La causa contra Zapatero se desborda entre filtraciones, joyas y una investigación cada vez más difícil de acotar 

El caso arrancó con los 53 millones de euros del rescate de Plus Ultra y ya alcanza asesorías, contratos en Latinoamérica, una caja fuerte con joyas valoradas en 1,3 millones y una denuncia de “causa general” por parte del expresidente.

La causa abierta en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de ser una investigación delimitada para convertirse en una maquinaria expansiva. Una de esas máquinas que empiezan por un punto concreto y, de pronto, lo quieren devorar todo. El juez José Luis Calama partió del rescate público de Plus Ultra, pero las diligencias ya se han extendido a los trabajos del expresidente para Análisis Relevante, a asesorías en Latinoamérica, a la empresa de sus hijas y hasta a unas joyas encontradas por la UDEF en una caja fuerte de su despacho de Ferraz.

Zapatero denuncia que está siendo sometido a una “causa general”. No es una expresión menor. La defensa sostiene que la investigación ha traspasado los márgenes razonables de una instrucción penal y que, por el camino, se ha producido un “atropello” contra su intimidad. Y ahí empieza el problema político, judicial y mediático. Porque una cosa es investigar posibles delitos. Otra, muy distinta, es convertir una causa en una red de arrastre donde cabe todo: agendas, chats, pendrives, discos duros, mensajes privados y sospechas que se van encadenando como si la amplitud fuera una prueba.

Aquí conviene no hacer trampas. Hay hechos que deben investigarse. Hay indicios que la Audiencia Nacional considera relevantes. Hay acusaciones graves. Pero también hay derechos. Y cuando la investigación penal se convierte en espectáculo, la frontera entre justicia y linchamiento se vuelve peligrosamente fina.

DEL RESCATE DE PLUS ULTRA A LAS ASESORÍAS EN LATINOAMÉRICA

La Audiencia Nacional asumió en marzo las diligencias sobre la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El origen venía de 2024, cuando la Fiscalía recibió alertas de las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate hubiera servido para alimentar una trama de lavado de dinero vinculada a Venezuela.

El caso recibió un nuevo impulso en marzo con los mensajes intervenidos en Estados Unidos al venezolano Rodolfo Reyes. Esas conversaciones fueron incautadas por las autoridades estadounidenses en 2021, cuando Reyes fue detenido temporalmente en Miami mientras era investigado por blanqueo en ese país. Pero no llegaron a la Audiencia Nacional española hasta 2026. Cinco años después. Así funciona a veces la justicia internacional: tarde, con ruido y con un potencial explosivo enorme.

Entre esas páginas aparecen referencias al “pana” Zapatero. Según el juez Calama, esos mensajes permiten sospechar que el expresidente pudo utilizar su influencia en Moncloa para favorecer el rescate de la aerolínea. En el interrogatorio, el magistrado llegó a preguntarle si en 2020 comió con Pedro Sánchez. Zapatero lo negó con contundencia: “No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”.

La sospecha judicial no se detuvo ahí. Calama y la UDEF consideran que los trabajos de Zapatero para Análisis Relevante, empresa de su amigo Julio Martínez, podrían no haber sido asesorías reales, sino una forma de pagarle por ejercer influencia política. También miran hacia Whathefav, la empresa de sus hijas, que han sido imputadas aunque todavía no han declarado.

La causa ha sumado otra derivada en los últimos días. Un informe de la UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a través de una empresa pantalla. Según la Policía, no se trataba de una simple asesoría, como recogía el contrato, sino de una supuesta intermediación ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades para resolver un pleito millonario de la compañía en ese país.

La defensa niega la acusación. Habla de consultoría “legal por completo” y denuncia una investigación “prospectiva” contra toda la actividad profesional del expresidente. Hay otro dato relevante: Luis Arce ha negado que Zapatero le pidiera mediar. Y el litigio, a día de hoy, sigue sin resolverse.

