El PP agita el fantasma del pucherazo contra los nietos del exilio 

La derecha convierte la memoria democrática en sospecha electoral justo cuando teme que voten quienes nunca le molestaron cuando el voto exterior le beneficiaba.

LA CONSPIRACIÓN COMO PROGRAMA POLÍTICO

Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes 29 de junio “ingeniería electoral” a la llamada ley de nietos. Conviene traducirlo: el Partido Popular ha decidido presentar como maniobra oscura una vía de nacionalización incluida en la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de personas exiliadas durante el franquismo y otros periodos históricos. No hay pruebas de pucherazo. No hay una trama acreditada. No hay una manipulación demostrada. Hay, otra vez, una derecha fabricando sospecha sobre el voto cuando teme que las urnas no le pertenezcan.

La acusación no nace sola. Vox abrió el camino y el PP se colocó al lado sin demasiados remilgos. Feijóo lanzó la idea en el programa de Federico Jiménez Losantos: Pedro Sánchez estaría buscando “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. Viejo truco. Si votan los míos, democracia. Si pueden votar otros, ingeniería. El sufragio deja de ser un derecho y pasa a ser una amenaza cuando no se puede controlar políticamente.

Borja Sémper intentó rebajar el incendio, pero acabó echándole gasolina con voz suave. Habló de “potencialmente 2,5 millones” de “nuevos españoles” y admitió que eso “tiene un impacto electoral, en el censo”. Dijo que al PP le “preocupa” y le “importa”, aunque sostuvo que no prejuzgan qué papeleta elegirán esas personas. Claro. No prejuzgan, solo las colocan bajo sospecha antes de votar. No acusan, solo insinúan. No demuestran, solo advierten que “todo es posible” porque no se fían “de los procedimientos”.

Ese es el nivel. La política convertida en una fábrica de niebla. Feijóo prometió reformar esta vía de nacionalización para exigir “requisitos adicionales” antes de dar un pasaporte a alguien que “nunca ha venido a España”. Una frase fea. Muy fea. Porque reduce la historia del exilio, la emigración, las familias rotas y la memoria arrebatada a un trámite sospechoso. Cuando la memoria entra en el censo, la derecha la trata como fraude.

El problema es que Feijóo no siempre habló así. Hace 20 años, cuando hacía política en Galicia, lamentaba que los nietos de gallegos emigrados tuvieran que reclamar expresamente su deseo de mantener la nacionalidad española. Aquello le parecía digno “del lejano Oeste”. En 2017, ya como presidente de la Xunta, decía lo contrario de lo que ahora sugiere: “Los derechos de los emigrantes son los nuestros”. También les decía: “Sois tan gallegos como el que más y os merecéis que Galicia no os deje solos”.

La diferencia no es jurídica. Es electoral. En Galicia, ese voto exterior importaba. Y mucho. En las autonómicas de 2024, ganadas por Alfonso Rueda, los descendientes de personas emigradas con nacionalidad española convertían a Galicia en la comunidad con mayor voto en el extranjero, casi un 20% del total. En Ourense, alcanzaba el 30% del censo. Y el PP ha sido históricamente uno de los grandes beneficiados por el voto CERA. Entonces no había ingeniería. Entonces era vínculo, identidad, tierra, Galicia universal. Ahora, cuando la memoria democrática abre la puerta a otras personas descendientes de exiliadas y exiliados, aparece la palabra mágica: pucherazo.

EL VOTO EXTERIOR SOLO MOLESTA CUANDO NO LO CONTROLA EL PP

No es la primera vez que el PP utiliza el censo como campo de batalla conspirativo. En enero, Feijóo acusó al Gobierno de querer “incrementar el censo de los españoles” con la ley de nietos en “más de dos millones de personas” y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000. Otra vez el mismo mecanismo: convertir derechos en amenaza, convertir personas en cálculo, convertir ciudadanía en sospecha.

La hipocresía es bastante obscena. El PP regularizó a más de medio millón de personas durante la etapa de José María Aznar. Con Mariano Rajoy aprobó la ley para conceder la nacionalidad a sefardíes originarios de España. Entonces, María del Carmen Dueñas hablaba de “reparación histórica”. Bonito concepto. Reparación. Pero parece que solo sirve cuando no incomoda al relato nacionalista de conveniencia. Para unas memorias hay reparación; para otras, sospecha.

Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes que más ha agitado la conspiración del pucherazo, también sabe perfectamente lo que significa beneficiarse del voto exterior. En 2023, los sufragios de residentes en el extranjero dieron al PP de Madrid el último escaño en disputa. Fue el único diputado que se movió por el voto exterior. Ni más ni menos. Cuando ese voto le entregó un escaño a Ayuso, no hubo alarma democrática. No hubo ruedas de prensa hablando de embajadas, consulados y provincias asignadas. Hubo silencio. Un silencio muy práctico.

Ayuso afirmó este lunes 29 de junio que “asignar provincias de manera arbitraria a través de embajadas y consulados jugando con la ley de nietos es ilegal”. La denuncia encaja con la estrategia general del PP: sugerir que, si las personas nacionalizadas no eligen provincia, será la administración quien lo decida por ellas de forma interesada. Pero sugerir no es probar. Y en democracia, aunque a la derecha se le olvide cada vez más a menudo, las acusaciones se sostienen con hechos, no con intuiciones de tertulia.

El PP, además, no es precisamente ajeno al trabajo orgánico sobre voto exterior. Tiene estructura para ello. Antonio Rodríguez Miranda es coordinador de Acción Exterior del PP desde que Feijóo llegó a Madrid. Antes, desde 2012, ocupó un cargo similar en el PP gallego bajo el mismo jefe. Y cobra sueldo público de la Xunta como secretario xeral de Emigración. En Madrid, el cargo lo ocupaba Alma Ezcurra, hoy dirigente nacional. Según elDiario.es, la web oficial del PP de Ayuso seguía manteniéndola en ese puesto pese a su ascenso, y el partido no respondió sobre quién lo ocupa ahora.

Los datos desmontan el ruido. En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. Participó apenas el 10,04% del censo: 233.688 papeletas. Ese voto solo movió un escaño, precisamente a favor de Ayuso. El procedimiento extraordinario de la Ley de Memoria Democrática se cerró en octubre de 2025, así que ya no se admiten más peticiones. A 30 de abril, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. Las aprobadas eran 557.709. Casi 320.000 personas ya estaban anotadas en el Registro Civil por esta vía, según fuentes del Gobierno citadas por elDiario.es.

También hay más de medio millón de hijos y nietos de españoles atrapados en un limbo administrativo por la nacionalidad. “Es un auténtico colapso”, denunciaban las personas afectadas. Pero al PP no le interesa hablar del colapso humano, de las esperas, de las familias que llevan años intentando cerrar una herida histórica. Le interesa hablar de pucherazo. Le interesa sembrar miedo. Le interesa poner bajo sospecha a quienes podrían convertirse en ciudadanía plena.

El truco es viejo, pero no por eso menos peligroso. Primero se cuestiona el origen del voto. Luego se cuestiona el procedimiento. Después se cuestiona el resultado. Y, al final, se cuestiona la democracia entera si no gana quien se cree dueño natural del país. No están defendiendo las urnas: están preparando la coartada para no aceptar lo que salga de ellas.