Colombia ante el negocio de la guerra: puerta abierta al militarismo de De la Espriella 

La extrema derecha promete orden, pero lo que prepara es una guerra cara, inútil y funcional a Washington.

UNA PAZ TOTAL QUE LLEGA ROTA AL CAMBIO DE PODER

Colombia vuelve a mirar al abismo con una mezcla conocida: miedo, promesas de mano dura y una derecha que vende la guerra como si fuera una política pública. En el Putumayo, junto a la frontera con Ecuador, un centenar de guerrilleros de la Coordinadora Nacional de Combatientes espera desde el 14 de junio en un centro instalado por el Gobierno de Gustavo Petro. Ya entregaron las armas. Lo hicieron sin un marco legal sólido, sin garantías claras y con un calendario político encima: el 7 de agosto tomará posesión Abelardo De la Espriella, presidente electo de extrema derecha, abogado penalista de 47 años y nuevo apóstol de la guerra sin cuartel.

La escena es cruel. Un proceso de paz que no termina de cerrar nada deja a gente armada en transición, a territorios abandonados y a un Estado incapaz de sostener lo que promete. Petro llegó al poder en 2022 con la bandera de la “paz total”. La idea era ambiciosa, quizá necesaria, pero acaba su mandato sin acuerdos definitivos y con varios grupos armados más fuertes que al inicio. El ELN conserva control en zonas de frontera con Venezuela. Las disidencias de las antiguas FARC han crecido. Y el secuestro, que parecía una herida en retirada, vuelve a rondar los 350 casos al año.

La derecha ya tiene su relato servido: la paz fracasó, entonces toca plomo. Simple. Brutal. Falso. Porque el fracaso de una política de paz mal ejecutada no convierte la guerra en una solución inteligente. La convierte, como tantas veces, en el refugio de quienes no saben gobernar otra cosa que el miedo.

De la Espriella ha ganado por la mínima prometiendo sustituir concesiones por bombardeos, negociación por sometimiento, política por uniforme. No ha explicado cómo piensa hacerlo ni con qué dinero. Pequeño detalle. Colombia no está en 2002, aunque la ultraderecha quiera vivir allí mentalmente. Ya no hablamos de una guerrilla con proyecto político clásico amenazando cabeceras urbanas. Hablamos de redes armadas que controlan rutas de cocaína, minería ilegal de oro, cobre y tierras raras, economías completas en territorios periféricos y vínculos transnacionales. Otro monstruo. Otro tablero.

Ahí aparece Washington. Nunca falla. La estrategia bautizada por Marco Rubio como SHIELD of the Americas coloca a Colombia en el centro de una arquitectura regional de seguridad hecha a la medida de Estados Unidos. Ecuador, con Daniel Noboa, ya firmó cooperación militar con Washington contra el narcotráfico y el crimen organizado. De la Espriella llega como socio natural de ese circuito. La soberanía se pronuncia en castellano, pero la doctrina suele venir en inglés.

Y conviene no hacerse trampas. Colombia es el mayor productor mundial de cocaína. Cierra este ciclo con 262.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, la cifra más alta desde que hay registros, y apenas 9.400 hectáreas destruidas manualmente en 2024, el nivel más bajo en una década. De la Espriella promete fumigar 300.000 hectáreas en sus primeros meses. Suena rotundo. También suena a propaganda. Fumigar territorios campesinos sin alternativa económica real no destruye el narcotráfico: castiga a quienes sobreviven en la economía que el propio Estado dejó crecer.

LA MANO DURA COMO NEGOCIO, COMO DOCTRINA Y COMO COARTADA

La gran pregunta no es solo cuánta guerra quiere De la Espriella. La pregunta es quién la paga. Porque la épica militar siempre llega envuelta en banderas, pero las facturas terminan en el presupuesto público. El Estado colombiano arrastra una reducción seria de capacidades: poder aéreo, inteligencia, personal uniformado, logística, recursos operativos. Prometer una ofensiva de alta intensidad con un aparato debilitado es puro voluntarismo armado. O peor: una excusa para recortar derechos, militarizar territorios y pedir sacrificios a quienes nunca son invitados al banquete.

Las cifras pesan. La administración saliente comprometió 17 billones de pesos, unos 3.500 millones de euros, en aviones suecos Gripen. A eso se suman 13 billones de pesos, alrededor de 2.700 millones de euros, en gastos heredados. Mientras tanto, De la Espriella promete no subir impuestos. La cuenta no sale. Y cuando la cuenta no sale, ya sabemos quién paga: las y los trabajadores, las comunidades rurales, las escuelas, los hospitales, las políticas sociales. La guerra siempre empieza diciendo “seguridad” y acaba diciendo “austeridad”.

La tentación uribista está ahí: gravamen extraordinario al patrimonio, retórica patriótica, enemigos internos, operaciones mediáticas y aplausos televisados. Una baja importante, un golpe de inteligencia extranjera, una foto de victoria. Tal vez incluso una operación temprana contra algún jefe de las disidencias. Eso puede funcionar en audiencia. Puede ordenar el prime time. Puede dar sensación de mando. Pero no reconstruye Estado, no sustituye justicia, no lleva derechos a los municipios donde las mafias ya administran la vida cotidiana con más eficacia que las instituciones.

La advertencia más grave es política. Jenny Pearce, profesora visitante de la London School of Economics, lo resume con una claridad incómoda: Trump ha fijado el marco y el “narcoterrorista” es el nuevo comunista. Un enemigo suficientemente abstracto para justificar casi todo. Vigilancia, represión, militarización, persecución de la oposición, suspensión práctica de garantías. Lo hemos visto demasiadas veces. Cambian los nombres. La maquinaria se parece.

El modelo Bukele asoma como fantasía regional. Megacárceles, desplome de homicidios, control institucional, propaganda de orden y una población agotada que acepta casi cualquier cosa con tal de respirar un poco. El problema es que el miedo real de la gente se convierte en capital político para líderes que no vienen a liberar a nadie. Vienen a mandar. Y a mandar mucho. Cuando la seguridad se convierte en espectáculo, los derechos empiezan a parecer un estorbo.

Colombia no necesita elegir entre una paz ingenua y una guerra salvaje. Esa trampa es útil para los halcones, no para el país. El enfoque social sin instituciones fuertes se queda corto. El enfoque militar sin justicia social solo desplaza la violencia, la encarece y la vuelve más rentable para quienes viven de ella. Las y los campesinos no necesitan glifosato desde el aire. Necesitan tierra, vías, crédito, protección, mercados, escuelas, jueces y juezas que lleguen antes que los fusiles. Las comunidades no necesitan que el Estado aparezca como helicóptero. Necesitan que aparezca como derechos.

De la Espriella puede ser más radical que Uribe, pero no gobierna la Colombia de hace veinte años. La sociedad civil es otra. El electorado de centro e izquierda existe, resiste y no va a desaparecer porque un presidente grite “bandidos” desde un atril. Las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, las y los defensores de derechos humanos, el movimiento campesino y las víctimas saben demasiado bien qué significa convertir el territorio en campo de tiro.

El nuevo presidente promete una guerra limpia contra mafias sucias. Mentira vieja. Las guerras de ese tipo nunca son limpias, nunca son baratas y casi nunca golpean primero a los poderosos. Golpean abajo. Golpean lejos. Golpean donde las cámaras llegan tarde o no llegan nunca. Y cuando terminan, si terminan, alguien descubre que el negocio siguió intacto, solo cambió de uniforme.

Colombia no está ante el regreso del orden, sino ante el reciclaje armado de un fracaso histórico con patrocinio extranjero y factura social.