Almeida convierte el Ayuntamiento en una agencia de colocación del PP 

Cuando Antifraude cuestiona un fichaje a dedo, el poder no depura responsabilidades: lo recoloca mejor pagado y llama mérito al enchufe.

UN DÍA PARA CAMBIAR DE SILLA, 63.134,12 EUROS PARA SEGUIR EN LA RUEDA

Hay gente que tarda meses en encontrar empleo. Hay jóvenes con máster, idiomas, alquiler imposible y contratos basura que encadenan entrevistas para cobrar poco más que la supervivencia. Hay trabajadoras y trabajadores públicos que opositan durante años para acceder a una plaza con garantías. Y luego está Madrid. O mejor dicho: el Madrid del PP, ese ecosistema donde algunas puertas no se abren por mérito, sino por parentesco político, cercanía institucional y una red de favores que ya ni se molesta en disimular.

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha tardado un solo día en recolocar a F. T., pareja de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Isabel Díaz Ayuso, después de su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Un día. Ni una semana de luto administrativo. Ni una pausa para guardar las formas. Un día para salir de una empresa pública donde su contratación había sido cuestionada por la Oficina Antifraude y entrar como personal eventual en el equipo del alcalde. Lo cuenta ElDiario.

El nuevo sueldo: 63.134,12 euros brutos anuales. Más que antes. Un 27% más que en la EMVS. El mejor salario de una carrera que, según la información publicada, suma ya seis puestos consecutivos en organismos públicos gobernados por el PP en Madrid. Se puede llamar casualidad, claro. También se puede llamar circuito cerrado de colocación. Lo segundo tiene menos maquillaje, pero bastante más precisión.

La cosa tiene un detalle obsceno. F. T. no tiene título universitario y su nivel de inglés figura como “básico”. Su formación oficial conocida incluye una FP administrativa cursada en los años 80 y un curso no oficial de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la UNED, por 650 euros. Nada de esto sería reprochable si estuviéramos hablando de una trayectoria normal, sometida a concurrencia, mérito, capacidad y transparencia. Pero aquí hablamos de dinero público, de cargos públicos, de empresas públicas y de una persona vinculada sentimentalmente al responsable autonómico de Vivienda.

Y ahí se acaba la inocencia.

La EMVS había contratado a F. T. de forma temporal desde el 1 de diciembre de 2023. La plaza debía salir a concurso para su cobertura definitiva. Antifraude reclamó en diciembre información sobre ese proceso. Finalmente, la plaza se cubrió por promoción interna tras presentarse cuatro candidatos y F. T. dejó de tener vínculo laboral con la empresa. El expediente se archivó. Pero el archivo no limpia el retrato político. Lo agrava.

Porque la pregunta no es solo si la plaza acabó regularizándose. La pregunta es cómo se entró. Qué filtros hubo. Quién llamó. Quién decidió. Quién permitió que una empresa pública de vivienda, en plena emergencia habitacional, funcionara como apeadero laboral de confianza para alguien del entorno de un consejero de Ayuso.

Antifraude ya había señalado el problema el 16 de diciembre: no constaba una explicación detallada de cómo llegó el currículo, si hubo publicidad para que otras personas pudieran presentarse, si existían más candidaturas o qué méritos concretos justificaron la elección. La EMVS alegó urgencia. La palabra mágica. Urgencia. Como si la urgencia suspendiera la igualdad, el mérito y la capacidad. Como si la prisa fuera un salvoconducto para convertir una contratación pública en una llamada privada.

EL MÉRITO PARA LOS POBRES, EL ENCHUFE PARA LOS SUYOS

El PP madrileño lleva años dando lecciones sobre esfuerzo, mérito y responsabilidad individual. Ayuso ha llegado a decir que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo”. Jorge Rodrigo habla de políticas de Vivienda mientras su consejería se niega a aplicar controles de precios en zonas tensionadas y lleva al Tribunal Constitucional el Plan de Vivienda del Gobierno. Almeida presume de gestión. Todos repiten el mismo sermón: competir, esforzarse, aceptar las reglas, no pedir demasiado.

Luego llega la realidad y les arranca el decorado.

El mérito, en su versión madrileña, parece consistir en estar cerca de quien manda. Para las y los jóvenes, alquileres imposibles. Para las familias trabajadoras, listas de espera, precariedad y salarios que no alcanzan. Para las personas migrantes y estudiantes no empadronadas, exclusión de descuentos en el abono transporte. Para los suyos, en cambio, recolocación inmediata, sueldo récord y despacho nuevo.

La web del Ayuntamiento tampoco ayuda a despejar sombras. Según la información publicada, no aparecen datos sobre el perfil profesional de F. T. que deberían publicarse por transparencia. Tampoco figura la declaración de actividades e incompatibilidades, ni si realiza actividades privadas, ni si ha solicitado compatibilidad, ni la declaración previa de no incurrir en causa de incompatibilidad. Desde el Ayuntamiento dicen que “lo cumplimentará como cualquier otro trabajador municipal”. Una respuesta que suena a trámite pendiente cuando debería sonar a obligación cumplida.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, lo resumió con crudeza: el PP usa las instituciones madrileñas como una agencia de colocación. La denuncia de su formación ante Antifraude obligó a la EMVS a convocar la plaza por concurso público. Pero Almeida, lejos de abrir una investigación interna o depurar responsabilidades, optó por recolocar a la persona afectada en Alcaldía. Es decir: cuando el foco ilumina una puerta giratoria pequeña, el sistema no la cierra. La cambia de edificio.

El caso no flota en el vacío. Jorge Rodrigo lleva más de 25 años encadenando puestos en distintas Administraciones. Dimitió en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos tras la tragedia del Madrid Arena, donde murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Acabó exonerado, sí, pero el itinerario político continuó. Después encontró acomodo en una empresa pública en Sevilla con Juan Ignacio Zoido como alcalde. En 2023 pasó a estar a las órdenes de Ayuso. En enero se reincorporó tras unos meses apartado por un cáncer. A principios de año tuvo que disculparse por espetar a una diputada de Más Madrid: “No me ponga morritos, que me descentro”. La diputada lo calificó de comentario sexista y machista. Él pidió disculpas con esa fórmula tan cómoda del poder: si usted se lo ha tomado mal.

Todo encaja demasiado bien. No como conspiración. Como cultura política. La cultura del cortijo con formulario administrativo. La del “usted no sabe con quién está hablando” pasada por transparencia de escaparate. La de las y los de arriba exigiendo sacrificios a quienes no llegan a fin de mes mientras reparten sueldos públicos entre círculos próximos.

Y mientras tanto, Madrid tiene un problema brutal de vivienda. La EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, debería estar concentrada en garantizar techo, parque público, alquiler asequible y derechos básicos. Pero el escándalo la coloca en otra fotografía: la de una institución donde el derecho a la vivienda convive con el derecho no escrito de los próximos al PP a no caerse nunca del organigrama.

La democracia también se corrompe así: no solo con sobres, sino con nombramientos, silencios, recolocaciones y sueldos públicos convertidos en red de seguridad para quienes siempre caen de pie.

El mensaje para la ciudadanía es devastador. Opositad, competid, esperad, justificad cada euro, acreditad cada curso, soportad cada filtro. Ellos, mientras tanto, llaman por teléfono.