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La presidenta de Madrid sigue esquivando su responsabilidad en la tragedia de las residencias mientras la Fiscalía investiga los ‘protocolos de la vergüenza’
Isabel Díaz Ayuso puede seguir vendiendo su relato de éxito, pero hay cifras que pesan como una losa y preguntas que nunca dejarán de perseguirla. 7.291 personas mayores murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria en la Comunidad de Madrid. No es una anécdota, no es un dato secundario: es la consecuencia directa de una política sanitaria que decidió quién merecía vivir y quién no.
Durante la pandemia, la presidenta madrileña ordenó no derivar a los mayores enfermos de COVID a los hospitales, aplicando los tristemente célebres ‘protocolos de la vergüenza’. Unas directrices que discriminaban a personas con discapacidad o deterioro cognitivo, negándoles el acceso a un sistema sanitario que se supone universal. Un crimen político que aún hoy sigue bajo el foco de la Fiscalía.
Pero Ayuso sigue en campaña. Sigue presumiendo de su gestión y repitiendo su discurso de «libertad», sin una sola mención a las miles de familias que siguen esperando justicia. Esta vez fue en un foro en Ribadeo donde alguien decidió recordarle lo que ella y sus medios afines intentan enterrar.
UNA PREGUNTA QUE LA DESCOLOCA
En el acto, tras un nuevo ejercicio de autobombo en el que defendió la «historia de superación» de Madrid, Ayuso abrió turno de preguntas. Y entonces llegó la incomodidad. Un asistente le recordó lo que nunca podrá borrar: la orden de no trasladar a los mayores, sus propias declaraciones justificando esas muertes y la frialdad con la que defendió que «iban a morir igual».
«¿Se arrepiente de aquella situación?», preguntó el asistente.
La respuesta de Ayuso fue la misma de siempre: victimismo, ataque y desvío de la cuestión. No hubo una sola palabra de autocrítica, ni un atisbo de empatía con las familias que han perdido a sus seres queridos sin poder despedirse de ellos. Para Ayuso, todo lo que la incomoda es un ataque político. Y así lo dejó claro: «Muchas gracias por su pregunta, que está trufada de intenciones políticas».
Su reacción dejó en evidencia lo que ya sabemos. No hay responsabilidad, no hay reflexión, solo hay un intento permanente de reescribir la historia. Pero la realidad es tozuda. Y 7.291 vidas no se olvidan.
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Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.