El PP siempre será el PP: de los 300 millones a dedo de Juanma Moreno a la familia colocada de Feijóo 

El clientelismo y el favoritismo continúan imperando en la gestión de gobiernos del PP que se presentan como renovadores, pero cuyas acciones perpetúan un modelo corrupto y desigual.

En un contexto político donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares esenciales, el manejo de los recursos públicos en Andalucía y la red de contrataciones familiares vinculadas a Alberto Núñez Feijóo muestran un panorama desalentador. El clientelismo y el favoritismo, prácticas que deberían estar enterradas, continúan imperando en la gestión de gobiernos que se presentan como renovadores, pero cuyas acciones perpetúan un modelo corrupto y desigual. Estos casos nos obligan a repensar cómo se ejercen los cargos públicos y hasta qué punto se están violando los principios básicos de la democracia.

CONTRATACIÓN A DEDO: ANDALUCÍA COMO EJEMPLO DE DESFALCO

El reciente informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) revela que el gobierno de Juan Manuel Moreno adjudicó a dedo contratos por valor de 300 millones de euros durante el 2021, una práctica que no sólo viola la Ley de Contratos Públicos, sino que también evidencia una total falta de ética en la gestión de recursos públicos. En un año donde la pandemia ya estaba “atemperada” y el estado de alarma había terminado, el abuso del procedimiento de emergencia, utilizado sin justificación alguna, supone un desprecio a las normativas que garantizan la transparencia y la competencia.

Este abuso es, por decirlo suavemente, una estrategia de privatización encubierta de la sanidad pública, donde clínicas privadas y empresas ligadas al sector se han beneficiado de la falta de controles. Como si la urgencia sanitaria fuese una excusa para perpetuar contratos sin licitación pública, se ignora el principio de concurrencia y se deja fuera de juego a empresas que podrían haber ofrecido servicios más eficientes y, sobre todo, más baratos para el contribuyente.

Los auditores del SAS han sido contundentes en sus conclusiones: el uso del sistema de contratación de emergencia “no tiene ninguna justificación” en un escenario donde la pandemia no era una urgencia imprevisible. La falta de previsión y la inercia burocrática no pueden ser la excusa para seguir adjudicando contratos millonarios sin un proceso abierto, pero este informe no es solo una denuncia administrativa, es una advertencia de los peligros que conlleva la corrupción institucionalizada.

A lo largo de 2021, el SAS tramitó más de 3.600 expedientes a través del sistema de emergencia, movilizando cerca de 300 millones de euros. Esta cifra debería provocar indignación, no solo por el monto, sino por la flagrante ilegalidad y el descaro con el que se siguió aplicando un marco legal ya derogado. La pregunta que surge es: ¿qué intereses se estaban protegiendo y, más importante aún, a quiénes beneficiaba este desfalco?

FEIJÓO Y LA RED FAMILIAR: MÁS DE LO MISMO

Si el caso andaluz representa un ejemplo claro de corrupción en la gestión de los fondos públicos, el historial de la familia de Alberto Núñez Feijóo nos enfrenta a otro tipo de cuestionamiento: el uso de las relaciones personales y familiares para obtener favores dentro de la administración pública. Mientras Feijóo pone el foco sobre la familia de Pedro Sánchez, sus propios familiares han sido beneficiados por contratos públicos en circunstancias que rozan la ilegalidad.

La hermana de Feijóo, Micaela Núñez, lleva años trabajando en Eulen, una empresa que ha recibido más de 54 millones de euros en contratos desde 2009 por parte de la Xunta de Galicia, muchos de ellos adjudicados de manera directa durante el mandato de su hermano. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la imparcialidad de estas adjudicaciones cuando la conexión familiar es tan obvia?

Otro caso destacado es el de Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo, quien dirige la empresa Soporte Universal, contratada por la Xunta durante la pandemia para el rastreo de contactos del COVID-19. La relación contractual de la Xunta con esta empresa, que recibió más de 11 millones de euros, no puede ser ignorada, especialmente cuando la mayoría de las adjudicaciones fueron realizadas a dedo. Aunque se ha argumentado que no hay indicios de delito, las irregularidades son notorias. Las conexiones entre la administración gallega y los familiares de Feijóo parecen formar parte de un entramado clientelista difícil de justificar.

Feijóo ha sido tajante al declarar que su familia “nunca haría lo que él atribuye a la familia de Sánchez”. Sin embargo, la realidad es que los contratos adjudicados a empresas vinculadas a sus familiares no resisten un análisis minucioso. Desde su ascenso en la política gallega, el expresidente de la Xunta ha evitado cualquier tipo de investigación sobre las relaciones contractuales entre su gobierno y Eulen, Soporte Universal y otras empresas ligadas a su círculo cercano. La sospecha es inevitable.

El caso más llamativo es el de Eloína Núñez, prima de Feijóo, que ocupaba cargos directivos en el Servicio Gallego de Salud (Sergas) mientras la Xunta adjudicaba contratos millonarios. No solo es sorprendente que su carrera dentro de la sanidad pública gallega haya coincidido con estos contratos, sino que incluso se haya beneficiado indirectamente del sistema de adjudicaciones a clínicas privadas durante la pandemia.

En lugar de ofrecer transparencia, la administración Feijóo ha optado por eludir las investigaciones, respondiendo tarde a las auditorías y evitando cualquier tipo de fiscalización seria. El sistema se ha blindado y, como siempre, quienes pagan las consecuencias son las y los ciudadanos, que ven cómo se desvía dinero público mientras los servicios públicos esenciales siguen deteriorándose.

Esta combinación de contratos a dedo y redes familiares que se benefician del poder político es una amenaza directa a la democracia.