La investidura andaluza retrata el truco del PP: posar de centro mientras negocia con quienes convierten los derechos en una mercancía con pasaporte.
LA VÍA ANDALUZA ERA ESTO: TEATRO MODERADO Y DEPENDENCIA ULTRA
Juanma Moreno llegó al Parlamento andaluz con el disfraz planchado. Moderación, diálogo, cercanía, responsabilidad. Todo el repertorio. Pero el problema de los disfraces políticos es que duran poco cuando hay números encima de la mesa. Y los números son tercos: el PP tiene 55 escaños y Vox tiene 15. Después de las elecciones del 17M, Moreno perdió la mayoría absoluta y descubrió, otra vez, que su famosa “vía andaluza” no era una autopista de centralidad, sino un camino estrecho que termina en la puerta de Santiago Abascal.
El gran paripé consiste en esto. Moreno intentó marcar distancias con Vox sin romper con Vox. Quiso no pronunciar la fórmula mágica de la ultraderecha, esa “prioridad nacional” que pretende convertir los servicios públicos en una ventanilla de exclusión. No la dijo. Usó la palabra “prioridad” seis veces, pero nunca la pegó a “nacional”. Tampoco ligó inmigración e inseguridad, como sí esperaba la extrema derecha. Y, claro, Vox le dio el portazo antes incluso de que terminara el espectáculo: anunció su “no” 40 minutos antes del final del discurso.
Pero no conviene comprar el relato. Moreno no se ha levantado contra la ultraderecha. Moreno la necesita. Moreno la llama. Moreno la espera. Tan sencillo como incómodo. Mientras hablaba de valores sólidos y de no cambiar su estilo, su consejero Antonio Sanz y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, seguían intentando recomponer las negociaciones a puerta cerrada. La escena es casi perfecta: en público, pose institucional; en privado, calculadora y cesiones. La moderación convertida en decorado.
El discurso tampoco fue precisamente una ruptura con la derecha dura. Moreno pronunció solo tres veces el nombre de Vox, pero dijo “Estado” siete veces y “Gobierno central” doce. La diana estaba clara: Pedro Sánchez, las izquierdas, el enemigo habitual. A las fuerzas progresistas les reprochó no haber intentado recabar apoyos, aunque él sabía perfectamente que su investidura dependía de otra mesa. No de una mesa democrática amplia. De una negociación con quienes quieren degradar derechos sociales, perseguir a las personas migrantes y maquillar el racismo con lenguaje administrativo.
Y ahí está la trampa. Moreno pide “generosidad” y “sentido de Estado” mientras acepta que la gobernabilidad de Andalucía se decida bajo chantaje ultra. Habla de presupuestos, de estabilidad, de industria, de turismo, de empleo, de agua, de vivienda y de sanidad pública. Todo suena razonable hasta que aparece la letra pequeña: para gobernar necesita que Vox le permita gobernar. El PP puede envolverlo como quiera, pero la aritmética tiene menos propaganda que un mitin.
EL PP YA HA NORMALIZADO EL RACISMO CON PAPEL OFICIAL
Lo de Andalucía no cae del cielo. Es parte de una cadena. En Extremadura, María Guardiola firmó el pacto con Vox el 17 de abril y fue proclamada presidenta cinco días después, tras cuatro meses de bloqueo. En Aragón, Jorge Azcón rubricó el acuerdo el 22 de abril y fue elegido el 28 de abril. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco cerró el pacto el 3 de junio y fue refrendado el 10 de junio. No hablamos de una anomalía. Hablamos de un método.
Guardiola ya había abierto el camino el 18 de abril, metiéndose de lleno en inmigración para contentar a la ultraderecha sin decir exactamente lo que la ultraderecha quería oír. La fórmula es vieja: no se culpa directamente a la persona migrante, se culpa a la “gestión” del Gobierno central, se habla de “modelo roto” y se desliza que hay gente de fuera recibiendo demasiado. Luego llega la parte técnica, la “unidad de verificación del fraude prestacional y del padrón”. Suena burocrático. Huele a señalamiento. Cuando el racismo necesita traje, se lo compra en una consejería.
Azcón fue todavía más explícito. En Aragón defendió que el pacto con Vox estaba “inspirado” en el principio de prioridad nacional y lo tradujo en arraigo “real, duradero y verificable”. Tres minutos bastaron. Tres minutos para introducir una idea profundamente reaccionaria: que los derechos deben pasar por un filtro de pertenencia, de utilidad, de sospecha. Y lo peor es que el PP sonríe porque cree haber encontrado el truco legal: no decir nacionalidad, decir arraigo; no decir exclusión, decir baremos; no decir discriminación, decir vinculación efectiva con el territorio.
Mañueco hizo su propia versión en Castilla y León. Habló de legalidad, de Constitución, de Estatuto, de servicios públicos esenciales y de no retroceder en derechos consolidados. También dijo que una inmigración legal y ordenada es fuente de progreso. Muy amable. Muy humanista. Muy de folleto. Pero el pacto estaba ahí. Vox estaba ahí. Y cuando una fuerza política firma con quienes quieren expulsar a personas irregulares de derechos básicos, no basta con recitar palabras templadas en una tribuna. Las y los trabajadores migrantes no viven de metáforas institucionales. Las familias no pagan el alquiler con moderación. Las niñas y niños migrantes no comen declaraciones equilibradas.
Moreno intenta ahora venderse como excepción. Como si Andalucía fuera un laboratorio de derecha amable. Como si no hubiera esperado 12 días tras el 17M para levantar el teléfono a Vox, según le reprochó Manuel Gavira. Como si no necesitara esos 15 diputados. Como si el dilema real fuera bloqueo o responsabilidad, cuando el dilema es bastante más sucio: derechos o sillones, igualdad o presupuesto pactado con racistas, servicios públicos o jerarquías de ciudadanía.
Vox quiere homogeneizar a todos los barones del PP y presentarlos como políticos del sistema. El PP quiere parecer limpio mientras firma, acepta o negocia la agenda ultra. Y en medio queda Andalucía, convertida en escenario de una representación demasiado conocida: las élites conservadoras hablando de estabilidad mientras entregan trozos de democracia a cambio de seguir mandando.
No es moderación. Es dependencia. No es responsabilidad. Es obediencia con sonrisa. No es la vía andaluza. Es el mismo camino de siempre hacia la derecha más oscura, pero con las luces del Parlamento encendidas.
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