Tres décadas de traslados, omisiones y encubrimientos en una Iglesia que aún prefiere mirar hacia otro lado.
EL LABERINTO DEL PODER ECLESIÁSTICO EN GETAFE
La denuncia por pederastia contra Rafael Zornoza, actual obispo de Cádiz, no es un hecho aislado. Es la grieta más visible de un sistema de impunidad que la diócesis de Getafe ha sostenido durante más de treinta años. Tres casos más —silenciados, documentados y nunca juzgados públicamente— dibujan un patrón repetido: traslado del agresor, desatención a las víctimas y encubrimiento institucional.
Zornoza no solo formó parte de la jerarquía que permitió ese ciclo. Fue su pieza central. En los años noventa, mientras ejercía como rector del seminario de Getafe y hombre de confianza del primer obispo, Francisco José Pérez, ya se le situaba cerca de varios sacerdotes acusados de abusos. El mismo círculo, la misma lógica del silencio.
La propia diócesis ha admitido ahora que “la ausencia de protocolos y directrices hizo que en algunos casos antiguos no siempre se gestionasen adecuadamente y con celeridad las denuncias”. Una frase burocrática para una tragedia humana.
Porque los números hablan solos: seis casos de pederastia confirmados en Getafe, según la base de datos de El País y la lista interna de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Seis infancias destruidas, seis historias de horror administradas con la frialdad del papeleo canónico.
En 2017, una mujer denunció a tres sacerdotes —dos de Comunión y Liberación— por abusar de hasta once víctimas. Fueron expulsados del estado clerical, pero sin proceso judicial. Otro sacerdote, José Poveda, llegó recomendado desde Italia pese a haber violado a once niños en Roma. Getafe lo acogió y le dio parroquia. Cuando su historial se hizo público, se le retiró a una residencia de ancianos, sin denuncia, sin castigo, sin reparación.
Y hubo más. En 2010, un cura fue acusado de agredir sexualmente a tres menores de 14 años. No se informó a la justicia civil. Se le expulsó discretamente, pero el obispo le siguió pagando el sueldo hasta su muerte. Esa es la medida de la compasión institucional: el abusador con paga, la víctima con trauma.
LAS VÍCTIMAS Y EL MANTO DE ZORNOZA
El caso del sacerdote José María Carrascosa condensa toda la podredumbre del sistema. Durante 14 años fue movido de parroquia en parroquia —Rozas de Puerto Real, Cerro de los Ángeles, Valdemoro— a medida que se acumulaban las denuncias. Su superior era el obispo Pérez, y su sombra, Rafael Zornoza, entonces rector del seminario. Un cura que fue denunciado en 1994, 2005 y 2008, pero que siguió oficiando misas hasta su expulsión en 2011. El silencio fue su salvoconducto.
Ese mismo año Zornoza fue nombrado obispo de Cádiz. La Iglesia premió al gestor de la omertá.
Otro sacerdote, Alberto Arrastia Cebrián, abusó de menores entre 2001 y 2004 en Móstoles. Dos víctimas —Jorge y Rafael Arrabé— denunciaron los hechos veinte años después. Jorge intentó contárselo a Zornoza en un viaje a Italia. El entonces rector del seminario le cortó con un “bueno, bueno, después hablamos”. Nunca lo hizo.
El abuso continuó, y la víctima terminó en terapia, con secuelas que arrastra aún hoy.
Rafael Arrabé, por su parte, relató en detalle cómo Arrastia le drogó y trató de masturbarlo mientras dormía. Su obispo, Joaquín María López de Andújar, lo sabía desde 2009 y no hizo nada. Años más tarde, Arrabé le envió un burofax al sucesor de Zornoza, el actual obispo Ginés García Beltrán, denunciando el “flagrante encubrimiento” de toda la diócesis.
Su carta es demoledora: “Podría citar nombres de sacerdotes que eran conscientes de esto, por no nombrar a Mons. Rafael Zornoza”.
García Beltrán respondió pidiendo perdón “por el sufrimiento”, pero negó haber tenido conocimiento. Abrió una investigación, tomó declaración a las víctimas y cerró el caso meses después, asegurando que no había más pruebas. El Vaticano ni siquiera fue informado. Se les invitó a pedir una indemnización al plan PRIVA, el mecanismo interno de reparación de la CEE.
Dinero a cambio de silencio. Misericordia tarifada.
El tercer caso sigue el mismo guion. El sacerdote J. A. F. fue denunciado en 2021 por abusar de un menor entre 1989 y 1992. La diócesis tardó más de un año en abrir investigación y otros dos en concluir que “parece verosímil que los hechos hayan ocurrido”. Pese a ello, el castigo se redujo a una “amonestación formal”. Hoy el cura sigue ejerciendo en la diócesis de Orihuela-Alicante, bajo la protección del obispo José Ignacio Munilla.
La víctima, tras cuatro años de silencio administrativo, terminó aceptando una indemnización y pidió que comunicaran su perdón al agresor. “Soy católico y no quiero perjudicar a la Iglesia”, dijo. La frase duele. Porque la fe de las víctimas sigue siendo más firme que la conciencia de sus pastores.
La diócesis de Getafe fue el vivero de poder de Rafael Zornoza, el laboratorio del encubrimiento eclesiástico contemporáneo en España. Allí se ensayó la estrategia del traslado, del perdón interesado y de la “falta de protocolos” como excusa. Hoy las víctimas sobreviven, los curas fallecen sin rendir cuentas y los obispos ascienden.
El silencio sigue siendo la liturgia más sagrada de la jerarquía.
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