Gigafactorías de IA: el nuevo pelotazo digital que amenaza con convertir territorios enteros en zonas de sacrificio 

España quiere una de las grandes infraestructuras europeas de inteligencia artificial, pero el debate incómodo sigue fuera de la foto: quién paga, quién decide, quién controla y cuánta agua, energía y suelo se van a quemar para sostener la nube.

Una carrera de miles de millones

Europa quiere tener su propia inteligencia artificial. Esa es la frase bonita. La vendible. La que cabe en una rueda de prensa, en un plan estratégico y en un titular amable sobre soberanía tecnológica. Bruselas no quiere depender de Estados Unidos ni de China para entrenar modelos de IA, desplegar sistemas avanzados y sostener su propia infraestructura digital. Hasta ahí, cualquiera entiende el problema.

Pero luego viene la letra pequeña. Y la letra pequeña pesa toneladas.

La Unión Europea ha puesto sobre la mesa 20.000 millones de euros para levantar entre tres y cinco grandes “gigafactorías de IA”. España quiere una. El Gobierno ha decidido correr antes incluso de que Bruselas publique el concurso oficial y ya ha aprobado más de 1.000 millones de euros para apuntalar la candidatura: 719 millones para la sociedad público-privada que gestionaría la infraestructura y otros 300 millones como aportación voluntaria a EuroHPC, el organismo europeo que coordina las inversiones en supercomputación.

No hablamos de una oficina con ordenadores. No hablamos de “la nube”, esa palabra blanda que parece diseñada para que nadie piense en hormigón, tuberías, líneas eléctricas, refrigeración, ruido, calor y territorio ocupado. Hablamos de infraestructuras capaces de reunir hasta 100.000 chips avanzados, enormes cantidades de potencia de cálculo, datos, agua, energía, fibra óptica y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA gigantescos.

La nube no flota. La nube se enchufa. La nube se refrigera. La nube consume. Y mucho.

La gigafactoría española: dinero público, control privado

La candidatura española se plantea con dos polos: Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. La explicación oficial y empresarial habla de pragmatismo, disponibilidad de suelo, potencia eléctrica, acceso al agua, fibra óptica, cercanía al Barcelona Supercomputing Center y músculo corporativo en el corredor del Henares. Todo muy técnico. Todo muy razonable. Todo muy limpio sobre el papel.

Pero el diseño político y económico deja una pregunta bastante menos cómoda: si esto se paga con una cantidad gigantesca de dinero público, ¿quién va a mandar realmente?

Según lo publicado, el Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada. La Generalitat aportará un 1%. Telefónica, ACS y Banco Santander figuran como socios privados principales, con un 15,67% cada uno. El 4% restante correspondería a Multiverse Computing, una startup vasca en la que el Gobierno ya ha invertido 150 millones para convertirla en pieza tecnológica nacional del proyecto.

Resultado: el bloque privado alcanzaría el 51% del capital. Traducido: el Estado pone una parte descomunal del dinero, pero el control efectivo queda en manos privadas.

Qué sorpresa.

El relato público habla de independencia tecnológica europea, innovación, investigación, pymes, riqueza, futuro. Pero el esquema empieza a oler a lo de siempre: socializar el riesgo, privatizar el mando, envolverlo todo en una bandera europea y esperar que nadie pregunte demasiado.

Soberanía tecnológica, sí. Barra libre, no

La idea de reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China no es absurda. Al contrario. Europa tiene un problema real si sus infraestructuras digitales críticas dependen de empresas, chips, nubes y software controlados desde fuera. El propio debate sobre seguridad, datos y autonomía estratégica apunta en esa dirección. La cuestión es otra.

La cuestión es si una infraestructura financiada con dinero público va a estar gobernada democráticamente o si se va a convertir en otro campo de negocio para Telefónica, ACS, Santander y los gigantes del sector.

La cuestión es qué modelos se van a entrenar, con qué datos, con qué criterios, bajo qué supervisión y al servicio de quién. No es una discusión técnica. Es una discusión política. Profundamente política.

Porque la inteligencia artificial no es neutral. Nunca lo fue. Decide prioridades, automatiza decisiones, clasifica personas, ordena recursos, vigila, predice, perfila, discrimina si se la deja discriminar y concentra poder si se la diseña para concentrarlo. Y ahora se pretende construir la maquinaria física que hará posible esa escala. Sin debate social suficiente. Sin control ciudadano real. Sin una conversación pública a la altura del dinero y del impacto.

