La presidenta de Madrid sigue esquivando su responsabilidad en la tragedia de las residencias mientras la Fiscalía investiga los ‘protocolos de la vergüenza’
Isabel Díaz Ayuso puede seguir vendiendo su relato de éxito, pero hay cifras que pesan como una losa y preguntas que nunca dejarán de perseguirla. 7.291 personas mayores murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria en la Comunidad de Madrid. No es una anécdota, no es un dato secundario: es la consecuencia directa de una política sanitaria que decidió quién merecía vivir y quién no.
Durante la pandemia, la presidenta madrileña ordenó no derivar a los mayores enfermos de COVID a los hospitales, aplicando los tristemente célebres ‘protocolos de la vergüenza’. Unas directrices que discriminaban a personas con discapacidad o deterioro cognitivo, negándoles el acceso a un sistema sanitario que se supone universal. Un crimen político que aún hoy sigue bajo el foco de la Fiscalía.
Pero Ayuso sigue en campaña. Sigue presumiendo de su gestión y repitiendo su discurso de «libertad», sin una sola mención a las miles de familias que siguen esperando justicia. Esta vez fue en un foro en Ribadeo donde alguien decidió recordarle lo que ella y sus medios afines intentan enterrar.
UNA PREGUNTA QUE LA DESCOLOCA
En el acto, tras un nuevo ejercicio de autobombo en el que defendió la «historia de superación» de Madrid, Ayuso abrió turno de preguntas. Y entonces llegó la incomodidad. Un asistente le recordó lo que nunca podrá borrar: la orden de no trasladar a los mayores, sus propias declaraciones justificando esas muertes y la frialdad con la que defendió que «iban a morir igual».
«¿Se arrepiente de aquella situación?», preguntó el asistente.
La respuesta de Ayuso fue la misma de siempre: victimismo, ataque y desvío de la cuestión. No hubo una sola palabra de autocrítica, ni un atisbo de empatía con las familias que han perdido a sus seres queridos sin poder despedirse de ellos. Para Ayuso, todo lo que la incomoda es un ataque político. Y así lo dejó claro: «Muchas gracias por su pregunta, que está trufada de intenciones políticas».
Su reacción dejó en evidencia lo que ya sabemos. No hay responsabilidad, no hay reflexión, solo hay un intento permanente de reescribir la historia. Pero la realidad es tozuda. Y 7.291 vidas no se olvidan.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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