Sánchez lleva a Bruselas lo que Europa intenta esconder bajo la alfombra 

La Flotilla, Gaza y los asentamientos ilegales vuelven a retratar a una UE que solo descubre el Derecho internacional cuando no molesta a sus aliados.

EUROPA ANTE EL ESPEJO DE ISRAEL

Bruselas acoge este jueves y viernes un nuevo Consejo Europeo con su menú habitual de tecnocracia, competitividad, Ucrania, China y grandes palabras cuidadosamente desinfectadas. Pero esta vez hay algo que no cabe debajo de la moqueta diplomática: los asaltos a la Flotilla solidaria con Palestina, la humillación de activistas en aguas internacionales y la obscenidad política de una Unión Europea que sigue dudando si sancionar a responsables israelíes mientras Gaza continúa bajo asedio.

Pedro Sánchez llega a la cita con una posición que Moncloa quiere presentar como frontal. El presidente defenderá que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan una condena explícita a la interceptación de la Flotilla solidaria con Palestina y pedirá medidas restrictivas contra los responsables. No es un gesto menor. Tampoco basta. Cuando un Estado humilla a activistas que intentan llevar ayuda humanitaria, el problema no es protocolario: es político, jurídico y moral.

El 20 de mayo, Sánchez ya anunció en X que propondría sanciones europeas contra Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. Lo hizo tras unas imágenes que calificó de “inaceptables”, en las que se veía al dirigente israelí humillando a integrantes de la flotilla internacional. Añadió que España no iba a tolerar que nadie maltratara a sus ciudadanos. Ben Gvir, conviene recordarlo, tiene prohibida la entrada en España desde septiembre. Ahora el Gobierno quiere que esa medida deje de ser española y pase a escala europea.

Ahí empieza el problema. O mejor dicho, ahí se ve el problema. El régimen sancionador europeo exige unanimidad, y países como Alemania, Bulgaria o República Checa no están por la labor. La UE vuelve a enseñar su mecanismo más repugnante: proclama valores universales, pero basta con que una potencia aliada sea la señalada para que el Derecho internacional se convierta en literatura decorativa. La unanimidad, cuando sirve para bloquear sanciones contra la impunidad, deja de ser prudencia y se convierte en complicidad.

Moncloa sabe que no tiene garantizado el consenso. Lo reconoce. Pero insiste en seguir empujando. Y eso importa, porque entre las personas detenidas durante las últimas semanas había personas de nacionalidad española. No hablamos de una abstracción geopolítica, sino de activistas concretos, cuerpos concretos, ciudadanía concreta. Gente que intentaba romper el cerco de la indiferencia y recibió la pedagogía habitual de la violencia de Estado.

El Gobierno quiere, al menos, una mención de condena. La mínima decencia convertida en objetivo diplomático. Así estamos. Hay que negociar que Europa diga que humillar a activistas solidarios no está bien. Hay que mendigar una frase. Hay que convencer a gobiernos que se llenan la boca con Ucrania de que el Derecho internacional también existe cuando la víctima es Palestina.

ASENTAMIENTOS, ORMUZ Y CHINA: LA HIPOCRESÍA COMO POLÍTICA EXTERIOR

La situación humanitaria en Gaza no mejora. Esa frase, repetida ya demasiadas veces, corre el riesgo de sonar administrativa. No lo es. Significa hambre, destrucción, desplazamiento, familias enterradas, hospitales rotos, infancia amputada y una población sometida al castigo colectivo mientras una parte de Occidente busca la manera más cómoda de no mirar demasiado. No es una crisis humanitaria caída del cielo: es el resultado de decisiones políticas sostenidas, permitidas y financiadas.

España también pedirá vetar la entrada de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes. Lo avanzó José Manuel Albares este lunes en el Consejo de Exteriores celebrado en Luxemburgo. Esta medida no necesita unanimidad, sino mayoría cualificada. Y ahí está la clave: Albares pidió a los Estados miembros votar para “posicionarse” y “verificar” si esa mayoría existe. Traducido: dejar de esconderse. Poner nombre y voto a quienes dicen defender el Derecho internacional pero luego se arrugan cuando toca tocar intereses israelíes.

El ministro lo formuló con claridad: se trata del cumplimiento del Derecho internacional y de las opiniones del Tribunal Internacional de Justicia. España, según recordó, no ha esperado a una decisión de la UE y ya aplica esta línea desde hace meses. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, se limitó a decir que trasladaría la voluntad a la Comisión Europea. Otra vuelta al circuito. Otra puerta giratoria institucional. Otra forma elegante de enfriar lo urgente.

Mientras tanto, el Consejo Europeo no votará esta semana la medida. Queda pendiente saber cuántos países se atreven a sostener en público lo que dicen en privado. Porque la UE funciona mucho así: declaraciones solemnes, reuniones densas, ruedas de prensa medidas al milímetro y, cuando llega la hora de cortar el comercio con la colonización ilegal, aparecen los matices. Siempre los matices. Los derechos humanos, cuando dependen del mercado, dejan de ser derechos y pasan a ser mercancía diplomática.

También estará sobre la mesa el acuerdo entre Irán y EEUU, firmado prácticamente al mismo tiempo que se celebra el Consejo Europeo. España espera que la UE insista en el respeto al Derecho internacional y al Derecho del mar, aunque todavía queda por conocer la letra pequeña del pacto. El Gobierno se ha sumado a una declaración conjunta de más de 30 países que defiende la vía diplomática y el diálogo como salida a la crisis, y reclama garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

La diplomacia siempre es preferible a la guerra. Eso debería ser evidente. Pero también conviene decirlo sin ingenuidad: las potencias hablan de estabilidad regional cuando temen por el petróleo, las rutas comerciales o sus alianzas militares. Gaza, en cambio, puede esperar. Palestina puede esperar. Las vidas palestinas, según el orden mundial realmente existente, siempre pueden esperar un poco más. Hasta que ya no queda nadie esperando.

Y aparece China. Moncloa quiere un debate serio sobre la relación entre la UE y el gigante asiático. Todos los países europeos arrastran un déficit comercial creciente con China, y Sánchez defiende una relación más pragmática. Ha visitado el país anualmente y rechaza una retórica anti-China que empuje a Europa hacia una guerra comercial. Tiene sentido. La UE necesita negociar, no posar de imperio sin ejército, sin autonomía estratégica y sin proyecto propio más allá de obedecer a Washington cuando toca y quejarse cuando duele.

La paradoja es brutal. Europa presume de reglas, pero no sabe aplicarlas a Israel. Presume de autonomía, pero mira de reojo a EEUU. Presume de paz, pero alimenta la militarización. Presume de comercio justo, pero titubea ante asentamientos ilegales. Presume de derechos, pero administra silencios ante el genocidio en Gaza.

Este Consejo Europeo no va solo de Sánchez, ni de Moncloa, ni de una frase en unas conclusiones. Va de una pregunta mucho más incómoda: cuántas pruebas necesita Europa para dejar de tratar a Israel como excepción permanente. Porque si humillar a activistas, interceptar flotillas, castigar a Gaza y sostener asentamientos ilegales no basta para sancionar, entonces el problema no es la falta de consenso.

El problema es que Europa ya eligió hace tiempo de qué lado cerrar los ojos.