La coalición IA Ciudadana ya lo ha advertido: una infraestructura pública de esta escala no puede gestionarse como un trámite de legitimación a posteriori. No vale convocar a la sociedad civil cuando el pastel ya está cortado. No vale pedir aplausos después de haber decidido quién se sienta en la mesa.

La aberración ecológica: la nube también seca territorios

Aquí está el punto que no se puede maquillar con powerpoints verdes: estas infraestructuras son una aberración ecológica si se despliegan sin límites, sin planificación democrática y sin asumir los costes reales.

Los centros de datos necesitan cantidades enormes de electricidad para funcionar y cantidades enormes de refrigeración para no arder. La Agencia Internacional de la Energía calcula que el consumo eléctrico global de los centros de datos se duplicará hasta 2030 y alcanzará unos 945 TWh. El crecimiento previsto ronda el 15% anual entre 2024 y 2030, más de cuatro veces el ritmo de crecimiento de la demanda eléctrica total del resto de sectores. Y en los servidores acelerados, los que empuja sobre todo la IA, el crecimiento previsto es aún más brutal: alrededor del 30% anual.

Eso no es una anécdota. Es una presión directa sobre el sistema eléctrico, sobre la red, sobre la planificación energética y sobre el territorio. Luego vendrán las empresas a decir que todo será renovable. Como si la palabra “renovable” borrara el problema. No lo borra.

Una infraestructura puede alimentarse con renovables y seguir siendo un desastre si acapara energía que necesitamos para descarbonizar viviendas, transporte, industria, agricultura, servicios públicos y consumo básico. La electricidad renovable también ocupa territorio, exige redes, requiere materiales, desplaza usos y tiene límites. No aparece por magia porque un directivo diga “cero emisiones” en un congreso.

Y luego está el agua. El agua real. La de los ríos, acuíferos, redes municipales y territorios que ya viven bajo estrés climático.

Aragón como laboratorio del saqueo digital

El caso de Aragón es el aviso más claro. Grandes tecnológicas y fondos de inversión están empujando una expansión acelerada de centros de datos de hiperescala. Amazon, Microsoft y otros actores han encontrado una combinación perfecta: suelo, energía, agua, administraciones dispuestas a alfombrar el camino y una narrativa de modernización que convierte cualquier crítica en atraso.

Pero no es atraso. Es defensa del territorio.

La petición impulsada por Ecologistas en Acción Aragón en Resist.es lo resume con una claridad incómoda: estos centros consumen cientos de millones de litros de agua al año en una zona con riesgo de sequía; derrochan miles de GWh de energía eléctrica que hacen falta para descarbonizar otros sectores; ocupan cientos de hectáreas de alto valor agrario y ecosistémico; generan pocos empleos estables; alteran economías locales; traen contaminación térmica, acústica y ambiental; y se instalan con privilegios urbanísticos que permiten expropiar, recalificar suelos, reducir plazos de participación pública y abrir la puerta a exenciones municipales.

No es desarrollo. Es extractivismo con servidores.

Durante décadas se vendió el extractivismo como mina, pozo, macrogranja, autopista, ladrillo o polígono. Ahora llega con lenguaje tecnológico, promesas de IA y vídeos corporativos con gente joven sonriendo delante de pantallas. Pero el fondo es parecido: un territorio pone el agua, la energía, el suelo, la red, el impacto y la factura; otros se llevan el control, el dato, el negocio y la capacidad de decidir.

La nube, otra vez, tiene propietarios. Y casi nunca viven donde se instala la carga.

Pocos empleos, muchos privilegios

Uno de los grandes cebos de estas operaciones es el empleo. Siempre aparece. Empleo, talento, oportunidad, futuro. La misma banda sonora de todos los megaproyectos. Pero conviene mirar qué tipo de empleo, durante cuánto tiempo y a cambio de qué.

La construcción puede mover mucha mano de obra durante una fase inicial. Eso ocurre con casi cualquier infraestructura gigante. El problema es la fase operativa. Los centros de datos de hiperescala son intensivos en capital, energía, suelo y agua; no son intensivos en empleo estable proporcional al impacto que provocan. Mucha máquina, poca gente. Mucho consumo, poca redistribución.

Por eso la petición exige un mínimo de 50 empleos permanentes por MW de potencia conectada si quieren privilegios. Y hace bien. Porque no se puede conceder trato de industria estratégica a proyectos que ocupan territorio, tensionan la red y consumen recursos críticos para luego dejar una plantilla reducida y un puñado de contratas.

