víctimas de una conspiración gubernamental. Como si no existieran las cifras de hectáreas quemadas, los contratos amañados, los recortes en personal o la desprotección de las y los brigadistas que denuncian desde hace años condiciones precarias y jornadas inhumanas.
La FAES de Aznar ha convertido el bosque en trinchera y el humo en propaganda. En esa guerra, la prevención no cuenta, la responsabilidad se borra y lo único que importa es mantener a salvo a la cúpula popular.
El problema es que mientras Aznar dicta y Feijóo obedece, los montes arden y las cenizas se acumulan. Y lo hacen sobre un país donde cada verano se repite el mismo guion: abandono forestal, incendios descontrolados y discursos en llamas.
Quien juega con fuego acaba reduciendo a cenizas no solo el bosque, sino la política misma.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…