Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El pleno del Parlamento Europeo pide los Estados miembros y a la Comisión Europea de que reconozcan y protejan el derecho a una vivienda digna y asequible.
Artículo original de Eulixe
El pasado 22 de diciembre, tras la tensa investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno ordenaba la paralización de los desahucios mediante un real decreto ley. Sin embargo, los vacíos legales de este decreto hacen que todavía se produzcan desahucios, a pesar de la enorme vulnerabilidad de muchísimas familias debido a la pandemia, la crisis económica y la ola de frío actual.
Es lo que asegura la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, y que se puede corroborar a pie de calle en cualquier gran ciudad del país. Sucedió la semana pasada en Barcelona, y han intentado lo mismo esta mañana en Madrid con una anciana de 77 años a la que se pretendía desalojar de su casa durante 42 años por atrasarse dos meses en el pago del agua y la comunidad.
«Dolores lleva 42 años pagando alquiler todos los meses. Ella tiene una pensión de 650 euros y paga un alquiler de cerca 400 euros, así que hace grandes esfuerzos por pagar ese alquiler, y lo único es que durante dos meses de 2018 no pagó la comunidad ni pagó el agua, que deben ser unos 100 euros. Después abonó esa parte, pero ya era demasiado tarde porque los propietarios ya habían metido la demanda en el juzgado, el desahucio siguió hacia adelante y nos encontramos en la situación que estamos ahora», señala Daniel Vega, miembro de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel.
Esta vez ha habido suerte, y la presión y solidaridad de los vecinos y plataformas antidesahucios han logrado que de momento, Dolores se quede en su casa. Este era el emotivo momento:
«A Dolores no la cobija el real decreto ley porque, según servicios sociales, sí que tiene una alternativa habitacional, pero esa alternativa no es digna, no es justa. Dolores no tiene por qué aceptarla porque es perder una casa de 42 años por irse un mes a un albergue donde compartirá una habitación con 20 personas más. Dolores dijo que no quería irse al albergue porque, además, debía separarse de su nieto de 21 años con el que vive», afirma Vega.
A pesar de los momentos de alegría vividos, los activistas de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel alertan que la amenaza de desahucio contra Dolores todavía está vigente, y que podría reprogramarse en cualquier momento.
La Eurocámara pide mecanismos para controlar el precio del alquiler
El mismo día que España intentaba dejar en la calle a una anciana, el pleno del Parlamento Europeo pedía a los Estados miembros y a la Comisión Europea que reconozcan y protejan el derecho a una vivienda digna y asequible. La resolución insta a adoptar disposiciones legales, «incluidas normativas de alquiler claras», para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas. Entre otras medidas, la Eurocámara avala el uso de mecanismos de control de las rentas como el que prepara España en la nueva Ley estatal de vivienda: «No regular el mercado inmobiliario a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda», recuerdan los eurodiputados a los países, que son los que tienen competencia en materia de vivienda.
La Eurocámara también alerta sobre la creciente mercantilización de la vivienda, un fenómeno «según el cual los inversores tratan la vivienda como un bien negociable y no como un derecho humano». De este modo, piden a los Estados miembros y a las autoridades locales que establezcan medidas serias para «contrarrestar las inversiones especulativas», que adopten políticas que favorezcan inversiones a largo plazo en el mercado de la vivienda y que desarrollen unas políticas de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.