La gran estafa de DOGE: cero transparencia y 757.314 muertes estimadas 

La motosierra prometía eficiencia. Lo que deja son cifras cuestionadas, servicios públicos arrasados y una estimación de 757.314 muertes vinculadas a los recortes de USAID.

LA ESTAFA DE LA EFICIENCIA

DOGE nació con épica de empresario iluminado, motosierra en mano y lenguaje de Excel. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que creaba el “Department of Government Efficiency”, una estructura temporal destinada a impulsar durante 18 meses la agenda DOGE y con fecha de caducidad marcada: 4 de julio. Lo vendieron como una revolución contra el despilfarro. Como si el Estado fuese una empresa mal gestionada y la vida de millones de personas una columna incómoda en una hoja de cálculo.

El resultado es menos cinematográfico. El 1 de julio, Federal News Network informó de que la Oficina de Gestión y Presupuesto no tenía planes de elaborar un informe final sobre DOGE. Nada de auditoría completa. Nada de balance serio. Nada de explicar con precisión qué se recortó, cuántas personas trabajadoras federales fueron expulsadas, cuánto dinero se ahorró realmente y qué servicios quedaron dañados. La maquinaria que exigía cuentas a todo el mundo se va sin rendir cuentas a nadie.

La promesa inicial era obscena: Elon Musk llegó a hablar de recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal. Después DOGE presumió de 215.000 millones en ahorros. Pero incluso esa cifra quedó bajo disputa de personas expertas, mientras el propio portal DOGE.gov terminó fuera de línea y la estructura centralizada quedó diluida. Federal News Network recogió que más de 260.000 empleadas y empleados federales salieron del Gobierno el año pasado bajo los esfuerzos impulsados por DOGE, y que algunas agencias han tenido que volver a contratar tras admitir que habían perdido demasiado personal. Ese es el truco. Primero destruyen, luego llaman “corrección técnica” a intentar reparar una parte del destrozo.

Y aquí está el corazón podrido del asunto: cuando la derecha habla de eficiencia casi nunca habla de mejorar la vida de la gente. Habla de despedir. Habla de cerrar programas. Habla de convertir derechos en gastos sospechosos. Habla de reducir el Estado allí donde protege a las personas pobres y mantenerlo intacto allí donde financia guerras, fronteras militarizadas, contratos privados y privilegios fiscales. No es austeridad. Es lucha de clases desde arriba, con PowerPoint y sonrisa de millonario.

El supuesto “dinero ahorrado: 0” del tuit es una simplificación, sí. Pero políticamente señala algo esencial: DOGE no ha demostrado una reducción real, transparente y verificable del déficit a la altura de su propaganda. La Administración presumió, los tecnócratas aplaudieron, los medios amigos vendieron el relato. Luego llegó el cierre y no hubo informe final. Ni siquiera el gesto básico de enseñar las cuentas. Cuando un gobierno arrasa servicios públicos y después es incapaz de enseñar el balance, no estamos ante una reforma. Estamos ante un saqueo presentado como modernización.

LAS MUERTES QUE NO ENTRAN EN EL BALANCE

La parte más brutal no está en Washington. Está lejos de las ruedas de prensa, de los despachos y de los millonarios jugando a ser ministros sin pasar por las urnas. Health Policy Watch recogió el dato de ImpactCounter: 757.314 personas, la mayoría niñas y niños, habrían muerto por los recortes de financiación, según una modelización que mide el impacto de los recortes de USAID con herramientas sofisticadas. La cifra equivale a 88 muertes cada hora. Hay que decirlo con rigor: no es un recuento oficial de cadáveres certificados uno por uno. Es una estimación. Pero una estimación basada en algo muy real: programas que se cortan, tratamientos que se interrumpen, clínicas que cierran, vacunas que no llegan.

El mismo análisis señala que la pausa de 90 días en programas de VIH en África subsahariana pudo estar vinculada a 159.000 muertes adultas por la suspensión de ayuda de USAID y PEPFAR. También habla de casi un millón de casos adicionales de malaria, más de 700.000 en niñas y niños. No son “externalidades”. No son “costes de transición”. Son vidas concretas trituradas por una ideología que llama derroche a sostener tratamientos y llama libertad a dejar a la gente sin oxígeno, sin antirretrovirales, sin prevención, sin médicos y médicas.

La advertencia científica venía de antes. Un estudio publicado en The Lancet, recogido por Reuters el 1 de julio de 2025, estimó que los programas financiados por USAID evitaron más de 91 millones de muertes en dos décadas, incluidas 30 millones de niñas y niños. Y proyectó que los recortes profundos y el posible desmantelamiento de la agencia podrían causar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030, incluidas 4,5 millones de menores de 5 años. Esto no es una pelea abstracta entre burócratas. Es una decisión política con efectos de pandemia, pero sin virus: solo codicia, fanatismo y propaganda.

Reuters también recordó que Marco Rubio afirmó en marzo que la Administración Trump había cancelado más del 80% de los programas de USAID tras una revisión de seis semanas, dejando alrededor de 1.000 programas bajo administración del Departamento de Estado. Traducido: cortar primero, justificar después. La lógica de siempre. Se dispara contra la red pública y humanitaria, se invoca el “despilfarro”, se oculta el daño bajo palabras limpias.

La crueldad contemporánea ya no necesita gritar. Le basta con una métrica. Una tabla. Una consultora. Un multimillonario diciendo que ha encontrado grasa donde había vacunas. El capitalismo de la motosierra no fracasa cuando mata: fracasa cuando no consigue esconderlo. DOGE se marcha sin demostrar su gran ahorro, pero dejando una lección nítida: cuando las y los ricos juegan a recortar el mundo, quienes pagan la factura son siempre las personas que menos margen tienen para sobrevivir.