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Finalmente, el sentido común gana una batalla: la incompatibilidad de luchar contra el cambio climático mientras se amplía un aeropuerto ha pesado por encima de todo.
Todo el proyecto se ha venido abajo. El Gobierno central y la Generalitat de Catalunya habían acordado ampliar el aeropuerto de Barcelona para convertirlo en un hub intercontinental a pesar de todas las voces en contra que se encontraban.
La faraónica obra incluía una inversión para construir estaciones de AVE en los aeropuertos de Girona y Reus para conectarlas con el de Barcelona en unos 30 minutos y suponía afectar el espacio natural de La Ricarda, protegido por la Red Natura 2000, un paraíso de hectáreas de espesos carrizales, pinares y una frondosa vegetación litoral que esconden una laguna y que se extienden hasta tocar el mar.
El Ayuntamiento del Prat y el de Barcelona han mostrado repetidamente su frontal rechazo al proyecto de ampliación, solo algunas voces socialistas estaban a favor. Asimismo, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, advertía de que antes de que «pueda salir adelante» la ampliación «es necesario abordar las deficiencias» en el Delta del Llobregat, por las cuales el ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción a España.
Muchos éramos quienes nos preguntábamos por la incompatibilidad de luchar contra el cambio climático mientras se amplía un aeropuerto, aumentando el tráfico aéreo, uno de los medios de transporte más contaminante.
Fin del proyecto
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha volcado toda la culpa sobre la política, ignorando la presión social y del movimiento ecologista. Fines el electoralistas. En realidad, la Generalitat no quería mancharse las manos a cuenta de la posible afectación medioambiental del espacio protegido de la Ricarda.
En una comparecencia pública en la sede barcelonesa de la Delegación del Gobierno en Cataluña denunció que el Gobierno de Pere Aragonès se comprometió el 2 de agosto a respaldar la ampliación. Un acuerdo que se ha quebrado ante recientes declaraciones del presidente catalán y de portavoces de su Ejecutivo contra las obras previstas.
El Gobierno quiere que Catalunya vuelva a ser un motor económico de España, pero no va a imponer este proyecto porque la Generalitat no lo hace posible», ha resumido Sánchez. Fin del proyecto.
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