Los que no son Aldama: cuando la Justicia negocia con el corruptor útil y castiga al pobre sin padrinos 

Víctor de Aldama ha sido condenado por el caso de las mascarillas, pero no entrará en prisión si cumple las condiciones fijadas por el Supremo. No es una anomalía menor. Es una postal obscena del sistema penal español: quien delinque cerca del poder puede tener algo que vender; quien cae desde abajo solo tiene su cuerpo para entregar al castigo.

El nombre de Víctor de Aldama ya no es solo el nombre de un comisionista. Es una categoría política. Un símbolo. Una de esas figuras que aparecen cuando el país se quita el maquillaje y enseña lo que hay debajo: contratos públicos, intermediarios privados, mordidas, teléfonos calientes, urgencias sanitarias convertidas en mercado y una Justicia que, de pronto, descubre una flexibilidad conmovedora.

Aldama ha sido condenado a 4 años y medio por su papel en el caso de las mascarillas. José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses. Koldo García, a 19 años y 8 meses. La sentencia es durísima para unos y muy distinta para el comisionista que colaboró con la Justicia. Aldama no entrará en prisión si cumple las condiciones fijadas. Trabajos en beneficio de la comunidad, informes semestrales, no delinquir. La puerta cerrada para otros, entreabierta para él.

No hace falta negar la figura jurídica de la colaboración. Existe. Puede tener sentido. Puede servir para desmontar tramas que, de otro modo, seguirían protegidas por silencios, favores y pactos entre quienes se conocen demasiado. La pregunta no es esa. La pregunta es bastante más incómoda.

¿Quién puede colaborar?

O mejor dicho: ¿quién tiene algo lo bastante valioso para negociar con la Justicia?

Ahí aparece la clase. Ahí aparece el poder. Ahí aparece la parte fea que casi nadie quiere mirar.

LOS QUE NO SON ALDAMA NO TIENEN MINISTROS EN LA AGENDA

Aldama tenía algo que ofrecer. Nombres. Rutas. Datos. Relatos internos. La fontanería del poder. Podía convertirse en una pieza útil porque había estado dentro. Porque conocía el mecanismo. Porque no era un ladrón de esquina, sino un hombre situado en el lugar exacto donde el dinero público se toca con manos privadas.

Esa es la diferencia.

Los otros Aldama no existen para el sistema como colaboradores posibles. Existen como expedientes. Como antecedentes. Como cuerpos esposados. Como multas. Como condenas. Como titulares menores. Como vidas rotas sin interés institucional.

Pablo Hasél entró en prisión por canciones y tuits. Amnistía Internacional calificó su condena como injusta y desproporcionada, una restricción ilegítima de la libertad de expresión. No había contratos de emergencia que explicar. No había comisiones millonarias que seguir. No había ministros en la agenda. Había palabras. Palabras duras, incómodas, provocadoras, sí. Palabras castigadas con una contundencia que el Estado rara vez reserva para quienes saquean desde despachos.

Valtònyc fue condenado a 3 años y medio por letras de canciones, injurias a la Corona y otros delitos ligados a la expresión artística y política. Acabó en Bélgica para evitar la cárcel. Otra vez la misma escena: la maquinaria penal cayendo sobre quien no tenía nada que negociar salvo su propia libertad. Ningún circuito de mordidas. Ninguna agenda de intermediarios. Ninguna trama de mascarillas en plena pandemia. Canciones. Rabia. Exilio.

Alfon fue condenado a 4 años por el caso del 14-N, en el marco de una huelga general. Su caso quedó grabado para una parte de la izquierda social como ejemplo de castigo contra la protesta. Podemos discutir matices jurídicos, claro. Siempre se puede. Pero el patrón político es demasiado visible: cuando la calle protesta, el Estado enseña los dientes. Cuando el corruptor canta, el Estado afina el oído.

Y luego están los casos pequeños. Pequeños solo para quien mira desde arriba.

Un hombre condenado a un año de prisión por robar dos cajas de gambas y un helado valorados en 48 euros. Otro condenado a 3 años y un día por robar 1,48 euros en una gasolinera tras forzar una ventana, con la reincidencia como losa. Una mujer en Ourense que aceptó 3 meses de cárcel por robar comida valorada en casi 200 euros. Historias de miseria, adicción, reincidencia, deterioro social y castigo. Historias sin épica. Sin tertulias. Sin pactos. Sin margen.

