Los gobiernos PP-Vox cuestan derechos: donde mandan juntos, la ciudadanía retrocede 

La derecha promete gestión y la ultraderecha impone agenda: memoria blanqueada, feminismo atacado, cultura censurada, lenguas perseguidas y dinero público para sus obsesiones.

EL PRECIO REAL DE METER A VOX EN LOS GOBIERNOS

No es una hipótesis. No es una exageración de campaña. No es el miedo preventivo de la izquierda. Donde PP y Vox han gobernado juntos, los derechos han retrocedido. Punto. Los últimos acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León no son una novedad inocente ni una simple reedición parlamentaria. Son la vuelta al mismo laboratorio reaccionario que ya funcionó entre 2022 y 2024 en cinco comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León, País Valencià y Región de Murcia.

El PP intenta venderlo como estabilidad. Vox lo llama “prioridad nacional”. La ciudadanía acaba pagando la factura. Y no precisamente en abstracto. La paga con leyes de memoria mutiladas, políticas de igualdad recortadas, censura cultural, ataques a las personas LGTBIQ+, desprecio a las lenguas propias, hostilidad hacia las personas migrantes y una obsesión casi folclórica por financiar la tauromaquia mientras se recorta en cooperación, sindicatos o cultura.

La ruptura entre PP y Vox en julio de 2024 no borró lo ocurrido. Tampoco limpió las instituciones. Quedó la huella. Quedó el marco. Quedó la cesión política. Porque el problema nunca fue solo Vox entrando en consejerías. El problema fue un PP dispuesto a asumir el vocabulario, las prioridades y las manías de la extrema derecha con tal de conservar poder autonómico.

En el País Valencià se vio con una claridad brutal. En 2024, PP y Vox aprobaron una ley de “concordia” que evitaba señalar el franquismo y difuminaba la diferencia entre víctimas y verdugos. Esa es la trampa. Cambiar memoria por niebla. Llamar reconciliación a borrar responsabilidades. El Gobierno recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional y el recurso fue admitido a trámite. Mientras tanto, las dos derechas abrieron la puerta a que ayuntamientos recuperasen simbología franquista previamente prohibida y retirada. La nostalgia del régimen volvió por la vía administrativa.

El ataque no se quedó ahí. En la reforma de la ley trans valenciana, PP y Vox introdujeron una enmienda para despenalizar las pseudoterapias de conversión sexual si se presentaban como “voluntarias”. Ese matiz es la coartada de siempre. Como si la presión social, familiar, religiosa o política no existiera. Como si las personas LGTBIQ+ vivieran en un laboratorio neutral. Mientras en el Congreso se tramita una ley para blindar la prohibición de esas prácticas, en el País Valencià las derechas decidieron jugar con una herida histórica.

También cambiaron el lenguaje para cambiar la política. La violencia machista empezó a ser sustituida por “violencia intrafamiliar” en comunicaciones y formación institucional. No es una cuestión semántica menor. La policía local dejó de recibir cursos sobre violencia de género para recibirlos sobre violencia intrafamiliar. Primero se borra la palabra, luego se borra la causa, después se debilita la respuesta pública. Así funciona el retroceso.

Y, como guinda, vivienda. El Gobierno de Carlos Mazón se opuso a declarar zonas tensionadas, pese a que la Ley de Vivienda lo permite. Lo hizo como la mayoría de gobiernos del PP, gobiernen solos o con Vox. Porque cuando se trata de proteger rentas, caseros y negocio inmobiliario, la derecha no necesita que la empujen demasiado.

MEMORIA, LENGUAS, CENSURA Y DINERO PÚBLICO PARA LA REACCIÓN

Aragón siguió el mismo guion. Se derogó la ley de memoria y el pacto de Gobierno introdujo medidas contra el catalán y el aragonés. No fue postureo. Se eliminó la Dirección General de Política Lingüística y se suprimieron ayudas a entidades sin ánimo de lucro dedicadas a conservar y defender ambas lenguas. La derecha habla de libertad mientras recorta herramientas para que una comunidad pueda cuidar su patrimonio lingüístico.

Los Presupuestos autonómicos de 2024 metieron tijera en memoria, política lingüística, cooperación y desarrollo, y actividades culturales. La dinámica no se ha detenido. Tras el nuevo pacto de abril, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco han vuelto a marcar la misma dirección. La semana del 11 de junio, Nolasco canceló un convenio para financiar la cátedra de Cooperación para el Desarrollo con la Universidad de Zaragoza, alegando que había costado 678.000 euros en siete años. La cifra se usa como escándalo. La cooperación se presenta como lujo. La cultura como capricho. La solidaridad como gasto sospechoso. La tijera nunca es neutral: siempre corta por el lado de quienes menos poder tienen.

En Castilla y León, la ecuación es todavía más obscena. Mientras se recorta en igualdad o sindicatos, se riega la tauromaquia. En 2023, las subvenciones a escuelas taurinas aumentaron en más de un 30%. En los primeros Presupuestos aprobados por PP y Vox, la llamada fiesta de los toros recibió más de 600.000 euros y se creó un premio taurino. Para cuidados, dudas. Para memoria democrática, trabas. Para educación ambiental, censura. Para toros, dinero público.

Castilla y León también aprobó su ley de concordia contra la memoria histórica y cedió ante otra obsesión de Vox: la Agenda 2030. La extrema derecha consiguió suprimir referencias a ella en Educación Ambiental. Lo simbólico, otra vez, con consecuencias materiales. Se elimina una mención, se cambia un enfoque, se vacía una política. Poco a poco. Sin ruido excesivo. Como se desmantelan las cosas cuando no se quiere que la gente mire demasiado.

Extremadura encaja casi punto por punto en el manual de Vox: ataque a la memoria histórica, recorte en cooperación internacional, endurecimiento del discurso migratorio y apoyo a la tauromaquia. El dato es escandaloso. En las cuentas que aprobaron PP y extrema derecha en 2024, las partidas dedicadas a tauromaquia pasaron de menos de 100.000 euros a casi 900.000. Casi nueve veces más. No hay metáfora mejor. Para unas cosas siempre falta dinero. Para sus símbolos, aparece de golpe.

Murcia muestra otra variante del mismo mecanismo. La inmigración es la gran obsesión de Vox, pero una autonomía tiene límites legales para imponer esa “prioridad nacional” que ahora la extrema derecha ha convertido en bandera. Fernando López Miras encontró la forma. La medida más significativa llegó incluso cuando Vox ya había salido del Gobierno. La comunidad había ordenado comprar vivienda para acoger a menores migrantes. Vox amenazó con tumbar los Presupuestos si se ejecutaba la compra. El PP reculó y anuló la operación. Eso no fue gestión: fue obediencia.

Y luego está la censura municipal, el barro cotidiano donde estas alianzas enseñan su rostro menos maquillado. Valdemorillo, en Madrid, canceló la obra Orlando, de Virginia Woolf. Bezana, en Santander, retiró Lightyear por una escena en la que dos mujeres se besan. Burriana, en Castellón, canceló en 2023 la suscripción municipal a revistas escritas en catalán, según denunció Plataforma per la Llengua. Teatro, cine, revistas, lenguas, memoria, igualdad. Todo lo que abre ventanas les molesta.

El PP dirá que modera. Vox dirá que empuja. La realidad es bastante más simple y más sucia: cuando gobiernan juntos, la derecha pone la llave y la ultraderecha decide qué puertas se cierran.