Luego llegaron las joyas. Durante el registro del despacho de Zapatero en la calle Ferraz, el 19 de mayo, la UDEF encontró una caja fuerte con piezas valoradas en 1,3 millones de euros. Según se explicó, esa caja procedía en realidad de la vivienda del matrimonio. El hallazgo abrió una pieza separada por posibles delitos contra la Hacienda Pública y contrabando. Zapatero no ha dado todavía una explicación oficial completa. En su declaración como investigado se autoimpuso un plazo de “una semana o diez días” para aportar documentación sobre el origen y la fecha de adquisición de las joyas.

La única pista oficial la dio su asistente, Gertrudis Alcázar, el día del registro: serían una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”. Poca explicación para tanto ruido. Pero ruido no es prueba. Y eso también conviene recordarlo.

FILTRACIONES, INTIMIDAD Y UNA JUSTICIA CON DEMASIADO PÚBLICO

El otro gran frente de la causa no está solo en lo que se investiga, sino en cómo se está investigando. La defensa de Zapatero ha puesto el foco en las más de 1.000 páginas de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodolfo Reyes en 2021, aportadas por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). El expresidente quiere impugnarlas y la Audiencia Nacional tendrá que pedir a Estados Unidos que certifique que la cadena de custodia se cumplió y que los mensajes fueron obtenidos, conservados y remitidos de forma legal.

Pero lo más obsceno no está ahí. Lo más obsceno está en el volcado de la vida privada.

La Policía incautó en el registro del despacho una enorme cantidad de material: agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros y el clonado del móvil de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero desde hace más de dos décadas. Esa información acabó incorporada al anexo del informe de la UDEF y terminó en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares personadas en el procedimiento.

Después pasó lo previsible. Lo miserablemente previsible. Chats privados sin relación con la investigación acabaron convertidos en titulares. La defensa lo ha calificado como un “atropello” a la intimidad y sostiene que no hablamos de minucias, sino de datos capaces de dibujar la actividad y las ocupaciones de una persona que conserva intactos sus derechos.

Calama, que puso la documentación a disposición de las partes, reaccionó el jueves anunciando que deducirá testimonio para que un juzgado de Madrid investigue las filtraciones e identifique a sus responsables. La ley contempla un trámite de expurgo para las escuchas telefónicas, separando lo relevante de lo privado, pero existe un vacío legal en el clonado de dispositivos como móviles. Y ahí queda todo en manos del juzgado. Demasiado poder. Demasiada discrecionalidad. Demasiada facilidad para que la intimidad acabe en el escaparate.

Mientras tanto, la presión política sigue su propio guion. El PP, con mayoría en el Senado, empuja sus comisiones de investigación y ha citado a Gertrudis Alcázar este lunes. Es probable que no responda, como ya han hecho otras personas imputadas obligadas a desfilar antes por el Senado que por sede judicial. En la lista también figuran el exministro José Luis Escrivá, por una reunión con Zapatero en septiembre de 2020 que ambos desvinculan del rescate de Plus Ultra, y Cristóbal Cano, gestor de Julio Martínez Martínez.

Alcázar está imputada desde hace una semana porque el juez aprecia indicios de su “participación directa en los hechos”. Los informes policiales la sitúan como figura clave en la gestión de citas y del correo señalado como “el principal canal de comunicación interna de la red”. De nuevo, acusaciones serias. De nuevo, necesidad de garantías.

La causa avanza con cuatro pesquisas en una sola: Plus Ultra, Análisis Relevante, asesorías en Latinoamérica y joyas. La defensa pide la nulidad de las actuaciones y denuncia pruebas obtenidas de forma ilegal. El juez amplía. La Policía informa. Las acusaciones presionan. Los medios filtran. Y el PP explota políticamente cada grieta desde el Senado.

Cuando una investigación empieza a parecerse demasiado a una trituradora, el Estado de derecho tiene un problema que no se arregla con titulares.