Siempre es igual: tocar poder para cobrar más 

La coalición de PP y Vox en Castilla y León prometía adelgazar la política y acaba engordando el organigrama con más cargos, más despachos y casi 700.000 euros más al año.

LA MÁQUINA DE RECORTAR DERECHOS NO RECORTA SILLONES

Siempre es igual. Llegan hablando de “gasto político”, de “burocracia”, de “chiringuitos”, de “administración elefantiásica”. Llegan con la motosierra en la boca y la calculadora en el bolsillo. Pero cuando pisan moqueta, la motosierra desaparece. La calculadora, no. La calculadora sirve para otra cosa: para repartir cargos, levantar nuevas direcciones generales, abrir despachos, colocar nombres y convertir la promesa de austeridad en una nómina pública más abultada.

El segundo Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León no ha venido a adelgazar nada. Ha venido a ocupar. El 29 de junio, en un Consejo de Gobierno extraordinario que ni siquiera fue comunicado previamente, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco aprobó una nueva estructura autonómica que rompe su propio techo: por primera vez, los altos cargos superarán el centenar. La derecha que decía venir a desmontar el “gasto político” acaba de construir una administración con al menos 105 personas en la cúpula: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras, once viceconsejerías, diez secretarías generales, 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales.

No es un ajuste. Es una ampliación. No es eficiencia. Es reparto.

En el último Gobierno del PP en solitario había 96 altos cargos, aunque solo 93 estaban ocupados. En el primer Ejecutivo PP-Vox, entre 2022 y 2024, llegaron a 99, pese a la campaña permanente contra los supuestos excesos de la política. Ahora suben a 105. La marca anterior estaba en 100 en 2023, cuando se creó el puesto de Delegado para el Corredor Atlántico, ocupado por el exCiudadanos Luis Fuentes, un cargo cuya actividad pública no parece haber abrasado precisamente la agenda institucional. Y, por supuesto, el puesto seguirá existiendo.

Tocar poder para cobrar más. Ese es el resumen crudo.

La Junta lo envuelve en palabras limpias: “impulso decidido”, “nuevos retos tecnológicos, sociales y demográficos”. El envoltorio de siempre. Lo que hay debajo es bastante menos poético: más estructura, más cargos y más dinero público destinado a sostener la arquitectura política de una coalición que llegó prometiendo lo contrario. Las direcciones generales y equivalentes pasan de 57 a 63, seis más que al final de la legislatura anterior. Las viceconsejerías suben de 10 a 11. Las secretarías generales y las delegaciones territoriales se mantienen. Todo muy austero. Austero para quienes esperan una cita sanitaria, una ayuda de dependencia o un transporte digno en la España vaciada. Para los despachos, barra libre.

El coste adicional ronda los 700.000 euros más al año respecto al último Gobierno de Mañueco. La cifra sale de aplicar los costes medios de directores y directoras generales y viceconsejeros y viceconsejeras disponibles en el portal de transparencia de la Junta. A comienzos de año, los 45 directores generales en activo cobraban de media 79.392,54 euros brutos anuales. Las viceconsejerías subían a 89.846,76 euros de media. Y las horquillas tampoco son menores: los sueldos de las direcciones generales iban de 70.299,18 a 95.512,66 euros, mientras que las viceconsejerías se movían entre 82.792,94 y 108.355,58 euros.

Conviene repetirlo despacio. Quienes acusan a medio país de vivir del Estado han montado otro piso más en el edificio del Estado. Para ellos.

VOX ENTRA, EL ORGANIGRAMA CRECE Y LA FACTURA LA PAGA LA GENTE

La extrema derecha no ha llegado para reducir nada. Ha llegado para ocupar áreas, marcar agenda y cobrar estructura. La nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, vinculada a la Vicepresidencia Primera de Carlos Pollán, concentra una parte evidente del botín administrativo. Aparecen la Dirección General de Desregulación, la Dirección General de Juventud, la Dirección de Coordinación Institucional y la Dirección de Estudios. Se reformulan Familia, Ayudas Sociales y el Comisionado para las Adicciones. Mayores y Discapacidad se van a Sanidad. Mujer pasa a Presidencia. El mapa no se simplifica: se redibuja para acomodar el pacto.

Y hay más. Agricultura, en manos de Vox en 2022 y de nuevo ahora, amplía competencias con política ambiental, caza, pesca y medio rural. Pasa de cuatro direcciones generales en 2022 a seis, sumando Caza, Pesca y Medio Rural, y Política Ambiental. Cultura, también en el bloque de Vox, conserva sus cuatro direcciones generales: Patrimonio Cultural, Políticas Culturales, Turismo y Deportes. Ni una menos.

El PP tampoco se queda mirando. Movilidad incorpora una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial. Medio Ambiente crea una dirección específica para Prevención y Extinción de Incendios Forestales e incorpora Energía y Minas, antes en Economía y Hacienda. Educación añade Bienestar Educativo. Industria, Universidades, Empleo y Comercio absorbe Universidades e Investigación. Todo tiene nombre moderno. Todo suena imprescindible. Pero el resultado final es el de siempre: más cargos arriba mientras abajo se pide paciencia.

La macroconsejería de Sanidad y Bienestar Social es otro punto clave. Se justifica por el envejecimiento, la dependencia y la coordinación sociosanitaria. Bien. El problema no es reconocer necesidades reales. El problema es que una comunidad con problemas reales de sanidad, mayores, discapacidad y dependencia vea cómo la primera respuesta política vuelve a ser multiplicar casillas de mando. Dos viceconsejerías, nuevas divisiones, nuevas áreas: Asistencia Sanitaria y Cuidados, Humanización, Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias, Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria. En Servicios Sociales se separan Personas Mayores y Personas con Discapacidad de Atención a la Dependencia. La pregunta incómoda es simple: cuántas personas dependientes van a notar antes una mejora que un alto cargo su nuevo salario.

Presidencia y Economía y Hacienda reducen alguna pieza, sí. Se fusionan Acción Exterior y Relaciones Institucionales, también Transparencia y Atención al Ciudadano. Economía pierde Energía y Minas y se queda con cinco áreas: Tributos y Financiación Autonómica; Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; Intervención General; Tesoro y Política Financiera; Política Económica y Competitividad. Pero esa poda puntual no cambia el bosque. El bosque crece. Y crece hacia arriba.

La derecha lleva años vendiendo una farsa muy rentable: decirle a la gente trabajadora que el problema son las ayudas, las ONG, las personas migrantes, las feministas, las y los empleados públicos, las enfermeras y enfermeros que reclaman plantillas, las profesoras y profesores que piden medios. Luego llegan al Gobierno y lo primero que blindan es su propia maquinaria.

No odian el Estado. Odian que el Estado sirva a quienes no son de los suyos.

Castilla y León vuelve a ser laboratorio de esa hipocresía. PP y Vox prometen menos administración y entregan más altos cargos. Prometen menos gasto político y añaden casi 700.000 euros anuales. Prometen desregulación y regulan su propio reparto. Prometen eficiencia y fabrican despachos. La austeridad era para las demás personas; el poder, como siempre, venía con nómina, coche oficial y puerta acolchada.