El pleno del Parlamento Europeo pide los Estados miembros y a la Comisión Europea de que reconozcan y protejan el derecho a una vivienda digna y asequible.
Artículo original de Eulixe
El pasado 22 de diciembre, tras la tensa investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno ordenaba la paralización de los desahucios mediante un real decreto ley. Sin embargo, los vacíos legales de este decreto hacen que todavía se produzcan desahucios, a pesar de la enorme vulnerabilidad de muchísimas familias debido a la pandemia, la crisis económica y la ola de frío actual.
Es lo que asegura la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, y que se puede corroborar a pie de calle en cualquier gran ciudad del país. Sucedió la semana pasada en Barcelona, y han intentado lo mismo esta mañana en Madrid con una anciana de 77 años a la que se pretendía desalojar de su casa durante 42 años por atrasarse dos meses en el pago del agua y la comunidad.
«Dolores lleva 42 años pagando alquiler todos los meses. Ella tiene una pensión de 650 euros y paga un alquiler de cerca 400 euros, así que hace grandes esfuerzos por pagar ese alquiler, y lo único es que durante dos meses de 2018 no pagó la comunidad ni pagó el agua, que deben ser unos 100 euros. Después abonó esa parte, pero ya era demasiado tarde porque los propietarios ya habían metido la demanda en el juzgado, el desahucio siguió hacia adelante y nos encontramos en la situación que estamos ahora», señala Daniel Vega, miembro de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel.
Esta vez ha habido suerte, y la presión y solidaridad de los vecinos y plataformas antidesahucios han logrado que de momento, Dolores se quede en su casa. Este era el emotivo momento:
«A Dolores no la cobija el real decreto ley porque, según servicios sociales, sí que tiene una alternativa habitacional, pero esa alternativa no es digna, no es justa. Dolores no tiene por qué aceptarla porque es perder una casa de 42 años por irse un mes a un albergue donde compartirá una habitación con 20 personas más. Dolores dijo que no quería irse al albergue porque, además, debía separarse de su nieto de 21 años con el que vive», afirma Vega.
A pesar de los momentos de alegría vividos, los activistas de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel alertan que la amenaza de desahucio contra Dolores todavía está vigente, y que podría reprogramarse en cualquier momento.
La Eurocámara pide mecanismos para controlar el precio del alquiler
El mismo día que España intentaba dejar en la calle a una anciana, el pleno del Parlamento Europeo pedía a los Estados miembros y a la Comisión Europea que reconozcan y protejan el derecho a una vivienda digna y asequible. La resolución insta a adoptar disposiciones legales, «incluidas normativas de alquiler claras», para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas. Entre otras medidas, la Eurocámara avala el uso de mecanismos de control de las rentas como el que prepara España en la nueva Ley estatal de vivienda: «No regular el mercado inmobiliario a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda», recuerdan los eurodiputados a los países, que son los que tienen competencia en materia de vivienda.
La Eurocámara también alerta sobre la creciente mercantilización de la vivienda, un fenómeno «según el cual los inversores tratan la vivienda como un bien negociable y no como un derecho humano». De este modo, piden a los Estados miembros y a las autoridades locales que establezcan medidas serias para «contrarrestar las inversiones especulativas», que adopten políticas que favorezcan inversiones a largo plazo en el mercado de la vivienda y que desarrollen unas políticas de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social.
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