Primera denuncia penal contra Milei, ¿a qué se enfrenta por su ‘criptoestafa’? 

Organismos internacionales han comenzado a investigar las posibles repercusiones globales del fraude.

Javier Milei, presidente de Argentina, ha sido denunciado penalmente por primera vez en su gestión, acusado de participar en una de las estafas financieras más grandes de la historia reciente del país. La denuncia, presentada por los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, junto a la ingeniera María Eva Koutsovitis y el economista Claudio Lozano, lo señala como partícipe necesario en el fraude de la criptomoneda $LIBRA. La presunta estafa afectó a más de 40.000 personas y causó pérdidas superiores a los 4.400 millones de dólares.

Según el documento judicial, Milei utilizó su cuenta oficial en redes sociales para promocionar $LIBRA, asegurando que se trataba de un «proyecto privado» para financiar emprendimientos argentinos. Sin embargo, poco después, la criptomoneda se desplomó y dejó a miles de personas en la ruina mientras un pequeño grupo de inversores iniciales se llevó 87,4 millones de dólares en ganancias. Entre los denunciados también figuran Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del expresidente Carlos Menem, así como los militantes libertarios Agustín Laje y «Gordo Dan».

La denuncia señala la posible existencia de una «organización concertada» para cometer la estafa de manera premeditada y en simultáneo. Por ello, se han solicitado medidas cautelares como registros en la residencia presidencial y la incautación de dispositivos electrónicos para analizar el rol de Milei en la trama. Además, la justicia analiza el bloqueo de carteras digitales y cuentas bancarias de los implicados para rastrear los fondos desviados.

LAS CONSECUENCIAS LEGALES Y POLÍTICAS PARA MILEI

Las repercusiones de la denuncia van más allá del ámbito judicial. En el Congreso, la oposición y sectores tradicionalmente «dialoguistas» han exigido que Milei dé explicaciones inmediatas. Además, el escándalo ha impulsado un pedido de juicio político, que podría desembocar en su destitución si se confirma su implicación en la estafa. La Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados analiza la viabilidad de iniciar el proceso, en un clima de creciente descontento social.

Desde el mundo sindical, la CGT y las dos CTA han calificado el caso como «una grave irresponsabilidad institucional» y han pedido la intervención de la Unidad de Información Financiera y la Procuraduría de Narcocriminalidad para esclarecer los hechos. Mientras tanto, organismos internacionales han comenzado a investigar las posibles repercusiones globales del fraude.

Milei, lejos de dar respuestas concretas, ha optado por la confrontación. Su estrategia ha sido atacar a la oposición y desviar la atención, acusando a sus críticos de ser parte de «la casta política» que busca su caída. Sin embargo, la evidencia acumulada y la indignación pública han erosionado su imagen incluso entre sus propios seguidores.

Con una economía en crisis, una creciente presión internacional y una denuncia penal en curso, Milei enfrenta el momento más crítico de su presidencia. La pregunta ya no es si el escándalo lo afectará, sino si logrará sobrevivir políticamente a esta crisis sin precedentes.