Podemos pide que Morocho declare por la guerra sucia contra el partido 

El policía que investigó la caja B del PP relató en Kitchen cómo intentaron arrastrarlo al lodazal del informe PISA, una de las piezas más sucias de la operación contra Podemos.

MOROCHO, EL POLICÍA INCÓMODO QUE NO QUISIERON DOBLEGAR

Podemos ha pedido al juez Santiago Pedraz que cite como testigo al inspector jefe Manuel Morocho en la causa sobre la guerra sucia contra el partido. No es un nombre cualquiera. Morocho fue el policía que investigó Gürtel y la caja B del PP, el agente que no miró hacia otro lado cuando la corrupción del partido de Mariano Rajoy empezaba a enseñar las costuras de un régimen podrido hasta la moqueta. Y por eso, precisamente por eso, acabó apartado, presionado y enviado al corazón de la brigada política.

Policías al servicio de intereses partidistas, informes basura, medios dispuestos a amplificar montajes y una maquinaria institucional utilizada para golpear adversarios políticos. No hablamos de una anécdota. Hablamos de Estado. De cloacas. De una democracia convertida en herramienta de persecución cuando el poder siente que puede perder el control.

Durante el juicio de Kitchen, Morocho contó episodios que vivió en primera persona. Y lo que relató es grave. Muy grave. Según su declaración, una de las formas de acosarle fue enviarlo al lugar donde se movía la brigada política del PP. Allí, según explicó, le entregaron el dosier conocido como Pablo Iglesias Sociedad Anónima, el famoso informe PISA, construido sobre la supuesta financiación de Podemos por parte de Irán y Venezuela. Una basura política que los tribunales acabaron despreciando, pero que antes sirvió para intoxicar tertulias, titulares y campañas.

El objetivo era claro. No bastaba con investigar al PP. Había que castigar a quien investigaba al PP. Morocho se convirtió en un problema porque hacía su trabajo. En un país serio, eso debería proteger a un funcionario público. En la España de las cloacas, lo convirtió en objetivo.

En Kitchen, la mayoría de investigados intentó sostener que aquella operación era legal y que buscaba localizar dinero oculto de Luis Bárcenas y posibles testaferros. La Fiscalía defiende otra cosa: que el verdadero objetivo era recuperar pruebas que el extesorero conservaba sobre la caja B del PP y sobre el conocimiento de esa financiación irregular por parte de Mariano Rajoy. El dato que destroza el relato defensivo es sencillo: ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del operativo montado en paralelo.

La consecuencia de mantenerse firme fue una cadena de presiones. José Luis Olivera, investigado en Kitchen y señalado también como artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, le ofreció un destino bien pagado en Lisboa. Después, el director adjunto operativo Eugenio Pino, también en el banquillo de Kitchen, le puso sobre la mesa cualquier embajada. Los destinos dorados. El premio por apartarse. Morocho dijo que no. Y cuando no pudieron comprar su salida, buscaron otra vía: cargarle de trabajo y meterlo en la Dirección Adjunta Operativa, el espacio donde se cocinaron maniobras contra la oposición.

EL INFORME PISA Y LA PATA MEDIÁTICA DE LA CLOACA

Podemos ejerce la acusación popular en Kitchen y, durante el interrogatorio, su abogado preguntó a Morocho por aquel destino en la DAO. El inspector jefe explicó que le dijeron que iba como experto financiero porque había salido la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza y aquello había sido “un error” que le había costado “un disgusto al ministro”. Otra pieza del mismo método: fabricar sospechas, lanzarlas, erosionar reputaciones y después dejar que el barro haga su trabajo aunque el montaje se desplome.

Morocho contó que primero le dieron “alguna cosa” sobre la familia Pujol, incluso un documento en inglés de garantía societaria. Pero duró poco allí. Uno o dos días, según su relato, antes de ser trasladado a la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, la BARC. Aquella estructura, incrustada bajo el paraguas opaco de Asuntos Internos, sirvió para revisar causas cerradas que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de corregir supuestos errores pasados. Causas cerradas. Con sentencia firme. Pero la derecha española nunca ha tenido demasiado respeto por la verdad judicial cuando la mentira política le resulta más útil.

Y entonces aparece Podemos. Aparece el informe PISA. Morocho declaró que se lo entregó José Ángel Fuentes Gago, también juzgado en Kitchen e investigado por la guerra sucia contra Podemos. Según su testimonio, Fuentes Gago le pidió que analizara el contenido del dosier. El mismo informe usado para insinuar que Podemos estaba financiado por Irán y Venezuela. El mismo papel que acabaría siendo despreciado por los tribunales. El mismo veneno, servido con membrete policial para que pareciera verdad.

Pero faltaba una pata. La mediática. Siempre falta y siempre aparece. Morocho contó que el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano le llevó a ver a un periodista cuyo nombre no desveló para que le explicara “el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. Ahí está el mecanismo casi completo: se fabrica o se alimenta un dosier, se busca barniz policial, se filtra a medios afines y se deja que la sospecha sustituya a la prueba. No necesitaban ganar en los tribunales. Les bastaba con contaminar la opinión pública.

Podemos sostiene ahora que PISA fue el origen de una operación policial bautizada por la UDEF como Venus, una de las líneas de investigación que siguen vivas en el juzgado de Pedraz. Por eso pide que la Unidad de Asuntos Internos tome declaración a Morocho y trate de determinar quién elaboró el informe, quién movió los hilos y qué maniobras rodearon su difusión.

La pregunta de fondo es incómoda, y por eso la derecha mediática intentará enterrarla bajo ruido: ¿quién convirtió recursos públicos, mandos policiales y altavoces informativos en una maquinaria de acoso contra adversarios políticos? Porque esto no va solo de Podemos. Va de saber si en España hubo una estructura parapolicial trabajando para proteger al PP y destruir a quienes podían amenazar su poder.

Cuando un partido usa el Estado como una navaja contra sus rivales, ya no estamos ante corrupción: estamos ante una forma de sabotaje democrático con uniforme, despacho y tertulia.