El bulo que acabó en el juzgado 

La estrategia política contra migrantes en Alcalá de Henares se convierte en un caso judicial que apunta a la cúpula del PP madrileño

No fue un desliz. Tampoco una exageración puntual. Lo que empezó el 17 de enero como un discurso político terminó derivando en una investigación judicial que, poco a poco, ha ido desmontando el relato. Y ahora, con la declaración como testigo de Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid, la historia entra en una fase incómoda para quienes la impulsaron.

La secuencia es conocida, pero conviene recordarla sin ruido. Ese día, Isabel Díaz Ayuso trasladó su agenda a Alcalá de Henares para un Consejo de Gobierno extraordinario. Allí habló de migrantes. De problemas. De un supuesto clima de inseguridad. Mencionó reyertas, un brote de sarna y, lo más grave, posibles “agresiones sexuales”. Todo sin pruebas verificadas.

El impacto fue inmediato. Titulares. Debate público. Miedo. Pero también una respuesta institucional clara: el delegado del Gobierno en Madrid negó que existiera ninguna investigación abierta por agresiones sexuales vinculadas a migrantes en el municipio.

Ahí pudo haber terminado todo. No terminó.

Un tuit, una minuta y una estrategia

Al día siguiente, Alfonso Serrano decidió intervenir. Lo hizo en redes sociales, con un mensaje directo y un documento adjunto. En concreto, publicó un tuit en el que difundía un pantallazo de una minuta policial para desacreditar la versión oficial y respaldar las palabras de Ayuso.

El documento hacía referencia a una denuncia previa, del 11 de diciembre de 2023. Una agresión. Sin mención a agresión sexual. Sin vínculo con el centro de migrantes. Sin relación con el relato que ya circulaba. Pero eso no impidió que se utilizara como pieza clave de una narrativa que ya estaba en marcha.

Horas después, Serrano insistió. Mismo documento. Mismo mensaje. El foco ya no era la precisión, sino la reafirmación. Y mientras tanto, el daño ya estaba hecho: se había instalado la idea de que existía una relación entre migración y violencia sexual en Alcalá.

La alcaldesa, Judith Piquet, reforzó ese discurso. Habló de una “verdad irrefutable”. Mencionó dos denuncias. Aunque, al mismo tiempo, reconocía inconsistencias entre los testimonios. Versiones que no encajaban. Descripciones incompatibles. Detalles que, lejos de aclarar, abrían más dudas.

De la política a los tribunales

El 20 de febrero de 2024, el PSOE llevó el caso a la Fiscalía. No solo por la posible filtración de un documento policial. También por algo más profundo: el uso de esa filtración para generar alarma social y construir una imagen negativa de un colectivo vulnerable.

La investigación avanzó. Lentamente, pero avanzó. La Fiscalía recabó testimonios, analizó mensajes, reconstruyó la cadena de decisiones. Y llegó a una conclusión relevante: la difusión de la minuta no fue casual.

Según el Ministerio Público, fue la propia alcaldesa quien ordenó imprimir el informe el 17 de enero. Después lo fotografió. Y, en algún momento entre esa tarde y la mañana siguiente, ese documento llegó a manos de Serrano, que lo publicó en redes para dar cobertura a un relato político ya lanzado.

La consecuencia fue clara. El 20 de agosto de 2024, el juzgado imputó a Judith Piquet y a su jefe de prensa. La causa siguió su curso. Recursos. Intentos de archivo. Retrasos. Pero la Audiencia Provincial de Madrid fue contundente: “no cabe duda de la participación de la alcaldesa”.

Ese pronunciamiento marcó un punto de inflexión. Porque ya no se trataba solo de una sospecha o de una investigación preliminar. Había una validación judicial de la hipótesis central: que se utilizó información interna para construir un relato público con implicaciones políticas y sociales.

El miércoles clave

En este contexto llega la declaración de Alfonso Serrano como testigo. Se produce este miércoles, después de varios aplazamientos que han alargado el proceso durante meses. Junto a él también comparecen responsables municipales vinculados al caso.

La pregunta es sencilla. O debería serlo: cómo llegó ese documento a sus manos. Qué sabía. Cuándo lo supo. Y por qué decidió publicarlo.

No es un detalle menor. Porque ese gesto —un tuit, aparentemente— es una de las piezas centrales de la investigación. Sin esa publicación, el relato habría tenido menos recorrido. Menos impacto. Menos capacidad de amplificación.

Mientras tanto, el contexto sigue complicándose. El jefe de la Policía Local implicado en la investigación ha terminado dimitiendo, en paralelo a otro proceso por violencia machista que añade más tensión a un caso ya de por sí delicado.

Todo esto ocurre mientras sigue abierta la causa por la difusión ilegal de informes policiales, en un proceso que investiga cómo se utilizó una nota interna para criminalizar a migrantes en uno de los episodios políticos más controvertidos de los últimos años en la Comunidad de Madrid.

La historia, vista con perspectiva, es incómoda. Porque muestra algo más que un error. Muestra una forma de hacer política. Una forma de construir relatos. De amplificarlos. Y, si hace falta, de sostenerlos incluso cuando las pruebas no acompañan.

Y ahora, con el caso en los tribunales, la pregunta ya no es qué se dijo. La pregunta es quién lo decidió y con qué objetivo.