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La imputación de Belén Gualda y otras 24 personas abre una grieta en el relato oficial de la pulcritud administrativa: dinero público, empresas rescatadas y favores bajo sospecha.
LA TRAMA QUE OLÍA A PODER, CONTRATOS Y DINERO PÚBLICO
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a 25 nuevas personas en el llamado caso Leire Díez. Y el dato no es menor. Entre ellas figura María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, una pieza central en el engranaje público que gestiona participaciones empresariales del Estado. La decisión llega después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
La fotografía es fea. Muy fea. Porque lo que se investiga no es una anécdota administrativa ni un error de papeleo. La causa apunta, según Anticorrupción, a una dinámica continuada de intermediación ilícita en contratación pública, con una red que habría buscado influir en resoluciones administrativas, procedimientos de contratación y ayudas financieras. En castellano claro: usar las puertas del Estado como pasillo privado para negocios, favores y réditos económicos.
Los nombres que aparecen en el centro de la investigación son conocidos: Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; el empresario Antxon Alonso; Leire Díez, exmilitante socialista; y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Según la Fiscalía, habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos. Y no solos. Para que una maquinaria así funcione, hacen falta contactos, silencios, llamadas, reuniones y gente dispuesta a mirar el interés público como si fuera una alfombra que se levanta para esconder polvo.
Anticorrupción sitúa las pesquisas en torno a cinco operativas vinculadas a Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias SL —participado por Sepides—, Tubos Reunidos y Forestalia. El grupo investigado habría actuado de forma coordinada mediante reuniones presenciales, llamadas y mensajería segura, con “vocación de permanencia” y con el objetivo de obtener un rédito económico de origen ilícito. No hablamos de una chapuza aislada. Hablamos, presuntamente, de método.
El caso más explosivo es el rescate de Tubos Reunidos, aprobado en 2021 y cifrado en 115 millones de euros. Según la Fiscalía, durante la investigación se detectaron pagos de la acerera a Mediaciones Martínez SL, sociedad vinculada a la trama, por 114.950 euros. La UCO localizó después 21 facturas relacionadas con esos trabajos, con un importe total facturado de 127.050 euros, de los que se habrían abonado 114.959 euros. Las cifras bailan poco. Lo suficiente para que el hedor sea bastante preciso.
La operación de apoyo financiero fue aprobada por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas el 13 de julio de 2021 y autorizada por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021. Antes, el 15 de junio de 2021, Miguel Ángel Figueroa Teva habría informado a Vicente Fernández de que Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, se oponía a la operación por razones ecológicas. Ahí, según el relato fiscal, la trama abrió la vía política con el PNV a través de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Cuando el dinero público encuentra una resistencia técnica, aparece la fontanería. Vieja escuela.
EL RESCATE DE TUBOS REUNIDOS Y LA DEFENSA DEL GOBIERNO
La Fiscalía sostiene que los mensajes intervenidos permiten conocer que la organización trabajó a favor del rescate de Tubos Reunidos. En esas comunicaciones se hablaba de informes favorables de unidades de la SEPI, asesores externos y el Ministerio de Industria, así como del compromiso de Belén Gualda con Francisco Irazusta, entonces CEO de Tubos Reunidos, para que la solicitud fuese aprobada en una fecha determinada. Pedraz también ha imputado a Irazusta al entender que las conversaciones muestran que la trama facilitó información relevante por cauces ajenos a los oficiales.
Tras la aprobación del rescate, los mensajes entre los principales investigados apuntarían, según Anticorrupción, a que la concesión se habría producido gracias a sus relaciones personales con autoridades públicas. Más tarde, Vicente Fernández e Irazusta hablaron de concretar una contratación recurrente con Servinabar, empresa de Alonso, como “agradecimiento” por las gestiones. En noviembre de 2021, documentos intervenidos recogen una reunión con Irazusta y Jesús Pérez Rodríguez Urrutia en la que se cerró la colaboración: 5.000 euros mensuales a Mediaciones Martínez por supuestos trabajos de prospección de mercado.
La lista de nuevas personas imputadas es larga y políticamente delicada. Están Belén Gualda González; Miguel Ángel Santiago Mesa; Rosario Martín Manzanedo; Miguel Ángel Figueroa Teva; Julián Mateos Aparicio Prieto; Fernando Albert Aragón; María de la Concepción Ortiz Fuerte; José Ramón Sempere Vera; María Teresa Castillo Pasalodos; José Vicente Berlanga Arona; Rosario Arévalo Sandez; Francisco Javier López Buciega; Juan Antonio Carrillo Donaire; Francisco Irazusta Rodríguez; Carlos López de las Heras; Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; Félix Azcona Lacarra; Juan Ignacio Fernández-Micheltorena; Antonio José Sánchez Campos; Marcos López Domingo; Fernando Samper Rivas; Roberto Pérez Águeda; Eduardo Pérez Águeda; Carmelo Aznárez Pellicer; y Mikel Arrarás Abejón.
El asunto no terminó en 2021. Según el informe, la trama siguió moviéndose después para renegociar condiciones del préstamo, reducir coste de deuda, rebajar intereses o aplazar amortizaciones. En noviembre de 2024, Santos Cerdán habría accedido a reunirse con representantes de Tubos Reunidos en la sede del PSOE en Ferraz. La SEPI terminó dando el visto bueno a que la venta de un inmueble en Sestao no tuviera que destinarse a amortizar el préstamo público. Por esas gestiones, Vicente Fernández habría recibido 40.000 euros de la empresa vasca.
También hay matices relevantes. Fuentes jurídicas recuerdan que en atestados previos de la UCO no se apuntaba a participación de Gualda, que su nombre no aparecía entre las personas denunciadas en el auto de la Audiencia Nacional de diciembre de 2025 y que un informe de Fiscalía de mayo de 2026 recogía que la trama intentó interferir en la elección de la presidencia de la SEPI, sin conseguirlo porque el 3 de marzo de 2021 fue nombrada Gualda. También habrían fracasado en colocar a Leire Díez como jefa de gabinete para “recuperar el control de la SEPI”.
El Gobierno, de momento, descarta cesarla. Defiende la integridad de Gualda, habla de normalidad procesal y sostiene que su imputación servirá para garantizar su derecho de defensa. También invoca la “pulcritud” del expediente de Tubos Reunidos y la honestidad del resto de trabajadores investigados. Como escudo, recuerda que la Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa del fondo FASEE, que el TJUE respaldó en junio de 2024 ese régimen de ayudas y que el Tribunal de Cuentas, en un informe publicado el 27 de septiembre de 2024, concluyó que la SEPI aplicó adecuadamente la normativa.
La presunción de inocencia existe. Debe existir. Pero la responsabilidad política también debería existir, aunque en España se haya convertido en una figura decorativa, como esos ceniceros antiguos que nadie usa pero nadie retira. Cuando el dinero público aparece rodeado de comisionistas, rescates, mensajes intervenidos, reuniones políticas y pagos de decenas de miles de euros, el problema ya no es solo judicial: es democrático. Y si el Estado sirve para rescatar empresas mientras algunos convierten los despachos en ventanillas de favores, entonces no estamos ante una administración pública: estamos ante un cortijo con membrete oficial.
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