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La expropiación masiva de viviendas en Berlín, iniciativa que se había ido desinflando desde la celebración de las elecciones, el pasado 26 de septiembre, cobra ahora nuevo impulso.
En Alemania el responsable de relanzar la expropiación de viviendas es el Partido Socialdemócrata (SPD), que votó a favor de legislar las expropiaciones «lo más rápidamente posible».
«Berlín está siendo observado muy de cerca en toda Alemania e internacionalmente, por lo que debemos enviar el mensaje correcto: el derecho a la propiedad está aquí garantizado y estamos trabajando juntos para resolver los problemas de la ciudad». Aludía a su proyecto ‘Alianza por la vivienda’, basada en la cooperación entre grandes propietarios y administración y advirtiendo que «es lo contrario de lo que significa expropiación», declaraba Franziska Giffey.
De este modo se facilita el trabajo de la comisión encargada de redactar el proyecto, que fue votado en referéndum el pasado 26 de septiembre con un 56,4% de las papeletas y que contempla la expropiación de 240.000 viviendas.
Para llevar esto a cabo el Parlamento alemán apunta a la inmobiliaria Deutsche Wohnen, propietaria de unos 113.000 pisos en la ciudad, además de otras empresas como Vonobia y el Grupo Pears.
Las expropiaciones representan la nueva batalla de la izquierda berlinesa, después de que el Tribunal Constitucional tumbase el anterior proyecto de tope a los alquileres, que causó una reducción del parque de vivienda en alquiler en la capital alemana de más del 40%.
Este ha representado un giro radical del Partido Socialdemócrata, ya que Giffey se posicionó durante la campaña electoral en contra de expropiar o socializar más de 240.000 inmuebles, tal y como propone la iniciativa ciudadana, “no es el camino correcto para solucionar la cuestión de la vivienda asequible”.
No obstante, subrayó, hay que hacer una “evaluación muy, muy importante” acerca de la “legitimidad, la constitucionalidad y la viabilidad económica”, así como de “las consecuencias para la ciudad-estado de Berlín”.
Y con esta consideración, agregó, habrá que decidir al final “qué se puede hacer realmente” y cómo hay que proceder con este “llamamiento dirigido a la política”, ya que lo que no se ha hecho en esta consulta es votar sobre un proyecto de ley, recordó.
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