Denuncias de terapias de conversión en colegios concertados valencianos 

Estas prácticas recuerdan a los peores momentos de la represión franquista, cuando la homosexualidad era considerada una enfermedad y las personas LGTBI eran perseguidas.

EN 3 CLAVES

1. Décadas de abuso encubierto: Federico M.V. trabajó más de 30 años en el colegio Madre Josefa Campos sin que se tomaran medidas hasta que las denuncias salieron a la luz.
2. Vinculación con entidades religiosas extremistas: tanto Federico M.V. como Oscar García Mulet forman parte de asociaciones vinculadas a movimientos católicos integristas.
3. Implicación institucional: el Arzobispado de València y figuras como el obispo Munilla no solo han ignorado el problema, sino que lo han avalado, defendiendo públicamente las terapias de conversión.

El pasado mes de julio, cinco exalumnos del colegio concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs destaparon una realidad aterradora: habrían sido sometidos a “terapias de conversión” por un docente que les ofreció pastillas para «curar» su homosexualidad. Este hecho, tal y como informa el diario Levante-EMV, destapó una trama oculta durante años en varios centros educativos de la Comunidad Valenciana, donde decenas de estudiantes denuncian haber sufrido abusos psicológicos con el pretexto de “guiarles” hacia la “normalidad” heterosexual.

La fiscalía ha abierto una investigación, pero el silencio institucional que ha imperado en estos casos es ensordecedor. En un estado que se precia de proteger la libertad individual y la diversidad sexual, estos actos representan un retroceso peligroso, y lo que es peor, se realizan en centros sostenidos con dinero público. ¿Cómo es posible que, a estas alturas, las y los menores continúen siendo expuestos a prácticas que no solo son ilegales, sino que atentan contra su dignidad y libertad personal?

EL SILENCIO DE LAS INSTITUCIONES Y LA IGLESIA

Los hechos no son un caso aislado. Las denuncias apuntan a un patrón sistemático de represión de la diversidad sexual, auspiciado por figuras de poder con una clara vinculación a movimientos religiosos integristas. Tal y como recoge El Salto, la misma Iglesia, que debería estar del lado de la protección de la infancia, ha permitido que personajes como el profesor Federico M.V. continúen su labor “educativa” durante más de tres décadas. El colegio concertado Madre Josefa Campos, tras apartar al docente, alega desconocimiento de estas prácticas, una respuesta que, a estas alturas, resulta insultante para las víctimas.

¿Cómo puede un centro escolar ignorar lo que ocurre en sus aulas durante más de treinta años? La falta de supervisión y la connivencia de ciertas instituciones es lo que ha permitido que estas terapias de conversión se mantuvieran en la sombra durante tanto tiempo. Pero no es solo este colegio. El Santiago Apóstol de Marxalenes es otro de los centros donde también se han denunciado prácticas homófobas, dirigidas por otro docente, Oscar García Mulet, quien además defiende públicamente el acoso escolar a las y los niños que no responden a los roles tradicionales de género.

Es evidente que la Iglesia no solo ha fallado en su misión de proteger a las personas más vulnerables, sino que ha sido cómplice en la legitimación de estas prácticas atroces. No es casualidad que figuras como el obispo de Orihuela-Alicante, Jose Ignacio Munilla, no solo defendieran estas «terapias», sino que escribieran el prólogo de un libro que justifica y normaliza el acoso escolar hacia menores LGTBI. Estas prácticas recuerdan a los peores momentos de la represión franquista, cuando la homosexualidad era considerada una enfermedad y las personas LGTBI eran perseguidas.

LA COMPLICIDAD POLÍTICA Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

El problema no se limita únicamente a las entidades religiosas. La clase política y las administraciones públicas tampoco han estado a la altura. El Gobierno de la Comunidad Valenciana, encabezado por Carlos Mazón, ha optado por el silencio. Las declaraciones de la Conselleria de Educación son tibias y llegan demasiado tarde. Mientras tanto, los docentes acusados siguen ligados a asociaciones vinculadas a la extrema derecha católica, como Hazte Oír y El Yunque, organizaciones que han infiltrado sus doctrinas en colegios concertados.

El diputado de Compromís, Francesc Roig, ha denunciado públicamente que nos enfrentamos a una trama que no solo vulnera la libertad sexual de las personas menores, sino que además pervierte el sistema educativo financiado con dinero público. Esta complicidad entre políticos, docentes y religiosos es inaceptable en un estado de derecho que, en teoría, protege la diversidad y los derechos de las personas LGTBI.

La magnitud del problema es evidente. No estamos hablando de casos aislados, sino de un entramado que conecta a varias instituciones religiosas, asociaciones integristas y figuras políticas de extrema derecha, todas trabajando en conjunto para perpetuar un sistema de represión y control sobre las y los menores que no se ajustan a su concepción ultraconservadora de la vida.

Las denuncias recogidas en la web ciudadana impulsada por Compromís (noestemmalaltes.com) ya suman decenas de casos que revelan el alcance de estas prácticas en otros centros educativos. Es imperativo que se depuren responsabilidades, que se investigue hasta el último rincón de estas organizaciones y que se pongan fin a las torturas psicológicas que están sufriendo tantas y tantos jóvenes.

El silencio ya no es una opción. Es hora de que la administración actúe con contundencia y que el sistema educativo garantice un espacio seguro para todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Porque cada día que se permite que estas prácticas continúen, se está legitimando la homofobia, el acoso y la discriminación en nuestros colegios.

El caso de Federico M.V. y Oscar García Mulet es solo la punta del iceberg. La sociedad debe reaccionar. No podemos permitir que en pleno siglo XXI, los colegios se conviertan en lugares donde se perpetúan prácticas de odio y represión. Esto es una cuestión de derechos humanos.