Mohamadou Diawara murió de un disparo en una comisaría y ahora la Audiencia exige investigar lo que el juzgado quiso cerrar 

Una familia lleva desde el 24 de julio de 2025 esperando verdad, justicia y hasta el derecho básico a enterrar a su hijo. La maquinaria institucional, otra vez, llegó tarde. Y mal.

UNA MUERTE BAJO CUSTODIA NO PUEDE DESPACHARSE CON PRISA

Mohamadou Diawara tenía 22 años, un trastorno mental diagnosticado y una vida que terminó el 24 de julio de 2025 dentro de unas dependencias policiales de Montornès del Vallès, en Barcelona. Murió por un disparo efectuado por un agente de la Policía Local después de entrar en comisaría con un cuchillo. Esa es la versión básica. La que cabe en un titular. La que suele servir para cerrar rápido el cajón cuando la víctima es joven, racializada, pobre o vulnerable.

Pero una muerte en comisaría no se archiva como quien firma una multa. No debería. Porque cuando una persona muere por el uso de fuerza letal a manos de agentes del Estado, lo mínimo exigible no es confianza ciega. Es investigación. Es prueba. Es reconstrucción. Es verdad material. El Estado no puede disparar, perder la grabación clave porque una cámara estaba estropeada y luego pedir fe.

La Audiencia de Barcelona ha tenido que recordárselo al juez de Granollers. Y el recordatorio suena a bofetada institucional. Los magistrados hablan de un “hecho grave”: la muerte de un ciudadano en dependencias policiales. También recuerdan que existe una obligación “ineludible” de hacer una instrucción exhaustiva. Traducido: no vale mirar hacia otro lado, no vale dar por buena una versión policial sin apurar las pruebas y no vale convertir a la familia en una molestia procesal.

La familia pedía algo elemental. Un informe médico forense para medir los orificios de entrada y salida de la bala, analizar distancias y perpendiculares, y determinar la posición exacta de Mohamadou en el momento del disparo. No era una maniobra dilatoria. No era una extravagancia jurídica. No era una conspiración. Era una prueba técnica de “escasa dificultad”, según la defensa, para reconstruir qué ocurrió justo donde no hay vídeo.

Y ahí está una de las claves. No hay grabación del momento exacto de los disparos porque la cámara que debía captar los hechos estaba averiada. Qué casualidad más útil. En cualquier democracia que se tome en serio a sí misma, esa ausencia obligaría a extremar el celo. Aquí, el instructor rechazó la diligencia porque, según él, no estaba suficientemente argumentada ni se concretaba su utilidad. La Audiencia le ha respondido con una claridad casi humillante: lo que se pide es medir los orificios de bala. Punto.

La sección 6ª de la Audiencia considera pertinente la prueba y advierte de que negarla genera indefensión a la familia, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y priva a la causa de un elemento técnico necesario para alcanzar la verdad material. Hay frases judiciales que parecen escritas con guantes. Esta no. Esta dice, sin decirlo del todo, que el juzgado estaba cerrando puertas que no podía cerrar.

LA VERDAD NO ES UNA CONCESIÓN POLICIAL

Los Mossos d’Esquadra concluyeron a las pocas semanas que los agentes actuaron en legítima defensa y que los disparos fueron un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables. Esa versión existe y debe investigarse. Pero también existe la obligación de no convertirla en dogma. La Audiencia lo dice con precisión: no se puede descartar ninguna de las versiones ni cerrar la puerta a una prueba pericial sobre un extremo tan relevante como la posición del cuerpo en el momento del disparo.

Eso es exactamente lo que separa un Estado de Derecho de una cultura de impunidad. No basta con que una investigación policial diga que todo fue proporcional. Hay que comprobarlo. Hay que medirlo. Hay que contrastarlo. Hay que sostenerlo con pruebas. La fuerza letal no puede quedar blindada por una presunción automática de inocencia institucional mientras la víctima queda reducida a sospechosa de su propia muerte.

La familia de Mohamadou lleva demasiado tiempo soportando no solo el duelo, sino el trato frío de una maquinaria que parece diseñada para cansar a quien exige explicaciones. Según denunció elDiario.es, la paralización de la causa ha impedido durante meses enterrar el cadáver del joven. Medio año sin poder enterrar a un hijo. Hay que detenerse ahí. Medio año esperando que un juzgado haga lo que tendría que haber hecho desde el primer día.

El abogado de la madre, Eduardo Cáliz, lo resume sin rodeos: la familia quiere verdad, justicia y una investigación a la altura de un Estado de Derecho. Nada más. Nada menos. No están pidiendo privilegios. No están pidiendo venganza. Están pidiendo que se investiguen todas las circunstancias de la muerte de su hijo con la celeridad y la dignidad que exige un caso así.

Y sí, aquí aparece también la palabra que tantas instituciones intentan esquivar: racismo. La familia ha denunciado maltrato institucional y vincula el caso a la deshumanización de Mohamadou, a la falta de comprensión policial ante los problemas de salud mental y a ese sesgo que tantas veces decide quién recibe ayuda, quién recibe miedo y quién recibe una bala. No es una acusación menor. Tampoco es una sospecha nacida de la nada. En este país, las vidas racializadas suelen tener que demostrar dos veces su humanidad: primero ante la policía, luego ante los juzgados y después ante la opinión pública.

La jurisprudencia europea y nacional exige investigaciones especialmente rigurosas, eficaces y capaces de determinar si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado cuando una persona muere por actuación policial. No es poesía garantista. Es una obligación. Porque cuando quien dispara lleva uniforme, el deber de transparencia no baja: sube.

Lo que ahora ordena la Audiencia puede parecer pequeño: medir, analizar, reconstruir. Pero no lo es. En un caso sin vídeo del disparo, con una cámara averiada, con una familia esperando desde el 24 de julio de 2025, con un joven de 22 años muerto en una comisaría y con un juzgado que había negado una prueba clave, ese informe forense puede marcar la diferencia entre investigar y tapar.

La pregunta no es si Mohamadou entró con un cuchillo. La pregunta es si el Estado hizo todo lo posible para no matarlo. Y esa pregunta, por mucho que incomode, no se contesta con silencio, retrasos ni carpetazos con sello oficial.

Cuando una familia tiene que pelear hasta por la medición de una bala, el problema ya no está solo en el disparo: está en todo lo que viene después.