La Justicia, cuando quiere, sabe distinguir. Sabe modular. Sabe interpretar. Sabe abrir salidas.

Pero parece que le cuesta mucho más hacerlo cuando delante tiene pobreza.

Eso es lo insoportable.

No se trata de decir que todos los delitos son iguales. No lo son. No se trata de hacer una comparación jurídica de brocha gorda. Sería absurdo. Se trata de mirar el resultado político del sistema. Y el resultado es este: un comisionista condenado en una trama de mascarillas durante una pandemia puede evitar la cárcel por colaborar, mientras personas sin poder han pisado prisión o han sido aplastadas por condenas asociadas a canciones, protestas o delitos de pobreza.

Qué casualidad.

Qué casualidad tan vieja.

ARRIBA SE NEGOCIA, ABAJO SE CASTIGA

Aldama no es solo Aldama. Es una pedagogía. Enseña algo. Enseña que, si vas a delinquir, conviene hacerlo cerca del poder. Conviene tener nombres. Conviene conocer despachos. Conviene haber estado en la habitación donde se repartía el dinero. Porque entonces, cuando todo se derrumba, todavía puedes convertir tu caída en mercancía.

El pobre no puede hacer eso.

El pobre no tiene una libreta de ministros. No puede decirle al tribunal: miren, yo sé cómo se movieron los contratos. No puede ofrecer una arquitectura de corrupción. No puede entregar llamadas, favores, comisiones, intermediarios, empresas pantalla o mordidas. La persona pobre suele llegar al juzgado con su precariedad encima y poco más. Y la precariedad no reduce condenas. La precariedad, muchas veces, las agrava.

Ahí está la violencia de clase del sistema penal. No siempre escrita de forma explícita. No siempre reconocible en una frase de sentencia. Pero presente. Presente en las trayectorias vitales que llevan a unos a negociar y a otros a hundirse. Presente en la capacidad de pagar defensas. Presente en los tiempos judiciales. Presente en el valor que el Estado asigna a cada acusado.

Aldama vale porque sirve. Los otros no sirven. Los otros molestan.

Y el mensaje público que queda es demoledor. Si robas desde una emergencia sanitaria, si participas en una trama de contratos públicos, si te mueves cerca de altos cargos y puedes contar lo suficiente, quizá encuentres una salida. Si robas comida, escribes canciones contra la Corona o protestas en una huelga, prepárate para conocer la parte más seca del Estado.

No es justicia. Es jerarquía.

Y no, esto no va de pedir más cárcel como reflejo automático. Esa trampa hay que evitarla. La solución no es convertirnos en fiscales de barra de bar gritando “más prisión” cada vez que un corrupto sale beneficiado. El problema es otro: la flexibilidad penal aparece arriba como inteligencia jurídica y abajo casi siempre desaparece como si fuera ingenuidad peligrosa.

Con Aldama se habla de colaboración. Con los otros, de antecedentes.

Con Aldama se habla de utilidad procesal. Con los otros, de alarma social.

Con Aldama se habla de condiciones. Con los otros, de cumplimiento.

Con Aldama se abre una puerta. Con los otros, se cierra el pestillo.

La sentencia también deja otra pregunta sucia: ¿dónde está el dinero? Porque una cosa es colaborar y otra muy distinta es que una trama vinculada a comisiones millonarias acabe sin una reparación proporcional del daño causado. Si en plena pandemia se hizo negocio con material sanitario, si hubo mordidas, si hubo enriquecimiento, si hubo saqueo, la sociedad tiene derecho a exigir algo más que una confesión útil. Tiene derecho a exigir verdad completa, devolución, reparación y cárcel para quien corresponda. No espectáculo. Justicia.

Pero España es experta en esto. En castigar con solemnidad al débil y administrar matices al fuerte. En convertir la pobreza en sospecha permanente y la corrupción en problema técnico. En llenar de doctrina los casos de poder y de automatismos los casos de miseria.

Aldama no ha descubierto una grieta del sistema. Ha enseñado la arquitectura.

Arriba, la Justicia negocia.

Abajo, la Justicia cae.

Y en medio queda el país real, mirando la escena con una mezcla de rabia y cansancio, preguntándose cuántas veces más tendrá que escuchar que todo es legal mientras lo injusto sigue funcionando exactamente como siempre.