El Gobierno presume de firmeza contra el genocidio en Gaza mientras deja fuera a Netanyahu y al ministro de Defensa, responsables directos de la masacre.
EL GESTO INSUFICIENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
El Consejo de Ministros aprobó este 9 de septiembre la prohibición de entrada a España de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y de Bezalel Smotrich, titular de Finanzas. Ambos son conocidos por su racismo militante, sus arengas contra la población palestina y su papel en el aparato de ocupación. El Ejecutivo español vende la medida como un paso firme frente al genocidio en Gaza, pero el alcance real es limitado.
Ni Netanyahu ni el ministro de Defensa, Israel Katz, figuran en la lista. Y sin embargo, las órdenes de expulsión, los bombardeos masivos, las ejecuciones extrajudiciales y los asentamientos ilegales llevan su sello. El presidente israelí es el verdadero director de orquesta de la limpieza étnica en curso. Sobre Netanyahu pesa una orden internacional de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), pero el Gobierno español se escuda en ello para no incluirlo. Una maniobra que, lejos de mostrar coherencia, exhibe el miedo de Sánchez a incomodar más de lo imprescindible.
Mientras, otros países como Canadá, Reino Unido o Bélgica han ido más allá y sancionan abiertamente a ministros, colonos y altos cargos cómplices de la maquinaria genocida. España vuelve a llegar tarde y a medias, disfrazando de valentía lo que no pasa de un gesto cosmético.
LOS PERFILES DE LOS SANCIONADOS Y LOS PROTEGIDOS
Itamar Ben Gvir, al frente de Seguridad Nacional, es un extremista al que el propio ejército israelí vetó en su juventud por considerarlo un peligro. Ha sido condenado por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista. Hoy controla la policía y las fuerzas de seguridad que asedian Gaza y Cisjordania.
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, se autodefine sin pudor como “homófobo fascista”. Fue detenido en 2005 por participar en protestas violentas y desde entonces ha impulsado políticas de segregación racial en hospitales, colonias y escuelas. Sus discursos exigen represalias masivas contra la población palestina. Su partido, Sionismo Religioso, sostiene en el Parlamento a un Netanyahu procesado por corrupción.
Frente a ellos, Israel Katz, ministro de Defensa, queda al margen de las sanciones pese a ser quien dirige a las Fuerzas Armadas responsables de la masacre. En mayo, prometió “construir un Estado judío” sobre la tierra palestina mientras se anunciaban 22 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania. Katz no tiene una orden de arresto internacional, pero la decisión política en Madrid lo deja indemne.
El resultado es una lista que castiga a dos peones visibles del extremismo, pero protege al verdadero núcleo de poder: Netanyahu y Katz. El mensaje a Tel Aviv es claro: España protesta, pero no está dispuesta a romper con quienes dirigen el genocidio.
Albares se justifica diciendo que la lista “está abierta y en evolución”. La realidad es que el Ejecutivo prefiere sancionar a figuras ya quemadas y señaladas por la comunidad internacional antes que confrontar con quienes mueven los hilos de la maquinaria militar.
La foto final es desoladora: España se presenta como pionera de los derechos humanos mientras blinda al verdugo.
El pueblo palestino, que soporta el hambre, los bombardeos y el despojo, no necesita gestos a medias. Necesita que la impunidad termine.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
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Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…