La vacuna ha comenzado a ser disponible, en un primer momento, para los trabajadores de la salud, de la educación y de los servicios sociales.
La vacunación contra el COVID-19 con el fármaco Sputnik V ha comenzado este 5 de diciembre en Moscú. De momento se han establecido 70 puntos de vacunación.
La vacunación, que es gratuita y tiene carácter voluntario, se lleva a cabo en dos etapas y la segunda inyección se aplicará 21 días después de la primera, informa RT.
No solo importa la efectividad, sino también el precio
Tras anunciar que su vacuna de la COVID-19 es un 94,5% eficaz, la farmacéutica Moderna debería venderla a precio de coste y compartir de manera transparente la información detallada sobre investigación, desarrollo y fabricación, ya que se ha financiado con dinero público. No hay lucro que valga.
La corporación farmacéutica Moderna anunció el lunes 16 de noviembre que los datos preliminares del ensayo de fase 3 que prueba una posible vacuna contra el COVID-19 sugieren que la vacuna tiene una efectividad del 94,5%.
Si bien este es un paso prometedor, un comunicado de prensa de Moderna no es suficiente para obtener conclusiones concretas. Se necesita la total transparencia de los datos y análisis de los ensayos clínicos antes de poder alcanzar conclusiones sobre la eficacia y utilidad de la vacuna.
Al comprender que se anticipan a la escasez de suministro, las corporaciones farmacéuticas no deben crear barreras artificiales adicionales para aumentar el abastecimiento al impedir que otros fabricantes competentes elaboren sus productos, en caso de que las vacunas resulten seguras y efectivas. Además de cumplir con su compromiso anterior de no aplicar sus patentes, Moderna debe compartir toda la propiedad intelectual, incluida la tecnología, los datos y el conocimiento necesario, para que otros fabricantes puedan también producir estas vacunas que podrían salvar vidas.
Declaración de Miriam Alía, referente en vacunación de Médicos Sin Fronteras:
«El mundo está esperando con impaciencia los resultados positivos de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 con la esperanza de tener una herramienta que ayude a controlar esta pandemia. Sin embargo, su eventual aprobación significa muy poco si no se distribuyen de manera equitativa a personas de todo el mundo y a un precio de coste que sea totalmente transparente.
La capacidad del público para evaluar un precio asequible requiere transparencia. Moderna debe comprometerse a publicar un desglose detallado del precio, así como todos los costes asociados con el desarrollo de su vacuna candidata.
Si Moderna abre sus libros, el público puede ver por sí mismo si los precios que se cobran son realmente justos y accesibles. Hay que tener en cuenta que la investigación, el desarrollo y la fabricación de la vacuna de Moderna se han compensado casi en su totalidad con contribuciones públicas, con casi 2.500 millones dólares (2.100 millones de euros) del gobierno de EE. UU.
Pero, sin transparencia, los contribuyentes no pueden hacer que Moderna rinda cuentas durante estos tiempos sin precedentes. Moderna debería vender esta vacuna a precio de coste y no buscar lucrarse con una vacuna que ha sido predominantemente financiada por el erario público.
Vacuna Moderna: el 80 % de la producción comprometida
Se estima que casi el 80% de las dosis iniciales proyectadas de la vacuna de Moderna ya están reservadas en acuerdos bilaterales no transparentes con países de altos ingresos, incluido EE. UU. Lo que deja una cantidad insuficiente de vacunas para los países en desarrollo y contextos humanitarios afectados por crisis, mientras que el suministro sigue siendo escaso.
Mantener las futuras vacunas como un lujo solo accesible para los ricos no es la manera correcta de vencer a este virus, ni cómo vamos a salvar vidas. Si se demuestra que es segura y eficaz, Moderna, y todas las empresas farmacéuticas, deberían distribuir los suministros iniciales de vacunas de manera equitativa en todo el mundo, de acuerdo con los criterios de salud pública descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).»
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…