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El Estado reconoce ahora el daño, pero llega tarde para quien fue condenada por prejuicios y no por pruebas
Han pasado 26 años desde que una mujer fue convertida en culpable antes incluso de sentarse en el banquillo. Y han pasado 519 días desde que salió de prisión. Ahora, por fin, el Estado mueve ficha. Tarde. Muy tarde.
El próximo 27 de abril, el Ministerio de Igualdad entregará a Dolores Vázquez la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad en un acto que busca reparar, al menos simbólicamente, uno de los mayores errores judiciales y mediáticos de este país. Un gesto que intenta cerrar una herida abierta desde el 9 de octubre de 1999, cuando fue asesinada Rocío Wanninkhof en Mijas.
Porque lo que ocurrió después no fue solo una investigación fallida. Fue algo más profundo. Una construcción colectiva de culpabilidad que hoy sigue siendo incómoda de mirar.
Un caso que lo cambió todo
El llamado caso Wanninkhof marcó un antes y un después. No solo por la brutalidad del crimen, sino por cómo se gestionó. Desde el inicio, la investigación se centró en Dolores Vázquez, expareja de la madre de la víctima, Alicia Hornos. Sin pruebas concluyentes. Sin ADN. Sin testigos directos.
Aun así, fue detenida el 7 de septiembre de 2000. Y no solo detenida: fue señalada, juzgada y condenada en la plaza pública mucho antes de que lo hiciera un tribunal.
El juicio arrancó el 3 de septiembre de 2001 en la Audiencia Provincial de Málaga. El resultado: 15 años de prisión y una indemnización de 18 millones de pesetas. Todo ello con un jurado popular dividido —dos personas votaron su absolución— y sin una sola prueba física que la situara en el lugar del crimen.
Lo que sí había era relato. Y ese relato pesó más que cualquier evidencia.
La fabricación de una culpable
Dolores Vázquez no encajaba. Y eso fue suficiente.
Su orientación sexual, su carácter, su forma de expresarse… todo fue utilizado para construir una imagen de mujer fría, dominante, incluso violenta. Un retrato que se repitió hasta la saciedad en televisiones y periódicos. Un estereotipo convertido en sentencia anticipada.
La activista y escritora Beatriz Gimeno lo explicó con claridad en su ensayo sobre la construcción de la “lesbiana perversa”: la acusación no se sostuvo sobre hechos, sino sobre prejuicios. Y esos prejuicios acabaron filtrándose en el proceso judicial.
Durante meses, la idea de una mujer vengativa que actuaba contra la hija de su expareja se convirtió en la narrativa dominante. Sin pruebas, pero con insistencia. Sin hechos, pero con morbo.
Y así se llega a una condena que hoy resulta difícil de justificar sin señalar el papel del entorno mediático y social.
Una sentencia sin base
En febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la condena. El motivo: la sentencia no explicaba de forma coherente por qué el jurado consideró culpable a Dolores Vázquez. Faltaban las bases lógicas. Faltaban los hechos. Faltaba todo.
El tribunal fue claro: la decisión se sustentaba en “inferencias o indicios” que ni siquiera estaban bien detallados. Es decir, en suposiciones. En intuiciones. En prejuicios.
Dolores salió de prisión, pero el daño ya estaba hecho. La repetición del juicio nunca llegó a celebrarse.
Y entonces ocurrió lo que desmontó definitivamente el caso.
El giro que lo dejó todo en evidencia
En 2003, el asesinato de Sonia Carabantes cambió el rumbo de la historia. El ADN encontrado en su cuerpo llevó hasta Tony Alexander King. El mismo ADN apareció también en pruebas relacionadas con el asesinato de Rocío Wanninkhof.
King fue condenado a 35 años por el crimen de Carabantes y a 20 años por el de Wanninkhof. El responsable real. El culpable que nunca fue sospechoso al principio.
Mientras tanto, Dolores Vázquez había pasado más de un año en prisión. Injustamente. Señalada. Expuesta. Destrozada.
Reparación institucional, deuda pendiente
Ahora, el Gobierno intenta reparar ese daño. El acto del 27 de abril contará con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También se ha invitado al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Se le entregará una medalla. Se hablará de reparación. Se reconocerá el error.
Pero hay algo que sigue faltando. Algo básico.
Nadie ha pedido perdón de forma clara y directa.
Ni las instituciones que fallaron. Ni los medios que construyeron el relato. Ni quienes alimentaron la sospecha.
Porque lo que le ocurrió a Dolores Vázquez no fue solo un error judicial. Fue un fallo colectivo. Un sistema que permitió que los prejuicios sustituyeran a las pruebas.
Un país que decidió quién era culpable antes de comprobarlo.
Y eso, por mucho que pasen los años, sigue siendo una deuda incómoda.
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