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El odio se convierte en programa de gobierno mientras los menores migrantes son señalados como enemigos públicos.
EL RACISMO COMO PROGRAMA POLÍTICO
Isabel Díaz Ayuso ha dejado de fingir. Su discurso ya no se diferencia del de Santiago Abascal. La presidenta madrileña habla de “menores más agresivos” y acusa al Gobierno central de “multiplicar” la llegada de migrantes, mientras la ultraderecha aplaude. La “voxerización” de Ayuso es un hecho: ha asumido la agenda del miedo, del odio y del chivo expiatorio.
En Madrid, el foco vuelve a ponerse en el centro de Hortaleza, convertido en un polvorín por las propias decisiones de la Comunidad. Allí conviven más de 100 jóvenes en un espacio con 30 plazas. La sobreocupación, la falta de recursos y el abandono institucional son el escenario perfecto para que la derecha saque rédito político con cada desgracia. Se señala al menor migrante, nunca al gobierno que desmantela la protección.
Mientras tanto, Ayuso escoge qué agresiones condenar. Si el agresor es migrante, micrófono abierto y frases de alarma. Si la víctima es una mujer asesinada por su pareja, silencio, negacionismo y recortes. No es casualidad. El Gobierno de la Comunidad pasó de impulsar 4.770 campañas educativas contra la violencia machista a solo 30. Ayuso no combate la violencia: la instrumentaliza para alimentar prejuicios.
DE HORTALEZA A LA HISTORIA: EL OLVIDO SELECTIVO
El caso de Hortaleza no es un hecho aislado. Cada ataque racista en sus inmediaciones responde a un patrón. Primero se señala desde el poder, después aparecen encapuchados que agreden a los chavales. Hace unos días, dos menores fueron apaleados a las puertas del centro, uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Las palabras de Ayuso son gasolina para quienes convierten el racismo en violencia física.
Lorena Morales, del PSOE madrileño, lo dijo con crudeza: “Cada día tengo más miedo por mi hijo”. Morales habla desde la experiencia. Su propio hijo llegó a España como menor no acompañado. Como recuerda, “nuestros abuelos también fueron esos MENAS” que buscaron una vida digna en Francia, Alemania o Suiza. El recuerdo de la emigración española se borra deliberadamente para justificar el odio.
Más Madrid también lo denuncia: la presidenta niega la violencia machista como fenómeno estructural y solo reconoce las agresiones que sirven para difundir su racismo. No hay empatía, no hay política social, solo cálculo electoral. Mientras, el PP anuncia que llevará al Tribunal Supremo el decreto de reparto de menores no acompañados aprobado por el Gobierno central. Será el tercer recurso en menos de seis meses. Una guerra judicial que no pretende mejorar la vida de los menores, sino blindar competencias para seguir desatendiéndolos.
El contraste es obsceno. La Comunidad que gasta millones en condecoraciones religiosas o campañas de autobombo mantiene hacinados a adolescentes en condiciones indignas. Y cuando se producen incidentes, los usa para criminalizar a todo un colectivo. Ayuso convierte a los menores en enemigos internos, igual que la ultraderecha convierte a los migrantes en amenaza nacional.
El mensaje es claro: los pobres sobran, los migrantes sobran, las víctimas solo importan si sirven para mantener el relato del miedo.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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