Vídeo | Carolina Alonso explica el «método Ayuso de corrupción legal»: «el impuesto más alto que tenemos en la Comunidad de Madrid es la corrupción» 

«Yo a lo de Ayuso lo he llamado el método Ayuso de corrupción legal, para desviar dinero público y favorecer a empresas de familiares y amigos».

Marina Lobo preguntaba a Carolina Alonso por Ayuso, su «actitud chulesca, su negarlo todo y decir ‘yo no voy a comparecer porque tengo la libertad, no voy a ir a ningún Tribunal, no soy juzgada por nada, porque no es absolutamente nada'» y por el caso de Almeida, que también salpica a la presidenta.

«Yo a lo de Ayuso lo he llamado el método Ayuso de corrupción legal, para desviar dinero público y favorecer a empresas de familiares y amigos, incluso utilizando familiares como un intermediario y esto lo hacen gracias a lo que es la contratación de emergencia. Han utilizado la pandemia y una situación de emergencia para poder hacerlo a dedo y sin publicidad. Contratos con sobrecostes, con comisiones, con mordidas a gente cercana», explicaba Carolina Alonso.

«De la época de la pandemia a la que se están viendo, pues, comprometidos, tanto ella como Almeida, con unas cantidades de dinero público escandalosas para el tiempo que tenemos recortes en sanidad, vemos recortes en educación, que nos están diciendo que hay que bajar los impuestos y demás, pero ellos están repartiendo el dinero público», continuaba.

«Es que el impuesto más alto que tenemos en la Comunidad de Madrid es la corrupción. 6.000 millones de euros que se han ido por el sumidero de la corrupción del Partido Popular», concluía contundente.

El mandato de Almeida también de polémica en polémica

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida está viviendo el momento más delicado de todo su mandato. La investigación judicial abierta contra Luis Medina y Alberto Luceño ha provocado un nuevo terremoto político en el PP de Madrid, que podría suponer el final de Almeida al frente de la alcaldía.

La causa ha provocado que el PSOE esté presionando a la vicealcaldesa Begoña Villacís para que lidere una posible moción de censura, algo que ella ha descartado al considerar que no se ha demostrado la implicación del regidor en presuntas comisiones de contratos que tuvieron lugar durante la pandemia.

Villacís ha lamentado que el Ayuntamiento esté siendo noticia por razones que no deberían ser y ha afeado que haya gente que «cuando peor lo estaban pasando los madrileños, cuando los madrileños estaban confinados en sus casas y había mucho miedo, se han aprovechado de la desesperación de una Administración». «Se han dedicado a comprar yates de lujo, coches de lujo, a costear fines de semana de lujo. Y eso es absolutamente indecente e intolerable. Nos hemos ido enterando por las noticias a cuentagotas».

El mandato de José Luis Martínez-Almeida se ha caracterizado por encadenar polémica tras polémica, pero esta última está provocando especial indignación. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Luis Medina, hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal y su amigo Alberto Luceño, por tres contratos para vender material sanitario en plena pandemia al Ayuntamiento de Madrid y por los que presuntamente habrían cobrado una comisión seis millones de euros. La querella se presenta por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Almeida ha intentado defender el papel del Ayuntamiento en el caso de esos contratos pero sus explicaciones no han resultado nada convincentes. El alcalde de Madrid ha defendido que «solo contratamos con esa empresa, en ningún caso con Medina o Luceño. En ningún caso el Ayuntamiento hizo un pago a esas personas». «Les pido que se pongan en aquella situación, que piensen en los servicios técnicos del Ayuntamiento que se dejaron la piel para conseguir material», ha añadido.

Presunto espionaje a Ayuso

Este escándalo se produce apenas mes y medio después de que otro contrato relacionado con mascarillas también colocara al Ayuntamiento de Madrid en el epicentro de la polémica. Este caso es el del presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso para averiguar detalles del contrato que el Gobierno regional concedió a una empresa vinculada a su hermano y por el que este recibió una importante mordida.

La presidenta madrileña reconoció que su hermano mantuvo una «relación comercial» con la empresa. Dirigentes del PP sostienen que Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión de 283.000 euros, mientras que Ayuso aseguró desconocer la cantidad y dijo que no se enteró en 2020 de esta operación sino cuando llegó a Génova para una reunión con Pablo Casado.Matilde García Duarte, coordinadora general de alcaldía de Madrid, facilitó el ‘e-mail’…»Y luego que por qué hablamos de Franco»: Rufián compara la situación electoral en Fran…Leer más

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ofreció una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles para negar cualquier relación de su institución con el supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y aseguró que ordenó investigar la supuesta contratación de un detective desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para espiar al entorno de la presidenta regional y que las pesquisas concluyeron que no hubo «ningún contrato» en ese sentido.

Sin embargo, Almeida se vio obligado a renunciar a su cargo como portavoz nacional del PP y el director de Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero, dimitió. En estos días, se están llevando a cabo las sesiones de la comisión de investigación en el Consistorio para intentar arrojar algo de luz sobre este asunto.

Almeida necesitó de Vox para arrebatar la alcaldía a Manuela Carmena

Estos dos asuntos son los más graves de la era Almeida, pero su mandato cuenta con más casos nada ejemplificantes. Para arrebatar la alcaldía a Manuela Carmena, a pesar de gobernar en coalición con Ciudadanos, Almeida necesitó de los votos de Vox, algo que ha marcado una legislatura basada en el retroceso de los derechos sociales en la capital y en la negación constante de la lucha feminista, la violencia de género o la discriminación que sufren los colectivos de migrantes o el de LGTBI.

La igualdad también se ha visto reducida en las instituciones, ya que durante este mandato se ha eliminado la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y la memoria histórica también ha sufrido duros reveses: los nombres de varias calles de la ciudad cambiados durante el mandato de Carmena para cumplir con la ley han sido recuperados, se destruyó el Memorial del cementerio de la Almudena y las placas en memoria de los históricos socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero.

Sin embargo, todo esto no ha servido para obtener el apoyo incondicional de Vox y en los Presupuestos municipales de 2022, los ultraderechistas votaron en contra y obligaron a Almeida a recabar el ‘sí’ de los concejales excarmenistas para poder sacar adelante las cuentas.

El empeño de Almeida en querer dinamitar las grandes decisiones del anterior equipo de gobierno

Una de sus primeras decisiones de Almeida fue tumbar el proyecto de Madrid Central, que había creado en la ciudad una zona de bajas emisiones contaminantes restringiendo la circulación de vehículos y su gran propuesta fue implantar un modelo prácticamente igual, que ha entrado en vigor hace escasos días.

Borrasca Filomena

La gestión del alcalde también ha dejado mucho que desear cuando ha tenido que luchar contra los elementos climatológicos como la borrasca Filomena, que dejó a toda la ciudad cubierta con un metro de nieve. Durante varios días los equipos no retiraron la nieve acumulada y el hielo complicó mucho la recuperación de la vida cotidiana.

Almudena Grandes

A finales del año pasado falleció la escritora Almudena Grandes y Almeida demostró su desprecio hacia ella al rechazar nombrarla hija predilecta de la ciudad. Sin embargo, tuvo que cambiar de opinión para sacar adelante unos «buenos Presupuestos».

El Ayuntamiento ha reducido también en un 80% el espacio destinado en los proyectos del anterior gobierno a bibliotecas y los va a sustituir por centros culturales para privatizar parte de sus servicios.