Un diputado de Vox: “El comunismo ha sacado las conductas LGTBI del catálogo de los trastornos y las ha metido en el de los derechos humanos” 

La intervención de Antonio Martínez Nieto en la Asamblea de Murcia no fue un desliz: fue el programa político de una ultraderecha que llama libertad a perseguir derechos.

LA ESCUELA COMO CAMPO DE BATALLA DE LA REACCIÓN

El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Antonio Martínez Nieto dejó este 17 de junio una de esas intervenciones que conviene no despachar como una simple salida de tono. No lo fue. Fue bastante peor. Fue una declaración ideológica completa, una postal nítida de lo que la ultraderecha quiere hacer con las personas LGTBI, con el alumnado trans y con cualquier avance que huela a derechos humanos.

La moción presentada por Podemos-IU pedía algo muy concreto: que el Gobierno murciano elaborase un protocolo específico de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico en los centros educativos. Nada revolucionario, salvo que para la extrema derecha la mera existencia de las personas trans ya parece una revolución intolerable. La iniciativa había sido registrada el 13 de mayo por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín Martínez, al amparo del artículo 195 del Reglamento de la Cámara. También se apoyaba en el artículo 61 de la ley trans estatal, que obliga a las administraciones públicas a desarrollar este tipo de protocolos.

Pero Vox no discutió el protocolo. Vox montó un aquelarre. Martínez Nieto presentó la propuesta como parte de una supuesta “factoría comunista” destinada a “aniquilar” los valores de “la fe, la patria, la familia, la propiedad privada y la libertad individual”. Todo el museo de cera reaccionario en una sola frase. Fe, patria, familia, propiedad privada. Siempre el mismo orden sagrado. Primero la obediencia, luego la bandera, después el control del cuerpo y al final el dinero.

El diputado sostuvo que el comunismo “reinventó la lucha de clases como lucha de razas, sexos, creencias e identidades” tras la caída del Muro de Berlín. Y remató con una frase que no debería perderse entre el ruido: la ideología de género sería “el producto más refinado y más cruel de esa factoría comunista” porque, según él, “atenta contra la naturaleza humana”. Su “verdadero logro”, dijo, habría sido sacar esas conductas “del catálogo de los trastornos” para meterlas “en el catálogo de los derechos humanos”.

Ahí está todo. La nostalgia de la patologización. La añoranza del diagnóstico. El deseo político de volver a tratar la diversidad como enfermedad. No están discutiendo una ley. Están expresando una pulsión. Quieren que lo que hoy es derecho vuelva a ser vergüenza, expediente, castigo, silencio. Y lo dicen en una cámara parlamentaria, con sueldo público, mientras presumen de defender la libertad individual. La libertad individual, claro, siempre que el individuo sea como ellos mandan.

El protocolo que reclamaba Podemos-IU no salió de la nada. Colectivos LGTBIQ y el sindicato STERM habían presentado ya una propuesta técnica el 20 de noviembre ante la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación. La Consejería de Educación llevaba meses sin tramitarla. Meses. Porque en la Región de Murcia, como en tantos otros territorios gobernados con la derecha mirando de reojo a Vox, los derechos pueden esperar. El sufrimiento del alumnado puede esperar. El miedo en las aulas puede esperar. Lo urgente, por lo visto, es no molestar a los guardianes de la moral.

PP Y VOX VOTAN JUNTOS CONTRA LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO TRANS

Martínez Nieto intentó negar la necesidad del protocolo con un dato usado como coartada: “Entre los más de mil expedientes de acoso que hay en la Región de Murcia cada año, no hay ningún expediente de acoso transfóbico”, afirmó. Y concluyó que “no existe la demanda”. Es una trampa vieja. Si el sistema no registra una violencia, la violencia no existe. Si una víctima no denuncia, no hay víctima. Si una niña, un niño o une adolescente trans no encuentra un cauce seguro para contar lo que le pasa, entonces todo va bien. Qué cómodo.

