Categoría: DESTACADA

El caso Begoña Gómez se ha convertido ya en una trituradora institucional. Peinado empuja desde un juzgado una causa que cada día parece más atravesada por el ruido político. El Gobierno responde con comunicados, quejas y gestos de trinchera. La derecha agita el expediente como si hubiera encontrado petróleo. Y en medio, otra vez, el Estado se mira a sí mismo. Sus jueces. Sus policías. Sus ministros. Sus sindicatos. Su honor.

Pero la calle queda fuera de plano.

La misma calle que ha visto cargas policiales contra protestas sociales, desahucios, movilizaciones antifascistas, marchas laborales o concentraciones por Palestina. La misma calle donde se reparte autoridad a golpe de defensa extensible. La misma calle a la que luego se le pide confianza institucional, moderación y respeto.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.

La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.

Alberto Núñez Feijóo volvió a El Hormiguero el 18 de junio y dejó una frase que no debería pasar como una simple opinión de plató. Pablo Motos le preguntó si era posible que el PSOE acabara imputado. El líder del PP respondió: “Creo que técnicamente, legalmente, con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado”. Muy posible. Dicho así, con esa solemnidad de opositor eterno, con esa falsa prudencia de quien no afirma pero deja caer.

La cuestión no es menor. La noticia no es solo que Feijóo atacara al Gobierno, algo que hace prácticamente a diario. La noticia es otra: el jefe de la oposición volvió a hablar como si manejara un calendario judicial paralelo. Como si no estuviera opinando desde fuera, sino anticipando desde dentro. Como si el PP tuviera una ventanilla privada donde se mezclan sumarios, filtraciones, deseos políticos y titulares preparados para el consumo de la mañana siguiente.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid un informe que deja en una posición muy delicada a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No hablamos de una anécdota contable, ni de una confusión menor entre papeles, ni de ese ruido administrativo con el que la derecha intenta envolver todo lo que huele a privilegio. Hablamos de compras sin justificación aparente, valoraciones empresariales que suben y bajan como si fueran decorado de cartón, facturaciones de cientos de miles de euros sin estructura visible y una sospecha de fondo: que el dinero utilizado en parte de estas operaciones podría proceder de la comisión de mascarillas cobrada durante la pandemia.

El informe fue entregado el 18 de junio y apunta directamente a una operación muy concreta: la compra del 100% de Círculobelleza por parte de Maxwell Cremona por 499.836,92 euros. Casi medio millón. La cifra importa. Importa porque, según la UCO, en la escritura no aparece una explicación clara de cómo se valoró esa sociedad ni por qué se fijó ese precio. Y más importa todavía cuando la empresa presentaba una facturación reducida y prácticamente no tenía personal contratado.

Una empresa casi sin cuerpo, pero con precio de lujo.

José María Aznar lleva 22 años fuera de La Moncloa, pero se comporta como si aún pudiera dar órdenes desde el atril. No gobierna, pero marca línea. No firma decretos, pero reparte doctrina. Y para eso tiene FAES, esa fábrica de informes conservadores donde el neoliberalismo se disfraza de análisis y la nostalgia de poder se presenta como preocupación por España.

Desde 2024, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ha dedicado decenas de textos a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el PSOE. Lo ha hecho con entusiasmo, con insistencia y con ese tono de superioridad moral tan propio de quienes privatizarían hasta el aire si el BOE les dejara. José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez, Begoña Gómez o David Sánchez han sido convertidos en personajes recurrentes de su literatura política. FAES no analiza: señala. No estudia: condena. No interpreta: dicta sentencia antes de que hablen las y los jueces.

Alberto Núñez Feijóo fue a El Hormiguero el 18 de junio a hacer lo que mejor se le da cuando el terreno está mullido: presentarse como el adulto responsable de una política que, casualmente, siempre tiene la culpa en casa ajena. Pablo Motos le preguntó si, cuando era presidente de la Xunta, le habían regalado algo y se lo había quedado. Feijóo bajó la mirada, destapó el bolígrafo, dibujó una línea sobre el folio y soltó la frase: “Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Xunta es regular eso. En la Xunta nadie puede aceptar un regalo por encima de 90 euros”.

Bonito. Limpio. Televisivo. Falso por omisión.

Feijóo llegó a la Xunta en 2009. El código ético que limitaba los regalos se aprobó en el verano de 2014. Es decir: cinco años después. Cinco años no son un matiz. Son una legislatura larga, una memoria convenientemente borrada y una coartada servida en plató con cara de gestor serio. No fue “lo primero” que hizo. Fue algo que hizo cuando ya olía demasiado a podrido alrededor.

Mohamadou Diawara tenía 22 años, un trastorno mental diagnosticado y una vida que terminó el 24 de julio de 2025 dentro de unas dependencias policiales de Montornès del Vallès, en Barcelona. Murió por un disparo efectuado por un agente de la Policía Local después de entrar en comisaría con un cuchillo. Esa es la versión básica. La que cabe en un titular. La que suele servir para cerrar rápido el cajón cuando la víctima es joven, racializada, pobre o vulnerable.

Pero una muerte en comisaría no se archiva como quien firma una multa. No debería. Porque cuando una persona muere por el uso de fuerza letal a manos de agentes del Estado, lo mínimo exigible no es confianza ciega. Es investigación. Es prueba. Es reconstrucción. Es verdad material. El Estado no puede disparar, perder la grabación clave porque una cámara estaba estropeada y luego pedir fe.