Aldama se queja de pagar impuestos por una comisión de seis millones en plena pandemia 

El comisionista condenado por el caso Mascarillas no solo ganó dinero con la emergencia sanitaria: ahora parece molestarle que el Estado le pidiera su parte.

LA PANDEMIA COMO NEGOCIO Y EL IMPUESTO COMO DRAMA PERSONAL

Hay escenas que resumen una época mejor que cualquier informe judicial. Víctor de Aldama, empresario, comisionista y condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas, apareció este martes en Telemadrid para explicar su particular tragedia fiscal: ganó millones durante lo peor de la pandemia y, por encima, tuvo que pagar impuestos.

Sí. Ese es el nivel.

Mientras miles de trabajadoras y trabajadores sanitarios se jugaban la vida con bolsas de basura, mascarillas reutilizadas y turnos imposibles, mientras las enfermeras y enfermeros entraban en habitaciones sin saber si saldrían contagiados, mientras las familias enterraban a sus muertos sin despedirse, había quien hacía números. No números de camas. No números de respiradores. Números de comisión.

Aldama reconoció en la entrevista que con las operaciones investigadas ganó “los 3,7 millones de las mascarillas” y “a lo mejor dos millones más”. En total, dijo, los seis millones que cuantificaba el informe de la UCO. La cifra es importante. Seis millones de euros en un negocio ligado a material sanitario durante la mayor emergencia pública reciente. No una anécdota. No un despiste. No una factura rara perdida en un cajón. Seis millones.

Y entonces llegó el lamento. Preguntado por si se había quedado con “todo el dinero”, Aldama respondió que no. Que había tenido que pagar impuestos sobre esos 3,7 millones de euros, “casi 1,8 millones”, y que “el resto obviamente” se lo había quedado él.

Obviamente.

Ahí está la palabra. Una palabra pequeña, casi invisible, pero con más carga política que muchas declaraciones parlamentarias. “Obviamente me lo he quedado yo”. Como si el problema no fuera enriquecerse como intermediario en una compra pública de mascarillas, sino que Hacienda apareciera a molestar en mitad del festín. Como si el drama fuera tributar. Como si el Estado solo molestara cuando intenta recuperar una parte de lo que algunos han convertido en botín.

La obscenidad no está solo en la comisión. Está en el tono. En esa tranquilidad de quien habla del dinero público como si hablara de una inversión inmobiliaria, de una oportunidad de mercado, de un martes cualquiera. Porque para cierta gente la pandemia no fue una catástrofe social. Fue una ventana de negocio. Un agujero por el que meter la mano. La muerte estaba fuera. La comisión, dentro.

Aldama fue condenado por el Supremo en el caso Mascarillas. El tribunal lo situó como corruptor. Pero no entrará en prisión. Los jueces suspendieron la ejecución de su condena teniendo en cuenta su confesión, con la condición de no volver a delinquir y realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Cuatro años y medio de cárcel sin cárcel. Otra postal magnífica del país real: para unas personas, el castigo cae como una losa; para otras, el sistema encuentra una rendija, una alfombra, un trámite.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido también una multa de 3,7 millones de euros, vinculada al dinero obtenido gracias a información privilegiada en las adjudicaciones de mascarillas. Tampoco tendrá que afrontarla. La democracia de mercado tiene estas cosas. Predica responsabilidad, esfuerzo y sacrificio para quienes no llegan a fin de mes, pero se vuelve comprensiva, técnica y flexible cuando el dinero grande entra por la puerta de atrás.

CUANDO EL CORRUPTOR SE PRESENTA COMO VÍCTIMA

Lo más insultante no es que Aldama hable. Es cómo habla. Como si estuviera relatando un perjuicio personal. Como si pagar casi 1,8 millones de euros en impuestos después de ganar 3,7 millones fuera una especie de abuso del sistema. Como si la ciudadanía tuviera que compadecer al comisionista que se quedó con el resto.

Y no. No cuela.

Quienes pagaron de verdad fueron otras y otros. Pagaron las auxiliares, las médicas, los celadores, las limpiadoras, las y los pacientes, las familias confinadas, las personas mayores encerradas en residencias, la gente que no podía despedirse de sus seres queridos. Pagó una sociedad entera. Aldama, según sus propias palabras, ganó. Y luego se quejó del impuesto. Es difícil concentrar más recochineo en menos espacio.

En la misma entrevista, el empresario insinuó pagos a José Luis Ábalos, a Koldo García y al PSOE. Según dijo, “de lo que se ha ganado del resto de dinero la mayoría ha ido a parar a ellos, mucho más, aparte de lo que se iba para el partido”. Pero esas supuestas entregas al PSOE no constan en las pesquisas que construyeron la causa de las mascarillas. Conviene decirlo claro, porque una cosa es investigar toda corrupción hasta el final y otra muy distinta convertir cada frase interesada de un condenado en verdad revelada.

De hecho, el propio Tribunal Supremo ha contradicho a Aldama en sus acusaciones de soborno contra un alto cargo de Hacienda. Y este dato importa. Mucho. Porque el personaje no está hablando desde una tribuna neutral. Habla desde su propio interés, desde su propia estrategia, desde una posición judicial concreta. Un condenado que colabora con la Justicia para evitar prisión no es precisamente un notario de la verdad universal. Puede aportar datos. Puede señalar tramas. Puede destapar basura. Pero también puede embarrar, exagerar, adornar o disparar hacia donde le convenga.

La corrupción no se combate comprando relatos al primer comisionista que se sienta ante una cámara. Se combate siguiendo el dinero, contrastando pruebas, investigando contratos, nombres, fechas, adjudicaciones y responsabilidades políticas. Todo. Hasta el final. Caiga quien caiga. Sin convertir al corruptor en tertuliano redentor ni al intermediario millonario en héroe accidental de la limpieza democrática.

Aldama también explicó que sus empresas están “paralizadas todas” porque están “en cautelares”. Dijo que su negocio principal era el inmobiliario, que sigue con el sector, que continúa haciendo operaciones y viendo oportunidades para hacer negocio. Oportunidades. Otra palabra preciosa. En boca de algunos empresarios, “oportunidad” significa vivienda convertida en mercancía, crisis convertida en margen, pandemia convertida en comisión.

No estamos ante una historia aislada de picaresca. Estamos ante una radiografía del capitalismo de emergencia. Ese modelo en el que cada desastre abre una licitación, cada urgencia permite saltarse controles, cada miedo social genera intermediarios, cada necesidad colectiva se convierte en beneficio privado. Luego vienen las entrevistas, las explicaciones, las medias sonrisas, el “obviamente me lo he quedado yo”. Y encima, la queja por Hacienda.

El problema no es solo Aldama. El problema es un país donde alguien puede ganar seis millones con mascarillas, librarse de la cárcel tras una condena de cuatro años y medio, evitar una multa de 3,7 millones y aparecer en televisión lamentando haber pagado impuestos.

A eso le llaman colaboración con la Justicia. La gente común lo llama otra cosa: una tomadura de pelo con factura pública.