Rico, culpable y libre: Aldama y la confirmación de que la justicia también tiene clases 

La sentencia del Supremo deja una imagen difícil de maquillar: quien se enriqueció con las mascarillas durante la pandemia no pisará la cárcel y no devolverá los 3,7 millones de euros de comisión.

LA PANDEMIA COMO NEGOCIO Y EL CASTIGO COMO TEATRO

La justicia acaba de regalar otra escena para el manual de la descomposición institucional. El 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por el caso Mascarillas. A su antiguo asesor, Koldo García, le impuso 19 años y 8 meses. Y a Víctor de Aldama, empresario, comisionista y jefe de la trama según la propia arquitectura del caso, cuatro años y medio. Hasta ahí, alguien podría pensar que el sistema ha funcionado.

Pero no. No exactamente.

Porque Aldama no tendrá que entrar en prisión. Y, por si la broma no fuese suficientemente obscena, tampoco deberá devolver los 3,7 millones de euros que, según la propia sentencia, obtuvo como comisión por las adjudicaciones de mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción había pedido que afrontara una multa equivalente a esa cantidad. El Supremo no lo acepta. La razón jurídica está ahí, escrita con la frialdad habitual de las resoluciones judiciales: Aldama no ha sido condenado por aprovechamiento de información privilegiada, sino por organización criminal y cohecho.

Traducción política: el comisionista sale mucho mejor parado que quienes no tienen dinero para pagar una buena defensa, negociar una colaboración o convertirse en pieza útil para el relato judicial.

La sentencia solo le impone, de forma solidaria con Ábalos y Koldo García, el decomiso de 430.298 euros por las ganancias vinculadas al delito de cohecho. También tendrá que pagar dos multas que suman 72.000 euros por organización criminal y cohecho. En total, una mordida asumible para quien, según los magistrados, se embolsó 3,7 millones en las operaciones de Puertos del Estado y ADIF. Si miramos el conjunto de sus negocios con mascarillas, incluyendo el suministro al Ministerio del Interior, el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (estos dos últimos investigados en la Audiencia Nacional), los beneficios ascienden a 6,6 millones de euros.

Es decir: la pandemia fue para millones de personas miedo, enfermedad, encierro y muerte; para otros fue una oportunidad de negocio con margen millonario.

Y aquí está el verdadero escándalo. No solo que se robara o se traficara con influencias mientras el país buscaba mascarillas a la desesperada. No solo que se jugara con la urgencia sanitaria como quien juega a bolsa. Lo insoportable es que, después de todo, la maquinaria judicial produzca una foto tan vieja: el poderoso cae de pie, el rico negocia, el intermediario canta, coopera, reduce daños y se va a casa.

El Supremo justifica la suspensión de la pena de Aldama porque su colaboración permitió esclarecer los hechos. También porque deberá realizar trabajos en beneficio de la comunidad y no delinquir de nuevo. Según la lógica del tribunal, con un año de servicios a la comunidad se repara el mal causado.

Un año. Frente a 3,7 millones.

Pausa necesaria.

¿De verdad alguien cree que esa proporción transmite justicia? ¿De verdad alguien puede mirar a las enfermeras y enfermeros que trabajaron sin protección suficiente, a las familias que enterraron a sus mayores, a las trabajadoras y trabajadores esenciales que se jugaron la salud, y explicarles que el jefe de la trama repara el daño con servicios comunitarios?

CUANDO LA CORRUPCIÓN TIENE ABOGADO, LA CÁRCEL SE VUELVE OPCIONAL

El relato de hechos es demoledor. Según la sentencia, durante la pandemia los tres acusados actuaron “de mutuo acuerdo” y utilizaron su influencia para que Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama, resultara adjudicataria de contratos de suministro de mascarillas en organismos dependientes del Ministerio de Transportes: Puertos del Estado y ADIF. La palabra técnica es cohecho. La palabra política es saqueo.

La primera operación se cerró el 20 de marzo de 2020, mediante una orden ministerial firmada por Ábalos y publicada al día siguiente. Se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas, con la finalidad de adjudicar el suministro a Soluciones de Gestión. Cuatro días antes de esa publicación, Soluciones de Gestión ya había firmado con Comercial Cueto 92 SL un acuerdo de colaboración para contratar y suministrar mascarillas. El 21 de marzo de 2020, Puertos del Estado adjudicó el contrato a la empresa de la trama por 20.000.000 de euros, a 2,5 euros por mascarilla.

Pocos días después llegó la segunda compra. ADIF adquirió 5.000.000 de mascarillas por 12,5 millones de euros. Otra operación pública. Otro contrato bajo la presión brutal de la emergencia. Otra puerta abierta para quienes entendieron que el caos sanitario era, también, una oportunidad privada.

El capitalismo de desastre no siempre llega con tanques. A veces llega con mascarillas, comisionistas, contactos en despachos y sociedades interpuestas.

Aldama cobró a través de dos sociedades: MTM 180 y Deluxe Fortune. Así funcionaba la cosa. No con una bolsa de billetes en un aparcamiento, sino con estructura empresarial, contratos, intermediarios, sociedades y lenguaje administrativo. La corrupción moderna no necesita parecer cutre. Puede ir bien vestida. Puede tener asesor fiscal. Puede tener abogados caros. Puede hablar de logística sanitaria mientras calcula comisiones.

El Supremo sostiene que no hubo aprovechamiento de información privilegiada porque, dada la pandemia y la necesidad evidente de mascarillas, era obvia la urgencia y la inminencia de la licitación. Es una argumentación jurídica. Pero políticamente deja un regusto venenoso. Porque la propia sentencia afirma que los acusados utilizaron su ascendencia para colocar a Soluciones de Gestión en dos contratos públicos. O sea, no era información privilegiada, pero sí una maniobra concertada para lucrarse usando poder institucional. No era una cosa, era la otra. Y la diferencia, para Aldama, vale millones.

Aquí se ve la grieta. La ley no siempre absuelve. A veces selecciona qué parte del delito pesa y cuál se evapora. A veces castiga el gesto, pero no desmonta el negocio. A veces convierte la colaboración del corrupto en salvoconducto. Y entonces el mensaje que recibe el país es devastador: si robas poco, prepárate; si robas mucho y sabes negociar, quizá duermas en casa.

No se trata de pedir venganza. No se trata de celebrar cárceles ni de convertir el castigo penal en espectáculo. Eso se lo dejamos a la derecha punitiva, tan dura con la pobreza y tan comprensiva con el dinero. Se trata de algo más básico: igualdad democrática. Una justicia que permite que quien se enriqueció durante una emergencia sanitaria conserve la mayor parte del botín no está reparando el daño; está administrando la indignación.

Y la indignación tiene motivos. En 2020, mientras una parte del país cosía mascarillas en casa, mientras las y los sanitarios reutilizaban material, mientras las residencias se convertían en fosas silenciosas, había gente convirtiendo cada mascarilla en margen, cada contrato en comisión, cada urgencia pública en beneficio privado. No fue un error del sistema. Fue el sistema funcionando para los de siempre.

Ábalos cae. Koldo cae. Aldama coopera y se salva de la cárcel. Esa es la foto. Y la foto dice mucho más que una sentencia. Dice que la corrupción no es solo un delito individual, sino una forma de organización del poder. Dice que el Estado puede ser saqueado en plena catástrofe y que, aun así, el dinero encuentra salidas, atajos y amortiguadores.

Rico, culpable y libre: la justicia no está ciega; mira demasiado bien a quién tiene delante.