La jueza destroza a Mazón y le deja solo un camino: dimisión 

La versión de la Generalitat deja en evidencia la negligencia que provocó 228 muertes

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha dejado al descubierto la desastrosa gestión del gobierno de Carlos Mazón ante la DANA que azotó la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024. En un auto de solo 16 páginas, ha desmontado una por una las coartadas de la Generalitat y ha señalado con claridad que las decisiones que no se tomaron o que llegaron tarde podrían constituir delitos de homicidio imprudente. El Consell de Mazón tenía el mando único de la emergencia y falló estrepitosamente.

El texto de la magistrada es demoledor. Expone cómo la Administración autonómica tuvo información precisa y en tiempo real sobre la gravedad de la situación, pero reaccionó tarde y mal. La alerta enviada a los móviles a las 20:11 horas fue “tardía y errónea”, ya que no pedía a la población que se refugiara en altura, lo que podría haber evitado muchas de las 228 muertes registradas. La magistrada deja claro que no hubo un “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como ha sostenido el PP para intentar descargar la responsabilidad. Por el contrario, hubo una inactividad evidente de la Generalitat y una gestión que la jueza califica de “negligente”.

LA ALERTA QUE NUNCA LLEGÓ A TIEMPO

El auto explica que la Aemet había avisado con tres días de antelación de la gravedad del episodio meteorológico, y la Universitat de València suspendió las clases el día anterior ante el riesgo evidente. La respuesta del Consell fue, no obstante, de una desidia inaceptable.

El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), encargado de gestionar la emergencia, no se reunió hasta bien entrada la tarde. La jueza subraya que esta reunión llegó tarde y que las decisiones adoptadas fueron igualmente deficientes. La alerta a los móviles se envió con casi una hora de retraso respecto al desbordamiento del barranco del Poyo, y cuando llegó, fue confusa e incompleta.

El propio Mazón compareció a las 21:30 para pedir que la población se refugiara en altura, cuando para entonces ya habían muerto decenas de personas. La jueza califica este consejo tardío de “completamente inútil”. La administración autonómica tuvo múltiples oportunidades para reaccionar antes de que la situación se volviera letal, pero no lo hizo.

Ruiz Tobarra desmonta también las excusas sobre la responsabilidad técnica en el envío del mensaje Es-Alert. La Generalitat ha intentado responsabilizar a los técnicos por el contenido del mensaje, pero la magistrada responde con dureza: «La responsabilidad política y operativa recaía exclusivamente en el Consell y en la consellera Salomé Pradas».

El mensaje fue tardío y, lo que es peor, erróneo. No pedía a la gente que se pusiera a salvo ni advertía de la peligrosidad real de la riada. Las informaciones en directo de la televisión autonómica À Punt mostraban con claridad desde las 18:09 que el barranco del Poyo estaba desbordado. El desastre era visible para cualquiera que estuviera viendo la televisión. Pero la Generalitat no actuó.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y JUDICIAL

La primera imputada ha sido Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y responsable directa del mando único de la emergencia. La jueza la señala por su “relevancia orgánica y decisora” en la gestión de la crisis. También ha imputado a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias. Pero la responsabilidad política va mucho más allá.

Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat, tenía la última palabra en la toma de decisiones y en la activación de la alerta. La jueza le ofrece ahora la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado, una opción improbable pero que deja claro que el cerco judicial también podría alcanzarle.

La instrucción ha revelado que la Generalitat tuvo acceso a datos precisos en tiempo real sobre el caudal del barranco del Poyo. La Confederación Hidrográfica del Júcar envió dos correos electrónicos informando de la situación a las 16:13 y a las 18:43. El 112 recibió casi 20.000 llamadas ese día, muchas de ellas advirtiendo de la gravedad de la situación. Había información, había medios y había posibilidad de actuar. No se hizo.

La jueza también rebate el argumento de que la alerta dependía del Cecopi o de un supuesto consenso entre administraciones. El Cecopi es solo un órgano de coordinación, pero las decisiones de emergencia competían exclusivamente a la Generalitat. La magistrada califica de “eufemismo” la afirmación de que el Cecopi se detuvo durante más de una hora por un “trabajo exclusivamente presencial”. En realidad, fue una pausa injustificada en medio de una catástrofe que estaba dejando muertos a su paso.

Además, la jueza señala que no solo se trataba de la alerta a los móviles. Las autoridades autonómicas tenían la obligación de difundir la información a través de los medios de comunicación. À Punt retransmitió imágenes en directo de la inundación desde primera hora de la tarde. Las imágenes mostraban con claridad la gravedad de la situación, pero la Generalitat no hizo nada.

La responsabilidad es clara. No solo por la tardanza en reaccionar, sino por la inacción ante la evidencia de que la catástrofe era inminente. Los responsables políticos y técnicos de Emergencias de la Generalitat eran los garantes de que no se produjeran muertes. Mazón debe dimitir.