Organizaciones sociales señalan a Indra por engordar con el negocio de la guerra 

La campaña Desarmando Indra llevó el 30 de junio a la Junta General de Accionistas una denuncia incómoda: la empresa crece mientras crecen el rearme, las fronteras militarizadas y el genocidio contra el pueblo palestino.

INDRA, BENEFICIOS Y ARMAS: EL NEGOCIO QUE SIEMPRE ENCUENTRA PRESUPUESTO

El 30 de junio, en la sede de Indra en Alcobendas, Madrid, la Junta General de Accionistas recibió una visita que no iba a aplaudir dividendos ni a celebrar gráficas ascendentes. La campaña Desarmando Indra, respaldada por más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil española, entró en el corazón formal de la empresa para decir lo evidente: Indra está apostando de forma cada vez más decidida por el negocio de la guerra. No por la paz. No por la seguridad humana. No por la innovación puesta al servicio de la vida. Por la guerra. Por las fronteras. Por el rearme.

La intervención, publicada el 3 de julio por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, fue realizada por Judit Vela en representación de la campaña. Detrás estaban organizaciones como Fundación Finanzas Éticas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Alternativa Antimilitarista MOC, WRI-IRG, Ecologistas en Acción y Desarma Madrid, junto a entidades pacifistas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos de todo el Estado. No eran cuatro personas gritando desde fuera. Era una denuncia política, documentada y directa dentro del templo donde se bendice el beneficio.

Y el beneficio, claro, tiene cifras. Indra cerró 2025 con unos ingresos de 5.457 millones de euros, un crecimiento del 13%. Su área de Defensa alcanzó los 1.407 millones de euros, con una subida del 36%, convirtiéndose en uno de los motores centrales de la compañía. La cartera total llegó a 16.083 millones de euros. De esa cantidad, 11.336 millones corresponden a la sección militar, incluyendo 6.790 millones en Programas Especiales de Armamento. Dicho sin maquillaje corporativo: mientras a la ciudadanía se le exige resignación, a la guerra se le abre la caja.

La industria militar nunca vive una crisis. Vive de las crisis de las demás personas. Vive de la tensión internacional, del miedo, del relato de amenaza permanente y de esa frase repetida como catecismo por gobiernos, tertulias y consejos de administración: hay que rearmarse. Siempre hay que rearmarse. Nunca hay dinero suficiente para sanidad, vivienda, dependencia o escuelas climáticamente habitables, pero para radares, sensores, aviones de combate, munición y sistemas militares aparece la chequera con una puntualidad obscena.

El crecimiento militar de Indra se concentra en sistemas de defensa aérea y espacial, vehículos y sistemas terrestres, aviones de combate como el FCAS y el Eurofighter, así como áreas vinculadas a armamento y munición. Ese es el paisaje. No el de una empresa tecnológica neutral, flotando en una nube limpia de innovación abstracta. No. Tecnología con destino, con utilidad, con muertos potenciales al final de la cadena. Porque el dinero y la tecnología no son neutrales. Nunca lo han sido.

ISRAEL, FRONTERAS Y DINERO PÚBLICO: LA SEGURIDAD COMO COARTADA

La campaña también puso el dedo donde más molesta: las conexiones con Israel. En un momento en que nos acercamos a los tres años de genocidio contra el pueblo palestino, hablar de tecnología militar israelí no es un detalle técnico. Es una cuestión política, ética y jurídica. Desarmando Indra denunció la participación de la empresa en el proyecto Ayalon, un sistema de peaje inteligente en la autopista de Tel Aviv que favorece la movilidad israelí mientras restringe la palestina. Una metáfora perfecta, casi demasiado perfecta: tecnología para ordenar quién circula y quién queda encerrado.

También señalaron programas españoles de armamento como el vehículo de combate 8×8 Dragón, que cuenta con al menos 5 componentes procedentes de empresas israelíes. Se supone que esas dependencias están siendo sustituidas dentro del plan de desconexión de tecnología israelí iniciado en 2025. Se supone. Pero la falta de transparencia y la escasa información disponible hacen sospechar que varios grandes programas siguen manteniendo tecnología, participación o vínculos con empresas israelíes o filiales en España y Europa. Y cuando hablamos de genocidio, los “se supone” no bastan. Hacen falta papeles, plazos, nombres y responsabilidades.

La otra gran pata del negocio es el control fronterizo. Ahí Indra también tiene su sitio. Radares, sensores, sistemas de vigilancia, detección e inteligencia artificial aplicada a fronteras y movilidad. Suena limpio, casi administrativo. Pero debajo está el mismo modelo de siempre: convertir la frontera en un laboratorio de exclusión. Convertir a las personas migrantes en amenazas. Convertir el Mediterráneo, las vallas y los pasos fronterizos en espacios donde la tecnología decide quién merece derechos y quién merece ser perseguido.

A esto lo llaman seguridad. Pero muchas veces significa simplemente proteger privilegios con máquinas pagadas por todas y todos. La campaña lo dijo con claridad: ese modelo no responde a criterios de derechos humanos ni a principios humanitarios, sino a una lógica de disuasión y exclusión. Es decir, una arquitectura tecnológica para que el Norte global duerma tranquilo mientras externaliza la violencia.

Hay un dato que debería cerrar cualquier escapatoria: el mayor accionista de Indra es el Estado español, con el 28% de sus acciones. Esto no va solo de accionistas privados mirando balances. Va de dinero público, de responsabilidad pública y de una ciudadanía que puede decir legítimamente que no quiere que su Estado empuje una empresa hacia armas, vigilancia y fronteras militarizadas. No en nuestro nombre. No con nuestro dinero.

Desarmando Indra lanzó tres preguntas al Consejo de Administración. La primera: si un modelo de crecimiento cada vez más dependiente del gasto militar mundial puede considerarse sostenible para las próximas décadas. La segunda: si la apuesta militar puede poner en riesgo la producción civil y futuros contratos con el sector público. La tercera: en qué punto está la desconexión de la industria israelí y si Indra puede considerarse libre de responsabilidades por colaborar con empresas y filiales vinculadas al genocidio en Gaza.

Son preguntas sencillas. Por eso incomodan tanto. Porque obligan a mirar más allá del EBITDA, del contrato adjudicado y del titular sobre innovación española. Obligan a preguntarse qué se está fabricando, para quién, contra quién y con qué consecuencias. Dentro de veinte o treinta años, cuando las trabajadoras y trabajadores, las y los accionistas y la ciudadanía miren hacia atrás, nadie podrá decir que no sabía hacia dónde apuntaban las máquinas.

Indra puede poner su talento al servicio de la protección civil, la prevención de desastres, la adaptación climática, la movilidad sostenible o la soberanía alimentaria; pero ha elegido crecer donde siempre crece el capitalismo más sucio: en el miedo, en las armas y en las fronteras.