La realidad es bastante más sucia. Precisamente por eso hacen falta protocolos: porque lo que no se nombra no se protege. Porque el alumnado vulnerable no siempre puede plantarse ante una administración y ponerle etiqueta jurídica a su dolor. Porque las y los docentes necesitan herramientas. Porque las familias necesitan seguridad. Porque las y los menores no deberían depender de la sensibilidad personal de cada centro, de cada dirección o de cada inspector o inspectora.

El diputado fue más lejos. Aseguró que la moción buscaba “empujar al PP contra las cuerdas” para crear equipos de orientación especializados en acoso transfóbico que funcionarían como “brigadistas de la ideología de género”. Traducido: profesionales que acompañan a alumnado vulnerable son, para Vox, brigadistas. Protocolos contra el acoso son adoctrinamiento. Derechos son amenazas. La escuela pública, para ellos, solo es aceptable si reproduce obediencia.

Martínez Nieto recordó que la Región de Murcia ya aprobó una “ley LGTB trans” autonómica que, según él, “permite el adoctrinamiento” en las aulas. Y pidió derogarla. No se quedó ahí. Dijo que Vox será una “coraza inexpugnable” para impedir que se “profane la inocencia” de las y los jóvenes con “protocolos podridos” que, en sus palabras, deben ser “desterrados” y “echados de un puntapié” del sistema educativo. La imagen es brutal. No por exagerada, sino por transparente. Quieren echar derechos a patadas. Lo han dicho casi literalmente.

La moción fue rechazada con los votos de PP y Vox. Este dato importa. Mucho. Porque cada vez que el PP intenta vender una distancia higiénica con la ultraderecha, aparece una votación concreta para recordar la verdad. Una cosa son los gestos. Otra, el botón que se pulsa. Y aquí PP y Vox pulsaron juntos contra un protocolo para proteger al alumnado trans del acoso transfóbico.

María Marín lo resumió en X con una frase dura: “Si PP y Vox llegan a gobernar volverán a meternos en armarios, manicomios y prisiones”. Puede sonar fuerte. Pero después de escuchar a un diputado celebrar, con rabia apenas disimulada, que determinadas “conductas” salieran del “catálogo de los trastornos”, quizá lo irresponsable sería fingir sorpresa. Marín también señaló que no entiende cómo se permiten intervenciones que, a su juicio, atentan contra la Constitución española. “Cuando sale a la tribuna ya estamos todos esperando a ver qué cuento de terror nos va a contar”, dijo.

Y no es un caso aislado. En abril, el mismo diputado llamó a “combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”. Aquello provocó una concentración de protesta de varios colectivos, que pidieron su expulsión de la Cámara. Un año antes, durante el debate sobre el futuro del Cine Rex de Murcia, defendió al personaje de Torrente como “lo que muchos españoles honrados y trabajadores piensan”. En 2024, atribuyó la pobreza en la Región a una “ideología del parasitismo social” e invocó la franquista Ley de Vagos y Maleantes para “los que no quieren realmente trabajar”.

No son anécdotas. Es una línea política. Contra las personas trans. Contra las mujeres que deciden sobre su cuerpo. Contra las personas pobres. Contra quien no encaja en su molde. La ultraderecha no está desbordando el debate: está enseñando el país que quiere construir. Un país donde las y los menores LGTBI vuelvan a esconderse, donde las mujeres vuelvan a obedecer, donde las personas empobrecidas vuelvan a ser sospechosas y donde la escuela pública sea vigilada por comisarios morales con nostalgia de manicomio.

Cuando alguien llama “derechos humanos” a un problema, Vox lo llama comunismo. Y cuando alguien llama “protección” a cuidar a una criatura vulnerable, Vox lo llama adoctrinamiento. Esa es la estafa. Esa es la amenaza. Y esa amenaza acaba de votar, junto al PP, contra un protocolo para que ningún alumno, ninguna alumna y ningune alumne trans tenga que aprender en silencio que sobrevivir también puede ser una asignatura.