«Teresa no es niñera, fue diputada y hay pruebas diarias de su labor de asesora», denuncia la magistrada
El juez de Instrucción número 46 de Madrid ha incoado diligencias para investigar «por el presunto delito de administración desleal» a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la ex diputada de Podemos Teresa Arévalo.
Según explica El Mundo, el juez José María Escribano abre esta investigación para determinar si esta última hizo labores de niñera con cargo al erario público o a los fondos del partido de los hijos de Montero y Pablo Iglesias.
El juez José María Escribano cita a Arévalo como investigada el próximo 14 de julio al tiempo que libra un oficio a la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados para que le notifiquen la resolución a Montero.
El magistrado tomó esta decisión a una semana de las elecciones en la Comunidad Madrid —el auto está fechado el pasado 27 de abril— y sin tener competencia para ello, pues Montero es aforada y solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo.
Declaraciones de Rosell
La magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria (Vicky) Rosell, ha publicado en sus redes sociales la incongruencia que significa esta investigación.
Lo explica en tres puntos:
- El juez no puede “abrir Diligencias contra Irene Montero”.
- Teresa no es niñera, fue diputada y hay pruebas diarias de su labor de asesora.
- Me autoInculpo: en 23 años trabajando muchas horas con sueldo público he ayudado a compañeras con hijas e hijos.
La magistrada relata que durante su carrera ha dejado a sus hijas «en brazos de funcionarias y policías en el juzgado de guardia», que se ha «sacado leche entre juicios» y que en el Juzgado «hemos cuidado a niñas y niños y pintado en folios oficiales con rotuladores de propiedad pública».
Rosell llega a calificar la situación de «una malversación feminista de libro» y señala que «ya está bien». Para finalizar su exposición, en tono de humor, la magistrada incluyó un dibujo de un menor en un papel del Juzgado, añadiendo el comentario: «Hallada una prueba documental de malversación de caudales públicos. En papel de oficio».
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