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Lo que está haciendo el PP con sus bulos sobre el proceso electoral no es nuevo, ni brillante, ni siquiera original. Está calcado del manual que Donald Trump activó en 2020 en Estados Unidos y que Jair Bolsonaro agitó en 2022 en Brasil: sembrar sospechas antes de que ocurra nada, convertir derechos en amenazas, presentar a quienes votan como material sospechoso y dejar flotando la idea de que solo hay democracia cuando gana la derecha.

Ahora el objetivo es el voto exterior, la llamada “ley de nietos” y el crecimiento del censo de personas españolas residentes fuera. Feijóo no necesita decir “pucherazo” con todas las letras para jugar a eso. Le basta con hablar de “ingeniería electoral”, insinuar que el Gobierno está fabricando votantes y colocar bajo sospecha a cientos de miles de personas que han recuperado la nacionalidad por vías legales. El País señala que el PP ha cuestionado el voto de más de 300.000 nuevos ciudadanos registrados al amparo de la Ley de Memoria Democrática y ha extendido dudas sobre el trabajo de funcionarias, funcionarios y personal diplomático encargado de tramitar peticiones de 2,45 millones de descendientes.

La Agencia Tributaria publicó el 30 de junio su decimotercera lista de grandes morosos con Hacienda. Y, otra vez, el retrato es incómodo. No solo por los nombres famosos. No solo por las cifras. También por la estética. Por esa manera tan española, tan de plató, tan de palco, de confundir el amor al país con llevar la bandera en la muñeca mientras la deuda con lo público queda para otro día. Patriotismo de mercadillo para tapar agujeros fiscales.

El Financial Times ha puesto palabras —y bastante incómodas— a lo que en Madrid se ve desde hace tiempo caminando por sus barrios: la capital se ha convertido en una ciudad de moda, sí, pero también en una máquina de triturar vida cotidiana. El diario británico, fundado en 1888 y con más de dos millones de lectores diarios, ha dedicado un amplio reportaje a la Comunidad de Madrid y a la transformación de una ciudad que ya no se vende solo como capital administrativa, sino como refugio dorado para turistas, inversores, nómadas digitales y fortunas extranjeras.

El enlace al análisis original es este: https://www.ft.com/content/8955cbef-afe8-4c9f-8381-b279c7f4c2c0

La postal es muy bonita, claro. Fachadas luminosas, terrazas llenas, museos, gastronomía, sol, barrios “vibrantes”, ese vocabulario tan de folleto para gente que puede pagar 3.000 euros al mes por vivir donde antes vivía una familia trabajadora. Pero detrás del brillo aparece la pregunta de siempre. La pregunta sucia. ¿Quién gana con este modelo y quién se queda mirando desde fuera?

Porque Madrid crece. Madrid atrae. Madrid se llena de dinero. Pero no todo crecimiento es prosperidad. A veces es simplemente expulsión con camareros sonrientes, copas caras y apartamentos turísticos.

Siempre es igual. Llegan hablando de “gasto político”, de “burocracia”, de “chiringuitos”, de “administración elefantiásica”. Llegan con la motosierra en la boca y la calculadora en el bolsillo. Pero cuando pisan moqueta, la motosierra desaparece. La calculadora, no. La calculadora sirve para otra cosa: para repartir cargos, levantar nuevas direcciones generales, abrir despachos, colocar nombres y convertir la promesa de austeridad en una nómina pública más abultada.

El segundo Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León no ha venido a adelgazar nada. Ha venido a ocupar. El 29 de junio, en un Consejo de Gobierno extraordinario que ni siquiera fue comunicado previamente, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco aprobó una nueva estructura autonómica que rompe su propio techo: por primera vez, los altos cargos superarán el centenar. La derecha que decía venir a desmontar el “gasto político” acaba de construir una administración con al menos 105 personas en la cúpula: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras, once viceconsejerías, diez secretarías generales, 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales.

Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes 29 de junio “ingeniería electoral” a la llamada ley de nietos. Conviene traducirlo: el Partido Popular ha decidido presentar como maniobra oscura una vía de nacionalización incluida en la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de personas exiliadas durante el franquismo y otros periodos históricos. No hay pruebas de pucherazo. No hay una trama acreditada. No hay una manipulación demostrada. Hay, otra vez, una derecha fabricando sospecha sobre el voto cuando teme que las urnas no le pertenezcan.

La acusación no nace sola. Vox abrió el camino y el PP se colocó al lado sin demasiados remilgos. Feijóo lanzó la idea en el programa de Federico Jiménez Losantos: Pedro Sánchez estaría buscando “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. Viejo truco. Si votan los míos, democracia. Si pueden votar otros, ingeniería. El sufragio deja de ser un derecho y pasa a ser una amenaza cuando no se puede controlar políticamente.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, vuelve este 30 de junio al juzgado. No para una escena menor, ni para un trámite decorativo. El empresario está citado como testigo para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que acudieron a las inmediaciones del domicilio que comparte con la presidenta madrileña. Periodistas. No delincuentes. No acosadores. Periodistas investigando un caso de fraude fiscal y la compra de un piso vinculado al empresario.

La pregunta judicial es sencilla y políticamente devastadora: si González Amador pasó esas imágenes a Rodríguez y si después el jefe de gabinete de Ayuso las difundió entre medios junto con el bulo de que los reporteros habían acosado a vecinos de la presidenta, incluso a menores. Así funciona la cloaca elegante del poder: primero se señala, luego se intoxica, después se habla de libertad.

El juicio del caso Kitchen encara su tramo final con una imagen difícil de digerir: la Fiscalía Anticorrupción mantiene intacta su petición de 15 años de cárcel para varios de los principales acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, mientras buena parte del ruido político y mediático mira hacia otro lado. Qué casualidad. La última gran operación de guerra sucia conocida en España, ocurrida hace 13 años, avanza hacia sentencia casi como si fuera una molestia administrativa. Como si utilizar presuntamente recursos del Estado para espiar a Luis Bárcenas y recuperar material sobre la caja B del PP fuera un detalle feo. Un exceso. Una cosa antigua.

No lo es. Es una grieta en el régimen.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes del juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que termine el 30 de julio. La coincidencia temporal ha servido, de hecho, como cortina de humo perfecta. Mientras el presente judicial del Gobierno ocupa horas, tertulias y titulares, el pasado reciente del PP —ese pasado con ministros, policías, fondos reservados y operaciones clandestinas— ha quedado tratado por demasiados altavoces como una historia secundaria. No hay democracia sana cuando la corrupción del adversario es escándalo y la guerra sucia propia es arqueología.