El escándalo fiscal del novio de Ayuso: así intentó que no saliese a la luz cuando ya lo habían pillado 

¿Por qué se permite que maniobras legales para reducir penas estén al alcance de quienes ya han sido atrapados?

EN 3 CLAVES

1. 1,7 millones de euros: El total de dinero que González Amador intentó defraudar entre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
2. 629.408 euros: La cantidad que finalmente tuvo que pagar a Hacienda en 2023 tras intentar declarar unos ingresos falsos para regularizar su situación.
3. 500.000 euros: La multa que González Amador busca pagar para evitar su entrada en prisión.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a estar en el centro de la polémica. Según revelaciones del diario El País (leer artículo), el empresario intentó en septiembre de 2022 una maniobra para corregir su situación fiscal cuando ya estaba en pleno foco de una investigación por fraude. Esta regularización no se presentó como un acto voluntario, sino como un intento desesperado de evitar las consecuencias judiciales de un fraude que suma cerca de 1,7 millones de euros.

El caso plantea una serie de preguntas que reflejan el deterioro de la ética en la política española. ¿Cómo es posible que un ciudadano, presuntamente consciente de haber defraudado al fisco durante años, intente justificarse bajo el argumento de un “error de contabilización”? Y lo que es más grave: ¿por qué se permite que estas maniobras legales para reducir penas estén al alcance de quienes ya han sido atrapados? La respuesta no está únicamente en los pliegues de la legislación, sino en la connivencia que parece existir entre el poder económico y el poder político en nuestro país.

EL FRAUDE QUE NO ES UN “ERROR DE CONTABILIZACIÓN”

González Amador, quien ha admitido haber cometido dos delitos fiscales, presentó en su momento unos gastos inexistentes en su empresa, Maxwell Cremona SL, por valor de casi un millón de euros en 2021 y otro tanto en 2020. La estrategia era simple: inflar los gastos para reducir su base imponible en el Impuesto de Sociedades y, por tanto, pagar menos impuestos. Este tipo de prácticas no solo representan un atentado contra el sistema fiscal, sino que afectan directamente al tejido económico y social del país.

¿Qué es lo más preocupante en todo esto? Que este fraude no fue un error aislado. Tal y como apunta el servicio jurídico de la Agencia Tributaria, la conducta de González Amador fue «consciente, deliberada y claramente dolosa». Su intención, lejos de ser un despiste contable, era defraudar de forma continuada y durante varios ejercicios fiscales. No obstante, cuando se dio cuenta de que estaba siendo investigado, intentó de manera torpe y tardía rectificar la situación mediante una regularización que ya no era viable.

Es importante destacar que, según la ley, no se puede realizar una regularización voluntaria una vez que el contribuyente ha sido notificado de una investigación por parte de Hacienda. La tentativa del empresario por enmendar su situación llegó tarde, demasiado tarde. Para entonces, la maquinaria fiscal ya había puesto en marcha la investigación y los indicios de fraude eran más que claros. Sin embargo, González Amador no solo intentó este movimiento legal, sino que también ha buscado llegar a acuerdos con la Fiscalía para evitar la cárcel y reducir su condena a ocho meses.

LA PROTECCIÓN DEL PODER POLÍTICO Y SU RELACIÓN CON EL PODER ECONÓMICO

Lo que eleva este caso de un simple fraude fiscal a una cuestión de interés público es la relación de González Amador con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, lejos de mostrarse crítica con la conducta de su pareja, ha salido en su defensa, calificando la investigación de la Agencia Tributaria como una “inspección salvaje”. Este tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino que demuestran una peligrosa cercanía entre el poder político y los defraudadores fiscales.

Ayuso no ha dudado en utilizar su plataforma política para intentar desacreditar a Hacienda y alabar a su pareja, llegando a asegurar que la Agencia Tributaria «le debe dinero». Esta actitud plantea serios interrogantes sobre la ética de los líderes políticos que, en lugar de defender los intereses de la ciudadanía, parecen más preocupados por proteger a sus allegados y justificar conductas inaceptables.

Es imperativo recordar que cada euro que se defrauda al Estado es un euro que deja de destinarse a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a la protección social. Y, en este contexto, resulta indignante que quienes se presentan como defensores de la ciudadanía permitan que sus cercanos burlen la ley sin consecuencias reales. No es solo una cuestión de legalidad, es una cuestión de justicia social.

Mientras tanto, millones de ciudadanos y ciudadanas cumplen con sus obligaciones fiscales cada año, soportando una carga impositiva que a menudo resulta desproporcionada. La evasión fiscal no es un simple delito económico, es una traición al conjunto de la sociedad. En lugar de minimizar su responsabilidad, figuras públicas como Ayuso deberían ser las primeras en exigir justicia y transparencia.

EL COSTE DE LA IMPUNIDAD

Lo que este caso pone en evidencia es algo que muchos y muchas ya sospechan: en España existe una clase privilegiada que parece jugar con reglas diferentes a las del resto de la ciudadanía. Cuando se trata de evasión fiscal, aquellos con los recursos suficientes para contratar a los mejores abogados y asesores fiscales no solo pueden evitar la cárcel, sino que incluso consiguen devolver parte del dinero defraudado sin asumir penas significativas. Mientras tanto, pequeños empresarios, autónomos y trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena viven bajo el constante escrutinio de Hacienda, sabiendo que cualquier error, por pequeño que sea, puede costarles mucho más de lo que jamás podrían imaginar.

Al final, el verdadero problema no es solo el fraude en sí, sino la sensación de impunidad que se deriva de estos casos. González Amador, al igual que tantas y tantos otros, confía en que una buena defensa legal le permitirá salir indemne o, en el peor de los casos, con una multa que ni siquiera se acerca al daño real que ha causado a las arcas públicas. Y mientras tanto, la brecha entre quienes pueden permitirse defraudar y quienes no deja de crecer.