Esto no va de estar contra la tecnología. Esa trampa ya cansa. Va de impedir que la tecnología sea la excusa elegante para vaciar territorios, capturar recursos públicos y blindar beneficios privados.

La mentira del “impacto cero”

Las tecnológicas han aprendido a hablar en verde. “Agua positiva”. “Cero residuos”. “Energía renovable”. “Neutralidad climática”. “Compensación”. “Eficiencia”. Un vocabulario precioso, casi terapéutico. Pero el territorio no vive de promesas corporativas.

Cuando una empresa dice que compensa su consumo eléctrico con renovables, no significa que su impacto desaparezca. Significa que compra, contrata o atribuye energía renovable a su operación. La red sigue teniendo límites. La planificación sigue teniendo costes. Las infraestructuras siguen ocupando suelo. El agua sigue saliendo de algún sitio. El calor residual sigue disipándose. Las líneas siguen cruzando campos. Las subestaciones siguen creciendo. Los impactos siguen ahí.

Y hay algo más perverso: si los centros de datos acaparan buena parte de la nueva capacidad renovable, el resto de la economía tarda más en descarbonizarse. Es decir, la supuesta solución tecnológica puede convertirse en obstáculo climático. Una IA más rápida para empresas millonarias a costa de retrasar la electrificación que necesita la población. Magnífico negocio. Pésima política pública.

Quién decide el futuro de Aragón

Ecologistas en Acción Aragón ha alegado ya contra ocho proyectos y lleva a juicio la expansión de Amazon Web Services en la región. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón sigue aprobando planes para instalar más megacentros. Más potencia. Más suelo. Más redes. Más presión.

La pregunta es elemental: ¿cuántos centros de datos puede asumir Aragón? ¿Quién lo ha decidido? ¿Con qué evaluación acumulada? ¿Dónde está el debate sobre el modelo territorial? ¿Dónde está la planificación de agua y energía? ¿Dónde está la comparación con otros usos posibles de esos recursos? ¿Dónde está la garantía de que no se van a cargar a la ciudadanía los costes de ampliar redes para que las multinacionales hagan negocio?

Porque esa es otra. Las infraestructuras eléctricas no caen del cielo. Alguien las paga. Y si no se obliga a las empresas a cubrir los costes reales de expansión de la red, acabarán apareciendo en la factura de familias, autónomos y pequeñas empresas. Como siempre. La fiesta arriba, el recibo abajo.

La petición lo plantea con sensatez: moratoria a nuevos centros de datos, revisión de los criterios de acceso y conexión a la red eléctrica, prioridad a la reducción de emisiones, eliminación de privilegios fiscales y administrativos, garantías reales de información pública y participación ciudadana.

No es radical. Radical es entregar el territorio sin preguntar.

La IA no puede construirse contra la gente

España puede y debe debatir su soberanía tecnológica. Europa puede y debe reducir dependencias peligrosas. Pero nada de eso justifica levantar una nueva economía de extracción sobre territorios tratados como baterías, neveras y solares industriales al servicio de la inteligencia artificial.

Una gigafactoría de IA no es solo una promesa de investigación. Es una decisión material sobre energía, agua, suelo, poder y democracia. Y los centros de datos no son una nube inocente: son infraestructuras pesadas, hambrientas, opacas y cada vez más centrales en la economía política del siglo XXI.

Si el Gobierno quiere poner más de 1.000 millones de euros públicos sobre la mesa, la ciudadanía tiene derecho a saber quién manda, quién gana, quién vigila y quién paga los impactos. Si Aragón va a ser convertido en un hub digital europeo, Aragón tiene derecho a decidir si quiere ser eso o si está siendo empujado a convertirse en una zona de sacrificio con fibra óptica.

Porque la modernidad no puede consistir en secar territorios para entrenar modelos que luego venderán otros. No puede consistir en llamar “innovación” a un nuevo monocultivo energético. No puede consistir en poner dinero público, recursos públicos y suelo público al servicio de una infraestructura controlada por intereses privados.

La IA del futuro no puede nacer de una vieja receta de saqueo.

Y si quieren centros de datos, que empiecen por responder una pregunta sencilla: cuánta agua, cuánta energía, cuánta tierra y cuánta democracia están dispuestos a sacrificar para que la nube parezca limpia.

Aquí puede firmarse la petición para pedir freno a la invasión de los centros de datos en Aragón:

Pedimos freno a la invasión de los centros de datos en Aragón