El objetivo real no es Broncano ni su programa. Es erosionar la legitimidad de la televisión pública.
La renovación de La Revuelta por parte de RTVE para dos temporadas más (2026-2027 y 2027-2028) ha activado un viejo reflejo: el de convertir cualquier inversión en televisión pública en un escándalo moral. El dato, repetido sin contexto y con mala fe, es 31,5 millones de euros por 320 programas. A partir de ahí, el populismo hace el resto. Se habla de sueldos obscenos, de dinero robado a la sanidad y a la educación, de despilfarro ideológico. Todo falso o deliberadamente distorsionado.
Conviene empezar por lo básico. Un programa no es un presentador. Es una estructura laboral compleja que incluye guionistas, técnicas y técnicos, realizadoras y realizadores, personal de producción, iluminación, sonido, decoración, derechos musicales, alquileres, mantenimiento y un largo etcétera. Presentar el presupuesto global como si fuera el salario personal de David Broncano no es un error ingenuo: es una mentira funcional. Sirve para señalar, para generar odio y para alimentar la idea de que lo público es un pozo sin fondo gestionado por élites culturales.
El incremento presupuestario respecto a las dos primeras temporadas es de 3,5 millones de euros en total, es decir, 1,75 millones por temporada. En un contexto de inflación acumulada, subida de costes energéticos y aumento del IPC, no solo es razonable: es necesario si no se quiere precarizar a quienes sostienen el programa. Defender que ese ajuste es un “subidón salarial” para Broncano es una falacia interesada que oculta una realidad incómoda para ciertos discursos: la defensa del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores también pasa por la cultura.
LOS NÚMEROS DESMIENTEN EL RELATO
Bajemos al detalle. 31,5 millones de euros para 320 programas arrojan un coste medio de 98.437 euros por episodio. En las temporadas anteriores, el coste medio fue de 87.975 euros. El aumento por programa es de 10.462 euros. No hay ningún salto desproporcionado. Hay un ajuste coherente con el contexto económico.
Ahora comparemos. El programa que ocupaba esa franja antes, 4 Estrellas, costaba 110.000 euros por capítulo, según datos publicados por Vertele. RTVE pagó 27 millones de euros por 259 episodios, además de menor duración. Es decir, La Revuelta es más barata y ofrece más contenido. Y si miramos al sector privado, el contraste es aún más claro: El Hormiguero tendría un coste aproximado de 125.000 euros por episodio. La indignación selectiva no es casual.
Tampoco es cierto que RTVE esté desangrando las arcas públicas. El presupuesto de la corporación está regulado por ley y no se modifica para producir o renovar un programa concreto. No se quita dinero a la sanidad ni a la educación porque no comparten partida presupuestaria. Además, estas competencias dependen mayoritariamente de las comunidades autónomas, un detalle que quienes agitan el bulo suelen olvidar.
En 2025, el propio presidente de RTVE, José Pablo López, explicó que la corporación costó 43 millones de euros menos al contribuyente, con una reducción del 28% en producción de programas y del 12% en gastos de explotación, mientras los gastos de personal subieron solo un 2,5%. Los datos desmontan el relato del despilfarro.
ATACAR LA CULTURA PARA DEBILITAR LO PÚBLICO
El tercer eje del ataque es ideológico. Se repite que RTVE “regala dinero” a productoras privadas. Otra media verdad. La coproducción con empresas externas es la norma en el entretenimiento televisivo, también en la pública. Lo fue con 4 Estrellas (Good Mood), Mapi (Mediacrest), TVEmos (Mediapro), Lo Siguiente (Secuoya) y lo es incluso con formatos históricos como Saber y Ganar, producido por Producciones Quart en Sant Cugat. Señalar solo a La Revuelta es una operación de desgaste, no un análisis serio del modelo audiovisual.
El objetivo real no es Broncano ni su programa. Es erosionar la legitimidad de la televisión pública. Presentarla como un lujo ideológico, como un capricho progresista, como un gasto superfluo frente a necesidades básicas. Es el mismo marco que se usa para justificar recortes, privatizaciones y precarización. Cuando se ataca la cultura, se ataca también el derecho a una información y un entretenimiento no subordinados al mercado.
Hay una incomodidad de fondo que no se dice en voz alta. La Revuelta funciona. Tiene audiencia, conecta con públicos jóvenes y no reproduce el tono reverencial del poder económico y mediático. Eso molesta más que cualquier cifra. Por eso se exageran números, se mezclan partidas y se compara de forma tramposa con hospitales o investigaciones científicas. No es ignorancia. Es una estrategia de ruido.
La televisión pública no está para gustar a todo el mundo, sino para garantizar pluralidad, empleo digno y acceso universal a la cultura. Y cada vez que alguien convierte un presupuesto ajustado y transparente en un arma arrojadiza, lo que está diciendo no es que quiera mejores servicios públicos, sino que prefiere menos público y más mercado, aunque no lo diga tan claro.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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